Servindi, 12 de diciembre, 2018.- Cuando los representantes del Estado peruano llegaron a las comunidades de influencia del proyecto Hidrovía Amazónica para anunciar la puesta en marcha de este “gran proyecto” de infraestructura, los pueblos indígenas notaron que su seguridad alimentaria estaba amenazada.
Los ríos por donde sus ancestros se habían trasladado durante años y con los cuales tienen una relación espiritual, ahora serían dragados para ampliar la profundidad del canal por el Consorcio COHIDRO, conformado por la empresa peruana CASA Construcción y Administración S. A. y la empresa china SINOHYDRO Corporation Ltd.
El proyecto Hidrovía Amazónica tiene como objetivo, según el Estado, acondicionar los ríos para la navegación de grandes embarcaciones en los ríos Huallaga, Amazonas, Marañón y Ucayali, para ello se plantea necesario el dragado.
Se dice que con este proyecto, productos de otros mercados, como el Brasil, llegarán a nuestra amazonía y mejorará la calidad de vida.
Este trabajo, de acuerdo con Alfonso López Tejada, Apu de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), federación base de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), por el contrario, afectará gravemente a los ríos, fuentes principales de vida de los pueblos indígenas donde practican la pesca artesanal, primordial fuente alimentaria de los pueblos indígenas.
Paradójicamente, el “gran proyecto” anunciado desde el Estado aún no logra demostrar los beneficios concretos que llevará a los pueblos indígenas. Les dijeron que gracias al proyecto las comunidades tendrían escuelas, puentes, puertos y hospitales.
Sobre ello, Alfonso López sostiene que “son responsabilidades del Estado atender a todos los peruanos en la solución de sus problemas” y que, con o sin Hidrovía, los temas de educación y salud deben ser atendidos por los ministerios correspondientes.
De acuerdo con el cronograma, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Hidrovía debía ser presentado al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) en el mes de noviembre.
Sin embargo la empresa anunció que lo hará en diciembre, quedando abierta la pregunta sobre cuál fue el mecanismo que autorizó esta postergación. Los pueblos indígenas afectados por el proyecto de infraestructura están pendientes del resultado y piden que se someta el EIA a consulta previa antes de su aprobación.
Buscan del Estado una muestra de que los espacios que ellos consideran sagrados, y principal fuente de alimento, no van a sufrir impactos durante el proceso del dragado.
El desconocimiento sobre los impactos reales del dragado y la ausencia de estudios técnicos, han creado un escenario de incertidumbre y preocupación ante las potenciales amenazas para las comunidades ubicadas en el área de influencia del proyecto.
Por costumbre, los niños y madres del pueblo Kukama, uno de los pueblos con mayor presencia en el área donde se pretende trabajar la Hidrovía, juegan o lavan la ropa a la orilla de los ríos. Cuando un indígena cae enfermo, por ejemplo, por la mordedura de una serpiente, o cuando se trasladan a otros pueblos llevando productos para su comercialización, se quedan a la orilla del río.
Ellos se verían afectados por el oleaje producido por las embarcaciones de gran tamaño, las que aumentarían en su tránsito, incluso llegarían a perjudicar a embarcaciones pequeñas como los peque peques, de uso cotidiano por las comunidades.
Constantes derrames
El 3 de febrero de 2018, un grupo de profesores se trasladaba por el río Urubamba, en el actual distrito Megantoni en la Amazonía cusqueña, cuando se percató de un derrame de gas líquido natural por una supuesta rotura del ducto de la Transportadora de Gas del Perú (TGP) en la quebrada Kemariato.
Como consecuencia del derrame, la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional del Cusco atendió a 38 pacientes, quienes presentaron fuertes dolores de cabeza, náuseas y visión borrosa. Se trataba del octavo derrame registrado en el ducto desde que TGP inició sus operaciones en 2004.
Frente a estas situaciones, los monitores comunitarios del Programa de Monitoreo Ambiental Comunitario del Alto Urubamba (PMAC-AU) y el PMAC Bajo Urubamba (PMAC-BU), integrados, entre otras organizaciones, por el Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU), visitan las zonas afectadas a fin de verificar su estado.
Ambos programas nacen para monitorear y vigilar los impactos ambientales generados por las empresas de exploración, explotación y transporte de hidrocarburos. Es una respuesta y propuesta de los pueblos indígenas ante la tardía respuesta del Estado.
El PMAC-BU, conformado por 22 jóvenes entre mujeres y varones elegidos por sus comunidades, y el PMAC-AU, con 20 monitores, además, advierten de los riesgos e incidentes que podrían producirse (alerta temprana) con la finalidad de prevenir impactos negativos al medio ambiente y los pueblos indígenas.
