El informe de la Defensoría del Pueblo reveló que actualmente, entre activos y latentes, existen 212 conflictos sociales. La mayoría de ellos, el 67.9 por ciento, tienen lugar por razones socioambientales.
Por José Carlos Díaz Zanelli
Servindi, 13 de marzo, 2017.- Luego de algunos meses de silencio en materia de conflictividad, la Defensoría del Pueblo emitió el informe nacional sobre el desarrollo de conflictos sociales en el país. El dato más escandaloso, sin duda alguna, es la existencia de 212 escenarios de disputa.
Según las estadísticas difundidas por la Defensoría del Pueblos el 67.9 por ciento de estos conflictos, es decir 144, son por causas socio ambientales. Esta entidad asegura haber enviado un parte de alerta a las autoridades regionales y provinciales comprometidas en estas disputas. El caso más conocido en la actualidad es el conflicto en torno del proyecto minero Las Bambas, donde aún se mantiene vigente una declaración de emergencia.
Sin embargo, en lo correspondiente al mes de febrero del 2017 han surgido cinco nuevos escenarios de disputa por motivos socio ambientales. Estos son los relacionados a la comunidad campesina de Llámac (Áncash), la comunidad nativa Meantari y el centro poblado Naranjal (Junín), la comunidad campesina San Martín de Sechura (Piura) y uno en la ciudad de Juliaca (Puno).
El Estado como interlocutor
En el detalle de la información entregada por la Defensoría del Pueblo se precisa que 155 conflictos se encuentran en calidad de activos, mientras que solo 88 de ellos se encuentran atravesando un proceso de diálogo.
En esa misma línea, el Gobierno Central se encuentra involucrado como interlocutor en 137 conflictos a nivel nacional. Las regiones más comprometidas son Ancash y Apurímac, en cada una de ellas tienen lugar actualmente 26 casos de conflictividad.
Por último, los casos en los que la Defensoría del Pueblo ha solicitado que se actúe con prontitud son Las Bambas, donde se desarrolla una disputa socio ambiental y el pleito entre las regiones de Puno y Moquegua por su demarcación territorial.
Solo Tumbes y el Callao figuran como regiones sin conflictos en el informe de la Defensoría, mientras que Lima Metropolitana cuenta con tres casos.
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