Comunidades kichwas de Loreto adoptaron esta decisión ante el incumplimiento de los acuerdos del Acta de Consulta Previa del Lote 192, firmado hace seis meses con el Estado.
Servindi, 16 de marzo, 2022.- Comunidades kichwas del Lote 192, en Loreto, advirtieron que no permitirán más producción petrolera en este lote hasta que el Estado peruano cumpla con los acuerdos que asumió hace seis meses.
Exigen el cumplimiento de los acuerdos del Acta de Consulta Previa del Lote 192, que incluye acciones para enfrentar los constantes derrames y el abandono en salud de la población.
Además del fin de la criminalización de sus líderes, ya que este 16 de marzo inicia un juicio “irregular y abusivo” contra 18 defensores kichwas para quienes piden hasta 31 años de cárcel.
Acuerdos incumplidos
La decisión de no permitir más producción en el lote 192 fue adoptada por las comunidades kichwas durante una reunión el 4 y 5 de marzo en la comunidad Doce de Octubre (Loreto).
Esta medida responde al malestar generalizado de la población en un contexto de paralización de las operaciones del lote y donde no hay mayor señal de la presencia del Estado.
Las comunidades, representadas por la Organización del Pueblo Indígena Kichwa Amazónico de la Frontera Perú Ecuador (OPIKAFPE), están cansadas de los constantes derrames que se registran pese al cese de operaciones.
Solo en la cuenca del Tigre, se reportaron 5 derrames desde abril de 2021, cifra que se eleva a 26 si se cuentan los derrames ocurridos en las cuencas del Pastaza y Corrientes.
La contaminación continúa siendo una amenaza cotidiana para las comunidades y sus territorios. Foto: Puinamudt
Esta situación “ha sido denunciada por las organizaciones indígenas desde hace años y entra en el marco de lo que exige los acuerdos de Consulta Previa”, señala OPIFAKPE.
Sin embargo, no se ha hecho nada al respecto, mientras la salud de la población se agrava a la espera de la construcción de un establecimiento de salud I-3, otro de los acuerdos incumplidos.
Los kichwa tampoco olvidan el compromiso de Daniel Hokama, gerente general de Perupetro, que prometió el mantenimiento de una carretera importante en la zona y hoy se encuentra abandonada.
La condición de la carretera impide el acceso a las escuelas, la atención de emergencias médicas y la conexión con comunidades céntricas de otros pueblos como José Olaya y Nuevo Andoas.
Primer tramo de la carretera. Metros más allá ya es inaccesible. Foto: Puinamudt
Fin de la criminalización
A estas exigencias, se suma otra que abordaron los kichwas durante la asamblea que tuvieron a inicios de marzo: el proceso judicial en curso contra 18 de sus comuneros.
El proceso inició en 2008 con la denuncia de la exoperadora del Lote 192, Pluspetrol Norte, contra los indígenas que se movilizaron por incumplimientos de convenios sociales suscritos con esta empresa.
Posteriormente, el Ministerio Público acusó a los indígenas de extorsión agravada, secuestro agravado, robo agravado y tenencia ilegal de armas y municiones.
Estas imputaciones son rechazadas por los indígenas kichwas que las consideran “irregulares y abusivas” y una estrategia clara de “criminalización de la protesta indígena”.
Como parte del proceso, se ha solicitado hasta 31 años de pena privativa de la libertad para los indígenas, quienes además deberían pagar una reparación civil de 500 mil soles.
El juicio contra los 18 comuneros kichwas que determinará finalmente si van a prisión inicia este 16 de marzo. Del Estado depende frenar esta situación a tiempo para evitar un nuevo conflicto de gran escala.
Los 18 implicados ya se encuentran en Iquitos para afrontar el proceso y demostrar su inocencia. Foto: Puinamudt
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