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Un año después, asesinato de Arbildo Meléndez sigue impune

Asesinato del apu Arbildo Meléndez continúa impune por obra y gracia de las autoridades. Foto: Aidesep.

El líder indígena fue asesinado el 12 de abril 2020, mientras luchaba por la titulación de las 22 mil hectáreas pertenecientes a su comunidad Unipacuyacu, en Huánuco.

Por Renzo Anselmo

Servindi, 12 de abril, 2021.- A un año del asesinato del apu Arbildo Meléndez, perpetrado el 12 de abril de 2020, el crimen continúa impune y sin ningún responsable sancionado.

Así lo recuerda la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) que responsabiliza por esta impunidad a la fiscalía a cargo del caso.

Asimismo, advierte que aún hay varios dirigentes y defensores indígenas amenazados por narcotraficantes e invasores de tierras, entre los que se encuentra la propia esposa de Arbildo Meléndez, Zulema Guevara.

Por todo ello, la ORAU reiteró su pedido para que el asesinato de Meléndez y de otros líderes no queden impune, y se proteja adecuadamente a los dirigentes y defensores amenazados.

Crimen impune

Arbildo Meléndez Grandez fue asesinado el 12 de abril de 2020 en su comunidad Unipacuyacu, ubicada en el distrito de Codo del Pozuzo, provincia de Puerto Inca, en la región Huánuco.

Ese día Meléndez había salido por la mañana en busca de provisiones, pero horas después fue hallado muerto en medio del bosque con un disparo en el cuerpo.

El apu venía luchando incansablemente por la titulación de las 22 mil hectáreas pertenecientes a su comunidad Unipacuyacu.

Sin embargo, ello le había generado disputas con invasores que lo habían amenazado de muerte en más de una ocasión.

Meléndez se convirtió así en el primer defensor ambiental asesinado en medio de la pandemia por la COVID-19. Hoy suman 9 los defensores ambientales asesinados solo desde marzo de 2020.

A pesar de que hoy se cumple un año de este crimen, el asesinato de Arbildo Meléndez continúa impune por obra y gracia de las autoridades, según informó la ORAU.

Esta organización denunció que el líder indígena fue asesinado por Abel Ibarra Córdova, quien luego confesó haber sido el autor material del asesinato.

No obstante, señalan que nunca se emitió una orden de detención contra Ibarra y hasta hoy se desconocen a los autores intelectuales.

Esto, “por falta de investigación de parte de la fiscalía a cargo del caso”, según refiere la ORAU.

Por otro lado, advierten que las autoridades pretenderían aceptar la hipótesis del homicidio culposo, la misma que contradice los resultados de la necropsia.

Allí se halló que el disparo fue realizado a menos de 100 metros de distancia, por lo que debería quedar descartada la posibilidad de un disparo accidental o involuntario.

Desde el apu Arbildo Meléndez (izq.) hasta la lideresa Estela Casanto (der.): nueve defensores ambientales asesinados en el último año.

Defensores siguen amenazados

Al crimen impune de Arbildo Meléndez, se suma el hecho de que aún varios dirigentes y defensores indígenas continúan amenazados por narcotraficantes e invasores de tierras.

En esta lista figura la propia esposa de Meléndez, Zulema Guevara, quien se encuentra registrada por el Ministerio de Justicia como defensora de derechos humanos en situación de riesgo.

Guevara ha sufrido amenazas verbales y un atentado directo contra su vida y la de su hijo de 8 años, mientras viajaban en bote para hacer seguimiento al caso de su esposo.

En su lucha por obtener justicia para su esposo, Guevara ha solicitado formalmente que se remueva al fiscal y la jueza del caso, a quienes acusa de estar coludidos con narcotraficantes.

En línea con esta lucha, la ORAU pidió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que les preste la debida atención y seguimiento legal a los casos de líderes asesinados.

Asimismo, como responsable de la política de protección de defensores, esperan que la institución muestre un avance en cuanto a la protección de los defensores amenazados.

“Es hora de actuar. Es hora de poner fin a la corrupción por el bien de nuestras comunidades indígenas, la protección de la vida y del medio ambiente”, señaló la ORAU.

En su pronunciamiento, la organización no dejó de llamar la atención sobre el problema de fondo: el otorgamiento de títulos de propiedad de manera irregular sobre territorios indígenas.

En ese sentido, indicaron que el apoyo internacional para erradicar el cultivo de coca, que atrae a más invasores, ha tenido un efecto contrario al esperado porque se ejecutó sin participación de los pueblos indígenas.

Es por ello que consideraron que este día “es una oportunidad para apoyar a aquellos involucrados en la lucha contra la tala ilegal y el narcotráfico”.

Y “para mejorar la comprensión de la situación que viven nuestros hermanos en la selva central, como un problema vigente y que no ha tenido ningún apoyo por parte de las autoridades competentes”, indicaron.

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