Grupo tiene el mandato de analizar el comportamiento de las empresas extractivas del país en materia de respeto a derechos humanos.
20 de julio, 2017.- Una misión internacional de Naciones unidas para observar temas de industrias extractivas y derechos humanos, llegó al país la semana del 10 de julio. La misión tiene el mandato de analizar el comportamiento de las empresas extractivas del país en materia de respeto a derechos humanos y cumplimiento de los Principios Rectores de la ONU en esta materia.
La misión no solo se está reuniendo con organizaciones de sociedad civil, empresas y autoridades del más alto nivel en Lima, sino que se desplazó hasta los lugares donde existen más quejas y denuncias acerca de violaciones de derechos fundamentales. Por ello día jueves 13 de julio llegaron hasta Cajamarca donde se reunieron con autoridades, organizaciones, líderes, la propia empresa Yanacocha, y un conjunto de afectados de diversos sectores.
Dentro de estos afectados estuvieron presentes comunidades como La Pajuela, única comunidad que queda en medio de las operaciones mineras y que carece del acceso al agua; San José que están con sus aguas contaminadas luego de un fracasado cierre de minas; o Quilish- La Ramada con el mismo problema de presencia de metales pesados en su fuentes de agua.
La presencia de los deudos de fallecidos en conflictos sociales como los de Conga, dialogaron también con esta misión como víctimas de la represión y la violencia generada por estas actividades extractivas, los cuales no han obtenido ni reparación ni justicia.
De otro lado varios líderes denunciados y perseguidos producto de su postura cuestionadora a las empresas, también estuvieron presentes evidenciando claramente la política de criminalización de la protesta social en contextos de presencia de extractivas. Muchos de ellos demostraron como el Estado y las empresas los hostigan instaurándoles procesos judiciales que en algunos casos llegan a superar las 60 denuncias por persona.
Sin duda lo que más impresionó a la misión fue ver una gran cantidad de ex trabajadores contaminados con metales pesados, muchos de ellos ya en condición de discapacidad, que pese a las pruebas que ostentan como los análisis médicos, no han sido atendidos ni reparados por la empresa minera.
También en dicha reunión la presencia de Máxima Acuña y su familia llamó la atención de esta misión, ya que la empresa minera Yanacocha con quien se encuentran en disputa, les habría comunicado oficialmente que estarían en diálogo y negociación con esta familia, hecho que fue desmentido rotundamente por los Chaupe Acuña, quienes por el contrario relataron los actos de hostigamiento que aún continúan, pese a un juicio ganado.
Se espera que esta misión emita un Informe en las próximas semanas para determinar si el Estado y las empresas están cumpliendo o no con las normas de carácter internacional de respeto a derechos fundamentales. De probarse que existen vulneraciones, el Estado se vería seriamente comprometido en un incumplimiento de convenios y normas internacionales obligatorias, lo cual podría acarrear responsabilidades.
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