Las comunidades y rondas de Cajamarca y de las demás regiones del Perú están atentas a lo que pueda pasar frente a este claro atropello contra los derechos humanos.
Servindi, 13 de enero, 219.- César Estrada Chuquilín es un periodista y comunicador indígena cuyo único delito fue defender los derechos ancestrales de las comunidades indígenas de Cajamarca contra el proyecto Conga.
Los jueces de Primera como de Segunda Instancia lo condenaron sin pruebas, criminalizando su condición de rondero.
Frente a esos dos fallos injustos, Estrada Chuquilin presentó un recurso de casación pero le fue denegado, por lo que se vio en la obligación de recurrir en queja ante la Corte Suprema que el lunes 14 de enero evaluará si procede su pedido.
Los jueces que conforman la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema está conformada por Víctor Prado Saldarriaga (Presidente), Elvia Barrios Alvarado; Manuel Quintanilla Chacón; Susana Castañeda Otsu e Iris Pacheco Huancas.
El caso de César Estrada Chuquilín constituye un caso emblemático, no solo porque representa una clara discriminación y criminalización de la persona por su condición de rondero, sino porque se trata de una clara violación a la libertad de prensa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar a favor del periodista rondero exigiendo al Estado peruano que garantice su vida, su seguridad personal y su salud.
Estrada Chuquilín demostró a la CIDH que se encontraba postrado por los duros golpes que sufrió como consecuencia de su trabajo periodístico en defensa de los derechos ancestrales de las comunidades indígenas.
La farsajudicial que lo condena se inició el 11 de julio de 2013 cuando acudió en comisión de servicios a la localidad de Pampa Verde en Jadibamba como funcionario de la Municipalidad de Huasmin.
Tenía que realizar con algunos ingenieros algunos trabajos topográficos de delimitación de tierras. Hacía ya muchos meses que había dejado de pertenecer a la dirigencia de los ronderos de Valle Laguna.
Cuando arribó al lugar de los hechos los comuneros de Jadibamba habían detenido una camioneta en la que se desplazaba por el lugar la señora Rosalía Huamán Marchena en compañía de tres personas más.
Eso fue suficiente para implicarlo, procesarlo y torturarlo primero por el delito de secuestro; y posteriormente por el delito de extorsión.
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— Servindi (@Servindi) 17 de diciembre de 2018
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