Por Mariela Jara
IPS, 17 de diciembre, 2018.- Entidades públicas de Perú han fortalecido desde 2017 sus prácticas ecoeficientes con la aplicación coordinada de diversas medidas y el desarrollo de una cultura de gestión ambiental, para avanzar así en el uso adecuado de los recursos del Estado.
Ese conjunto de prácticas permitió ahorrar más de 19 millones de dólares en dos años, declaró Roxana Díaz, asesora en Gestión de Ecoeficiencia del Ministerio del Ambiente (Minam) y encargada de un programa especial con ese fin.
Mediante la Iniciativa Instituciones Públicas Ecoeficientes (EcoIP), desde 2017 el Minam brindó ya a 41 entidades estatales apoyo en el tema, con la asesoría del Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI, en inglés) y con el objetivo de mejorar la sinergia entre lo ambiental y lo económico en el desarrollo de sus actividades.
“Es una iniciativa muy interesante considerando que uno de cada 10 trabajadores son servidores públicos en Perú y que el Estado es de los mayores consumidores de recursos naturales. Se están visibilizando prácticas estatales a corregir y a miles de personas involucradas en este esfuerzo por mejorar su desempeño”: Aaron Drayer.
El objetivo del proyecto EcoIP es otorgar asesoría a las instituciones públicas mediante la creación de capacidades a los gestores de ecoeficiencia de cada institución, a fin de que puedan emprender prácticas orientadas a un mejor uso del agua, energía, papel, combustible y residuos sólidos, explicó Díaz a IPS.
“La Iniciativa EcoIP parte de un diagnóstico que se hizo en el 2015 y que reveló oportunidades para la aplicación óptima de la normativa peruana para la ecoeficiencia”, indicó Aaron Drayer, el representante en el país del GGGI, una institución intergubermental creada en 2012 para impulsar el crecimiento verde en el mundo.
Es entonces que el GGGI se involucró para contribuir con el cumplimiento de la meta 57 de la Agenda de Competividad 2014-2018 del Ministerio de Economía y Finanzas, cuya meta es que 30 por ciento de las instituciones públicas cuenten paulatinamente con programas de ecoeficiencia y reduzcan su consumo de energía y agua.
“Es una iniciativa muy interesante considerando que uno de cada 10 trabajadores son servidores públicos en Perú y que el Estado es de los mayores consumidores de recursos naturales. Se están visibilizando prácticas estatales a corregir y a miles de personas involucradas en este esfuerzo por mejorar su desempeño”, remarcó Drayer a IPS.
Perú cuenta con un grupo de Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público, destinadas a una mejor gestión ambiental del Estado para impulsar un desarrollo sostenible en el país, que se plasman en el Decreto Supremo 009 de 2009 del Minam.
La ecoeficiencia define desde los años 90 el buen uso de los recursos con fines ecológicos, mediante su eficaz aprovechamiento en los procesos y actividades de organizaciones tanto públicas como privadas, con miras a un desarrollo sostenible y con base en un cambio de actitud en sus miembros.
Con esa visión, el programa modelo implementado por el Minam con la colaboración del GGGI buscó fortalecer la institucionalidad existente, dotar de competencias a los servidores públicos para sostener el nuevo proceso y una cultura para el uso eficiente del agua, energía y papel, y la gestión de los residuos sólidos.
“Mi balance del proceso es positivo, hemos construido un programa replicable y formado capacidades, logrando que el 50 por ciento de las instituciones públicas involucradas consigan la meta de ser reconocidas como entidades ecoeficientes”, afirmó Díaz.
Paola Córdova (primera a la izquierda), oficial de Crecimiento Verde del GGGI en Perú, durante el cierre de la fase piloto de la Iniciativa Instituciones Públicas Ecoeficientes, en que 41 organizaciones del Estado recibieron su reconocimiento como instituciones ecoeficientes por el Ministerio del Ambiente de Perú, en noviembre 2018. Crédito: Minam
Además caracterizó a una institución pública ecoeficiente como aquella que brinda un servicio público de calidad al ciudadano usando eficientemente sus recursos, reduciendo sus impactos ambientales y manteniendo las condiciones adecuadas para el personal.
Es la entidad que logra un equilibrio entre su gestión ambiental y la rentabilidad económica de la institución, puntualiza.
Paola Córdova, oficial de Crecimiento Verde del GGGI en Perú, acompañó la implementación inicial de la Iniciativa junto con el equipo del Minam, cuando se identificaron las necesidades esenciales del proyecto, como el involucramiento de la alta dirección, la asignación de personal, presupuesto y tiempo.
En los dos años en que EcoIP funcionó como modelo o proyecto piloto, asesorado por el GGGI, se recogieron frutos, entre ellos, el desarrollo de capacidades en servidores públicos de diferentes sectores, como ministerios, universidades y entidades autónomas, explicó.