Una vez que se reporta un derrame, los programas de Monitoreo Ambiental Comunitario documentan la contaminación, pero sus informes no son vinculantes para el Estado.
No ocurre lo mismo con los monitores del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa), quienes se presentan en la zona después de tres o cuatro días de ocurrido el daño, con medio de transporte y logística de las propias empresas.
En ocasiones se ha acercado cuando la empresa ya comenzó con la remediación, así relata Agilio Semperi, jefe de COMARU. A pesar de esas deficiencias, la gran diferencia es que los informes del OEFA, sí son vinculantes.
“COMARU ha pedido que el Oefa se instale en el Bajo Urubamba para que haya mayor control. ¿Qué hace OEFA en Cusco o Quillabamba si allá no hay derrame ni instalación de gas?”, se cuestiona Semperi. Ya en 2004, a cuatro meses de iniciado el proyecto Camisea, se produjo un derrame también en la quebrada Kemariato.
De acuerdo con el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas (Osinergmin), se trató de 819 barriles de gas líquido natural que se vertieron en el suelo y en las fuentes de agua que afectó alrededor de 300 metros cúbicos de terreno, esta situación de afectación no es una novedad, es parte de la historia del proyecto.
Ante esta situación, la organización indígena viene solicitando a través de un proyecto de ley al Congreso de la República el reconocimiento de sus sistemas de monitoreo ambiental, y que estos sean parte de los mecanismos del Estado y que sus informes, donde registran la muerte de los peces a causa de la contaminación, sean vinculantes y generen acciones para la remediación o indemnización inmediata.
Pero el impacto no se limita a un determinado espacio, sucede que luego de los derrames, los peces contaminados se trasladan y migran hacia las cabeceras de cuenca, donde también viven comunidades, e incluso, podrían llegar hasta áreas habitadas por Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial (PIACI), pudiendo ser consumidos por ellos, poniéndolos en riesgo.
A unos kilómetros de la desembocadura del río Urubamba, al interior de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (RTKNN), en el asentamiento Santa Rosa de Serjali, habita el pueblo Nahua, en contacto inicial, según informes del Estado el 60% de su población tiene altas concentraciones de mercurio en sangre, desde 2014 cuando se denunció este hecho, hasta hoy, no se conoce la fuente de contaminación.
El proyecto Camisea operado por la multinacional argentina Pluspetrol en asociación con Hunt Oil, SK Innovation, Tecpetrol, Repsol y Sonatrach, produce gas natural dentro de los Lotes 88 y 56.
El 2012, Pluspetrol presentó al Ministerio de Energía y Minas el proyecto para la ampliación de actividades al interior del Lote 88 que se superpone sobre la RTKNN, habitada por diversos pueblos, entre ellos, el pueblo indígena nahua.
El 24 de enero de este año, el medio británico The Guardian dio a conocer sobre un informe del Ministerio de Salud que difundía la denuncia conocida en 2014, y revelaba la afectación a los nahua por una epidemia de mercurio.
Según el informe, se desconocía la fuente del mercurio, pero había dos posibles explicaciones. Uno es el consumo de pescado, que precisa que es poco probable que sea la fuente principal. El otro es el proyecto Camisea, el desarrollo pionero de extracción de gas en América Latina, que recomienda que se investigue.
“Si no reclamamos, ningún representante del Estado va a venir a hablar a nombre de nosotros”, denuncia Samperi.
El departamento peruano de Amazonas enfrenta una situación similar como consecuencia de los derrames de petróleo. Luis Ramos, coordinador técnico de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P), recuerda la situación de los indígenas awajún, entre ellos menores de edad, quienes fueron empleados por la empresa estatal Petroperú para recoger el derrame tóxico sin ninguna protección.
El 25 de enero de 2016, se produjo el derrame de petróleo en el distrito de Imaza, Bagua que afectó la quebrada de Inayo y los ríos Chiriaco y Marañón. Las constantes lluvias de la temporada facilitaron a los más de 3000 barriles de petróleo arrasar con las barreras que colocó Petroperú para contener el crudo.
El entonces ministro del Ambiente Manuel Pulgar Vidal, en su momento declaró que el derrame había ocurrido por falta de mantenimiento del Oleoducto Norperuano y de adecuación de monitores inteligentes dentro de los ductos, esto último necesario para prevenir aquellas situaciones.
Los más afectados por los derrames de petróleo fueron los pueblos indígenas que viven en las zonas de influencia. Desde el Estado, les ofrecen llevar apoyo e instalar los servicios básicos para atender a los afectados, pero casi nunca se cumple o son insuficientes.
Actualmente las víctimas, entre ellos los niños de las comunidades Nuevo Progreso, Wachapea, Nazareth y Pakun que participaron en el recojo del crudo por iniciativa de Petroperú, siguen esperando que el Ministerio de Salud los atienda.
