HRW: decretos de estados de emergencia propician posibles abusos

Organización señaló que medidas de emergencia dictadas por el gobierno son “peligrosas y desproporcionadas”, por lo que invocó al gobierno a revocarlas.

Servindi, 12 de abril, 2022.- El presidente Pedro Castillo debe revocar los decretos de estados de emergencia, pues la suspensión de derechos fundamentales constituye una medida desproporcionada que propicia posibles abusos.

Así lo indicó la organización Human Rights Watch (HRW) que recordó que, desde febrero de este año, ya son cuatro los decretos dictados por el gobierno donde se suspenden estos derechos en las provincias de Lima y Callao.

“Suspender derechos fundamentales y desplegar a soldados para lidiar con un paro y con la criminalidad son medidas peligrosas y sumamente desproporcionadas”, indicó Tamara Taraciuk, directora de la División de las Américas de la organización.

Emergencia injustificada

Mediante un comunicado emitido el lunes 11 de abril, HRW señaló que estos decretos de emergencia emitidos por el Ejecutivo deben de contar con una debida justificación.

La última de estas medidas fue decretada el 7 de abril e indica que el estado de emergencia se prolonga por 30 días en la red vial nacional, que se extiende en más de 27 mil kilómetros.

Antes de este decreto, que responde a la “problemática” generada por el paro de transportistas en diferentes regiones, ya se han emitido otras tres medidas similares en Lima y Callao.

Bajo el argumento de combatir la delincuencia y mantener el orden interno, el 2 de febrero, el gobierno declaró el estado de emergencia en estas mismas provincias.

Esta medida que permitía el despliegue de Fuerzas Armadas en apoyo a la policía, que también permite detenciones y allanamientos, fue prolongada por 45 días a partir del 20 de marzo.

Tras ello, en medio del paro de transportistas y en respuesta a supuestos reportes de la inminencia de actos vandálicos, al decreto se le agregó el inciso que dispuso la inmovilización social obligatoria para el 5 de abril.

“Los decretos no explican la 'problemática' que se supone abordan, ni por qué son necesarias medidas tan extremas para combatir la criminalidad o para responder a protestas”, señala HRW.

“Brindan una limitada o nula justificación para las medidas de emergencia y, en lugar de eso, citan informes policiales secretos”, agrega.

Necesidad de investigar

Como recordó HRW, el 28 de marzo comenzó el paro de transportistas y el bloqueo de carreteras, en protesta por el aumento de precios del combustible y la inflación.

Desde la fecha, al menos cinco personas han muerto, entre ellas un menor de 13 años, quien se ahogó mientras huía de la policía en medio del paro en Huancayo, como indicó su familia a La República.

Teniendo en cuenta que hay acusaciones que señalan la responsabilidad de la policía en más de uno de estos casos, HRW indica que “la fiscalía debe realizar investigaciones exhaustivas, independientes y sin demoras en todos estos casos”.

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