Servindi, 12 de julio, 2019.- La comunidad nativa de Santa Clara de Uchunya solicitó al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (UNCERD, por sus siglas en inglés) “detener la apropiación y destrucción de sus tierras”.
El pedido, de acuerdo con Forest Peoples Programme (FPP), se produce luego de que el Gobierno Regional de Ucayali (GOREU) decidiera “retirar protecciones legales de 3,5 millones de hectáreas de selva amazónica y permitir la invasión de territorios indígenas”.
De ellos, más de 100 mil hectáreas, clasificadas inicialmente como Bosques de Producción Permanente (BPP), estarían en peligro inmediato de invasión por colonos y agronegocios.
A fines de junio, el GOREU, la oficina regional del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y alcaldes distritales crearon una comisión que podrá “retirar protecciones de bosques clasificados como BPP y entregarles a los colonos certificados de derechos sobre tierras invadidas”.
“Estos certificados de posesión se han usado con frecuencia para facilitar el tráfico de tierras y la deforestación en la Amazonía peruana, especialmente en territorios indígenas aún no titulados, como en el caso de la comunidad shipiba de Santa Clara de Uchunya en Ucayali”, advierte FPP.
La petición enviada a UNCERD y firmada por la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (Feconau), el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y FPP solicita detener la implementación de la ordenanza N° 010-2018-GRU-CR.
Asimismo, solicita “crear e implementar medidas inmediatas para colocar las tierras tradicionales formalmente solicitadas bajo salvaguardas para que su uso y valor no se dañen de manera irreparable”.
Falta de mecanismos efectivos
La nota de prensa también pone de manifiesto que en mayo del 2018, dentro de las conclusiones de UNCERD al Gobierno peruano, se remarcaba la “falta de mecanismos efectivos de protección de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos”.
Ello, ocurría “debido a la falta de un procedimiento adecuado de reconocimiento y titulación de tierras (…) lo cual continúa generando graves conflictos sociales”.
Miguel Guimaraes Vásquez, presidente de la Feconau, sostruvo que en marzo de2018 ya habían alertado a CERD sobre el despojo del territorio de Santa Clara de Uchunya y refirió que desde aquel momento “la situación se ha puesto más dura”.
“En la ausencia de cualquier tipo de salvaguarda para nuestros territorios no titulados, la decisión del GOREU de disolver el BPP amenaza con exponer aún más el territorio de la comunidad a las invasiones por traficantes y agronegocios”, lamentó.
La petición enviada por Feconau y las organizaciones de derechos humanos será revisada por el comité de expertos de CERD en Ginebra, desde el 5 de agosto, donde evaluarán si las acciones del Estado peruano y del GOREU representan una violación de las obligaciones legales.
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— Servindi (@Servindi) 4 de julio de 2019
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