Ellos no pueden exponerse al sol, de lo contrario aparecen ronchas en su piel, enrojecen y comienzan a tener fiebre y dolores de cabeza. Esta situación no les permite realizar deporte ni asistir a la escuela.
Osman Cuñachí de la comunidad nativa awajún de Nazareth, tenía 12 años cuando ocurrió el derrame, y fue uno de los niños que participó en la recolección del crudo, por el cual dos ingenieros de Petroperú habían ofrecido un pago de 150 soles por un balde grande de petróleo recuperado.
El trabajo de limpieza fue realizado por adultos y niños. Sin embargo, algunos empezaron a sentir mareos y dolores de cabeza por lo que abandonaron el lugar. Osman se quedó hasta el atardecer y cuando regresaba a la comunidad, una vecina le tomó una foto.
En la instantánea, él lucía las piernas y las manos manchadas de petróleo y llevaba un balde a medio llenar. Cuando la fotografía se compartió a través de las redes sociales, y generó la indignación colectiva, a pesar de que la empresa estatal había negado la contratación de niños para el recojo del crudo.
“El Estado prometió que iba a venir a apoyar con médicos especialistas, pero solamente llegaron con agua y paracetamol. Eso fue todo lo que han hecho y sustentaron que habían realizado un 'trabajo exitoso'”, comenta Luis Ramos.
Esta situación genera sufrimiento en los padres de familia. No saben a dónde llevarlos ni con qué médicos tratarlos. Las veces que se acercan a los centros de salud, sus hijos solo son diagnosticados de alergias y reciben algunos medicamentos. Además, el tratamiento de esta enfermedad es costoso y en Perú no hay especialistas.
Las comunidades awajún afectadas se dedican a la agricultura y la pesca. Cultivan plátano, yuca y cacao para su propio consumo, así como para la venta. Luego de los derrames de enero de 2016, las chacras fueron inundadas con el petróleo que fue arrasado por las aguas de las lluvias que rebasaron el cauce del río Chiriaco.
Petroperú, creada el 24 de julio de 1964, es una empresa estatal peruana que se dedica al transporte, refinación, distribución y la comercialización de combustibles y demás productos derivados del petróleo.
La construcción del Oleoducto Norperuano, una de las unidades operativas de Petroperú que comienza en San José de Saramuro en Loreto y recorre la selva a lo largo del río Marañón, inició en 1974 y culminó dos años después.
El 26 de agosto de 2016, OSINERGMIN, a solicitud del abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan Carlos Ruiz Molleda, reconoció que en el Oleoducto Norperuano se produjeron 37 derrames petroleros en 20 años, de los cuales 20 ocurrieron en los últimos tres años.
Asimismo, reconoció que en todos los ductos que funcionan a nivel nacional, entre 1997 y 2006 se registraron 190 derrames. Las causas eran distintas, 62 de ellos se debían a la corrosión, 18 por causas naturales, 13 por fallas en accesorios y conexiones, cinco por fallas de construcción, 4 por falla operativa, 8 por otros y 6 se encontraban aún en investigación. Además, reportó que 67 derrames se habían originado por atentados.
Los pueblos indígenas y su nueva apuesta
Para hacerle frente a los impactos de este tipo de proyectos, COMARU, ORPIO, ORPIAN-P, la Coordinadora de Pueblos Indígenas San Lorenzo (CORPI-SL) y la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), organizaciones regionales bases de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) vienen articulando acciones para la implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, un instrumento de Naciones Unidas que busca la defensa de derechos humanos en contextos de actividades empresariales.
“Los Principios Rectores son un instrumento de las Naciones Unidas que busca implementar mecanismos de respeto, protección y remediación en materia de derechos humanos, tanto en los Estados como a las empresas”, refiere Diego Saavedra, especialista de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
Así, a través del proyecto “Promoviendo Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos desde los Pueblos Indígenas” se impulsa este instrumento, conformado por 31 Principios, donde se reitera el deber de los Estados de proteger los derechos humanos, la responsabilidad de los sectores empresariales de respetarlos y, en caso de generar impactos, ser remediados.
Impactos vs Principios Rectores
El apu Alfonso López solicita que el EIA de la Hidrovía Amazónica sea sometido a un proceso de consulta previa a los pueblos indígenas afectados para buscar que el proyecto respete los derechos de los pueblos indígenas.
El pedido se sustenta en el Principio 17, donde se precisa que las empresas deberán aplicar la debida diligencia en materia de derechos humanos en el que incluyan “una evaluación del impacto real y potencial de las actividades sobre los derechos humanos, la integración de las conclusiones, y la actuación al respecto; el seguimiento de las respuestas y la comunicación de la forma en que se hace frente a las consecuencias negativas”.
