Victoria Tauli-Corpuz, relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos de Pueblos Indígenas se comprometió a pedir mayor claridad al Estado peruano respecto a los avances en los casos. De otro lado, representante del Minjus también presente en reunión anunció la implementación de más puntos de denuncia a nivel nacional.
Por Patricia Saavedra
Servindi, 12 de junio, 2017.- Los testimonios de mujeres esterilizadas y que esperan justicia hace casi 20 años fueron escuchados por la Relatora Especial sobre Derechos de Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz.
“Cuántas mujeres en el Perú han muerto sin denunciar”, lamentó Dionisia Calderón ante la representante de Naciones Unidas y frente un auditorio absorto con la crudeza de su testimonio.
Dionisia, mujer andina ayacuchana y quechua hablante, es una de las 270 mil víctimas que se estima, fueron afectadas por esta política estatal practicada entre los años 1996 y 2000, durante el gobierno de Alberto Fujimori.
Tanto ella, como Luisa Pinedo Rango, mujer amazónica de Ucayali revelaron la experiencia que atravesaron, desde su captación, la intervención y sobre todo, las consecuencias con las que deben lidiar hasta el día de hoy.
"Como mujeres campesinas que somos necesitamos justicia", exclamó Dionisia Calderón, quien es además doblemente víctima. En los ochentas, durante la época de la violencia política su esposo resultó desaparecido.
Estos testimonios fueron presentados en el conversatorio: “Esterilizaciones forzadas: mujeres indígenas en búsqueda de verdad, justicia y reparación”, espacio al que además de Tauli-Corpuz, contó la presencia de una representante del Ministerio de Justicia (Minjus) y actores de la sociedad civil.
La ruta hacia la denuncia
Sandra Enríquez, Titular del Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO) señaló que hasta la fecha se han registrado 89 denuncias que están siguiendo un proceso.
Pese a que es una cantidad reducida (actualmente son 5933 registros), reveló que se viene trabajando en el establecimiento de criterios para plantear las denuncias de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto al consentimiento informado.
Así, de acuerdo a Enríquez, refirió que la Corte IDH señala que el consentimiento informado no puede ser considerado como tal si este ha sido errado, es decir, si no ha sido con una información completa o no se ha dado en el idioma en el que se comunica la persona.
De otro lado, indicó que seguirán implementándose más registros a nivel nacional, con prioridad en 10 direcciones distritales ubicadas en Ucayali, Junín, Huánuco, Trujillo, entre otras.
Crimen de lesa humanidad
"Lo que sucedió en el Perú fue un crimen de lesa humanidad y es como debe ser denunciado por la defensa pública del Congreso", expresó Maria Ysabel Cedano, representante del Grupo de Seguimiento a las Reparaciones a Víctimas de Esterilizaciones Forzadas.
En ese sentido, indicó que "es importante reconocer que puede haber concurrencia de crímenes". Cedano —también activista por los derechos humanos— indicó que fue la sociedad civil y los movimientos feministas de mujeres fueron quienes realizaron las primeras investigaciones y reportes respecto a los casos.
"Lo que se violó y vulneró fue el consentimiento pleno, libre, informado y previo de las mujeres, en su mayoría indígenas, amazónicas, andinas, quechua hablantes en situación de pobreza”, remarcó.
Igualmente recordó que estos casos han sufrido archivamientos en 2009, 2014 y en 2016.
Compromiso de Victoria Tauli-Corpuz
Tras la exposición, la Relatora se comprometió a interceder y dirigirse al gobierno del Perú para pedir mayor claridad respecto a lo que se está realizando, haciendo llegar estas demandas de reparación y justicia al Estado peruano.
Sin embargo, solicitó que previamente se le facilite documentación que le permita sustentar este pedido.
Tanto las mujeres afectadas como la congresista Tania Pariona —también presente en el evento— reiteraron la demanda hacia Tauli-Corpuz.
El espacio fue impulsado por la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicos (ONAMIAP), con el apoyo Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), realizado este 9 de junio.
Comentarios
Ese sujeto bufalo del
Ese sujeto bufalo del fujimorismo que se llama aguinaga y que fue ministro de salud debe ser juzgado por las esterilizaciones forzadas, que se consideran delitos de leza humanidad , que fueron mandados por los bancos internacionales que daban el dinero para los programas sociales y obedecidos por el presidente de entonces, fujimori. Junto con aguinaga deben ser juzgados todos los medicos ,enfermeras (os) que participaron, les ofrecian 200 ,o 300 soles, alimentos,programas sociales y muchas mentiras .Estos criminales deben ser juzgados. El juicio esta demorando mucho. En la China un juicio de Pena de Muerte demora 72 horas en nuestro Peru un juicio simple , tarda 15 o 20 años. JUSTICIA .............
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