PPII exigen seguridad jurídica de sus territorios para frenar la corrupción

Representantes indígenas de los Andes y de la Amazonía firmaron una declaración política para la lucha contra la corrupción. El documento será entregado a los mandatarios asistentes a la VIII Cumbre de las Américas.

Servindi, 12 de abril, 2018.- En el marco de la VIII Cumbre de las Américas, diversos líderes y lideresas indígenas de los Andes y de la Amazonía de Perú firmaron una declaración política, exigiendo la seguridad jurídica de sus territorios con el fin de combatir la corrupción.

En este sentido, los representantes indígenas demandan que el Estado cierre las brechas en el proceso de la titulación de las comunidades indígenas existentes en Perú, reconociendo sus derechos colectivos.

“El desequilibrio producido entre las facilidades a la inversión y a la deuda en el reconocimiento a los Pueblos (…) ha facilitado la ocurrencia de evidentes casos de corrupción en perjuicio de los pueblos originarios de Perú. Asimismo, es fuente de la conflictividad existente”, reza la declaración.

Asimismo, piden la inmediata investigación de posibles casos de corrupción como la explotación de fosfatos en San Martín de Sechura, ubicado en Piura, la minería y tala ilegal en la comunidad nativa Tres Islas, localizada en Madre de Dios y la construcción de carreteras en la Amazonía.

“[Estos casos] permiten identificar las modalidades de presuntos actos ilícitos del Estado o de las empresas privadas. Estas consisten en la no consulta intencional, actos de compra fraudulenta, permisividad para la deforestación, concentración abusiva de tierras, falta o mal uso de la información transparencia…”, se lee en el escrito.

El documento se firmó durante la celebración de la audiencia pública “El Impacto de la Corrupción en los Derechos de los Pueblos Indígenas” —convocada por la congresista Tania Pariona y organizaciones indígenas—. Este será presentado a los mandatarios asistentes a la Cumbre de las Américas.

Cabe mencionar que dentro de la declaración se incluyen sugerencias sobre las acciones que deben ejecutar el Gobierno y el Congreso de la República.

Dentro de la lista destacan las siguientes recomendaciones: garantizar la participación política de los pueblos indígenas y establecer mecanismos para la supervisión y fiscalización de los proyectos de inversión que se ejecuten en los territorios indígenas.

Usted puede leer la declaración política aquí.