Cuando ya se producen daños como consecuencia de las actividades empresariales, como lo ocurrido con los derrames de gas líquido natural en Cusco y de petróleo en Amazonas, el Principio 25 establece que “los Estados deben tomar medidas apropiadas para garantizar, por las vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo que correspondan” con la finalidad de los afectados puedan acceder a “mecanismos de reparación eficaces”.
Si bien es cierto que el derrame ya se ocasionó, lo que nosotros pedimos es que debe haber un equipo de contingencia por parte de la empresa para poder mitigar la contaminación e indemnizar a las personas dañadas. Si no hay un control, siempre habrá derrames, sostiene el apu de COMARU
El Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos
Si bien los Principios Rectores no tienen un carácter vinculante. En febrero de este año, con la aprobación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, se abre una puerta para que los Principios Rectores sean una realidad en el país.
En el marco de dicho plan, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) es el encargado de diseñar, aprobar e implementar el Plan Nacional de Acción (PNA) de Empresas y Derechos Humanos. Este instrumento que servirá para articular las acciones del Estado en el cumplimiento de compromisos internacionales sobre empresas y derechos humanos.
“La idea es que a través de este instrumento de gestión, el Estado peruano pueda hacer suyo los Principios Rectores en materia de empresas y derechos humanos que son unos estándares de Naciones Unidas para que las empresas, tanto públicas como privadas, mejoren sus niveles de cumplimiento, respeto y promoción de derechos humanos en sus diferentes actividades y etapas cadena de valor”, declaró Alonso Cárdenas del Ministerio de Justicia.
Como parte de las acciones del proyecto apoyado por la Unión Europea, Promoviendo los Principios Rectores desde los Pueblos Indígenas, representantes de CORPI-SL, ORPIO, ORPIAN-P, ORAU, COMARU y DAR conversaron con funcionarios del MINJUS sobre los pasos que el PNA de Empresas y Derechos Humanos se haga realidad, y a su vez que su diseño tenga un enfoque intercultural que contemple la posición de las organizaciones indígenas base.
El anuncio genera esperanza en Luis Ramos de ORPIAN-P, los derrames ocurridos en su comunidad pueden tener otro desenlace. “Con este instrumento podemos tener mejor apoyo para defender a nuestras comunidades y las empresas puedan respetar nuestros derechos, remediar y solucionar los problemas”, comenta.
Este proceso también está siendo impulsado por COMARU, ya que en reuniones con empresas que operan dentro de sus territorios, dieron a conocer que están “trabajando el tema de los Principios Rectores para fortalecer a las comunidades nativas que tienen voz y territorio”.
Este instrumento les permitirá, de acuerdo con Agilio Semperi, establecer con claridad que, así como las empresas “buscan traer desarrollo”, estas también pueden generar impactos negativos y deben ser remediados.
En un contexto donde la gran parte de inversión de los proyectos de desarrollo que se llevan a cabo en territorios indígenas está en manos de privados, “necesitamos un marco de derechos humanos fuerte y amplio que permita protegerlos”, afirma el especialista de DAR.
Frente a ello, DAR viene acompañando a las organizaciones indígenas de la Amazonía en la promoción del conocimiento sobre los Principios Rectores y así “poder desplegar estrategias de incidencia sobre el Estado para que exista un instrumento como el Plan Nacional de Acción para que los Principios Rectores no sean una cuestión declarativa, sino un elemento de uso concreto, de carácter vinculante”.
Por su parte, Alonso Cárdenas agrega que con el apoyo de Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo podrán adecuar los Principios Rectores a la realidad nacional. Y al tratarse de un problema público, requieren de la articulación y coordinación de diferentes sectores como la del Ejecutivo, la sociedad civil, la academia y el sector empresarial. “Nuestra visión es de total apertura y participación”, concluyó.
De esta manera, frente a las actividades extractivas, de hidrocarburos y los proyectos de infraestructura que pretenden operar en territorios indígenas o que operando en ellos cometieron negligencias que terminaron afectando el medio ambiente y territorios indígenas, los pueblos y sus organizaciones consideran necesario la aplicación de los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos.
En esta línea, Segundo Chuquipiondo de ORPIO, consideró que un PNA de Empresas y Derechos Humanos es “una herramienta donde expresamente se establezca la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y ayudaría a que no se repitan más atropellos a las comunidades por parte de las empresas extractivas”.
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Este 12 de diciembre del presente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentará los lineamientos estratégicos, hoja de ruta y metodología para la elaboración del Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos. El periodo de preparación es de un año, es decir, en diciembre de 2019 se contaría con tan importante documento.
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