Servindi, 11 de mayo, 2019.- La Defensoría del Pueblo advierte el grave riesgo en la fiscalización ambiental a las mineras que tendría el próximo pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad del “aporte por regulación”.
Ello, luego de las empresas mineras presentaron diversos procesos de amparo, al ser ellas las que brindan dicho aporte al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Sin embargo –exhorta la Defensoría–, sin los aportes por regulación, el OEFA podría perder hasta el 74 por ciento del presupuesto de la fiscalización ambiental 2019.
“La fiscalización ambiental es de máxima importancia para la protección del derecho a un ambiente sano en nuestro país, pues asegura el cumplimiento de la normatividad ambiental en beneficio del entorno, la vida y la salud”, aclara la institución pública.
Por ello, considera que para que OEFA cuente con capacidad técnica, autonomía y sostenibilidad presupuestal se le debe permitir una eficiente labor.
En este sentido, las empresas supervisadas deben asumir los costos de la fiscalización ambiental. De no ser así, se estaría afectando gravemente el rol asignado al organismo fiscalizador.
La Defensoría del Pueblo también recuerda que el OEFA está a cargo de la supervisión ambiental de importantes proyectos extractivos como Las Bambas, Antapaccay y las actividades petroleras en los Lotes 8 y 192.
Asimismo, refiera que para el 2019 el organismo fiscalizador tiene programadas cerca de 7 mil 800 acciones de fiscalización ambiental. Con respecto a la actividad minera, habría priorizado supervisar 115 casos de alto riesgo ambiental.
Dichos casos se encontrarían en 30 unidades mineras e involucran “77 puntos de vertimiento de efluentes en 47 cuerpos de agua. Un recorte del 74% del presupuesto para este año impediría cumplir con estas tareas adecuadamente”.
Frente a este inminente riesgo, la Defensoría hace un llamado para evitar el debilitamiento de la fiscalización ambiental en el país.
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— Servindi (@Servindi) 10 de mayo de 2019
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