Además, este año la EcoIP se extendió al gobierno del departamento de San Martín, en el centro del país, iniciando la fase de descentralización de la Iniciativa, que continuará el próximo año hacia otras zonas del interior, ahora que será un programa estable dentro del Minam.
“Como GGGI hemos contribuido a la sistematización de esta experiencia y a identificar las lecciones aprendidas, que son insumos para que el Minam continúe replicando el modelo de entidades públicas ecoeficientes”, manifestó Córdova a IPS.
Para Díaz, del Minam, la medición realizada confirma que la metodología aplicada es replicable y por tanto un factor que permite superar el desafío de la alta rotación en el servicio público y potenciar su alcance, gracias al modelo establecido con las primeras 41 entidades públicas incluidas, de las más de 2.000 existentes en el país.
La funcionaria detalló que se estandarizaron metodologías de cálculo del uso de recursos que ofrecen datos confiables y validados, a partir de los cuales se reporta anualmente el consumo a manera de línea de base.
Carlos Llanos, responsable de la Oficina de Gestión Ambiental de la pública Universidad Nacional Agraria La Molina, en las afueras de la capital de Perú, e integrantes de su equipo muestran creaciones navideñas realizadas con material reciclado. Crédito: Mariela Jara/IPS
El nuevo sistema permite identificar medidas para corregir prácticas inadecuadas, y así apoyar el cumplimiento de las contribuciones nacionales determinadas por el Estado peruano dentro del Acuerdo de París sobre cambio climático. El país se comprometió a reducir en al menos 20 por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.
“El Estado ha ahorrado 66 millones de soles (más 19 millones de dólares) desde la implementación de la metodología, lo que podríamos transformar a cantidades de CO2 (dióxido de carbono) que se dejaron de emitir, porque es energía eléctrica que se dejó de consumir, así como agua y papel principalmente”, precisó.
Para la funcionaria de Minam, es muy importante que con esta metodología también se enseña a calcular la rentabilidad económica de las medidas.
Un ejemplo exitoso
Una de las experiencias exitosas es la protagonizada por la pública Universidad Nacional Agraria La Molina situada sobre 6.000 hectáreas a unos 18 kilómetros del centro de la capital.
Bajo el impulso de su Oficina de Gestión Ambiental (OGA) y su equipo técnico, se ha promovido la cultura ambiental, la ecoeficiencia, la fiscalización y manejo de residuos sólidos entre docentes, estudiantes y trabajadores administrativos del centro educativo.
Han instalado 32 puntos ecoeficientes, es decir, tachos de segregación para que las personas depositen los residuos en forma adecuada, además de 10 estaciones en los que personal administrativo coloca cartones, residuos generales, plástico y vidrio.
“Fue necesario sensibilizar a la comunidad educativa para su uso adecuado, al igual que sobre sustitución de papel por medios digitales y reducción del consumo de agua y energía eléctrica”, refirió a IPS el ingeniero ambiental Carlos Llanos, quien dirige la OGA.
El equipo expresa su satisfacción porque las diversas acciones emprendidas como visitas, carteles señalizadores y concursos, entre otras, han involucrado a 20 por ciento de las dependencias del campus, dentro de su objetivo de promover el desarrollo sostenible en el recinto.
Una de las ganadoras del concurso interno “Oficina Sostenible” es la Unidad de Innovación Educativa, a cargo de la docente Elva Ríos y conformada por las psicólogas Silvia Morales y Karen Goycochea. Ellas llevan la ecoficiencia en las venas.
“Somos molineros, somos puntuales y ecoficientes” es el lema que identifica a la Unidad y que les acompaña en todas su actividades. “Capacitamos a docentes para que sean mejores profesores, pero en ese trabajo nuestra perspectiva ambiental está presente”, expresó Morales a IPS.
La asesoría de la OGA ha contribuido a que reduzcan el consumo de papel, energía, agua y al mejor anejo de los residuos.
“Aquí desenchufamos las máquinas cuando no las usamos, apagamos los focos y aprovechamos la luz natural para lo cual hemos despejado la zona de ventanas, hemos colocado botellas con arena al interior de los inodoros y apenas gotea un caño llamamos a Servicios Generales, y tenemos tachos separadores”, agregó Morales.
Karen Goycochea recuerda que hace cinco meses, cuando ingresó a la Unidad, como parte de su inducción le recalcaron las acciones ecoeficientes a mantener en la oficina y en la universidad. “Para mí fue muy alentador porque siempre he estado comprometida con la gestión ambiental”, dijo a IPS.
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Edición; Estrella Gutiérrez
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Quienes pueden ser gestores
Quienes pueden ser gestores de ecoeficiencia, hay una base legal para designar a los gestores.
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