Llamado de organismos internacionales fue efectuado con motivo del Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos.
Servindi, 9 de diciembre, 2022.- Los Estados deben aumentar los esfuerzos que garanticen la protección y reconozcan la labor de quienes defienden los derechos humanos, por su rol fundamental en el fortalecimiento de la democracia.
Así lo indicaron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, con motivo del Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos.
El derecho a defender los derechos humanos está reconocido en la Declaración sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aprobada un día como hoy en 1998.
Defensores en riesgo
Pese a ello, los organismos observan que se han incrementado los discursos estigmatizantes que buscan deslegitimar y/o silenciar la labor de defensa de los derechos humanos en diversos países de la región.
En algunos casos, estos discursos provienen desde las más altas autoridades de los Estados y se han visto amplificados en la esfera digital.
“En particular, se ha observado que estos mensajes se dirigen en contra de quienes muestran discrepancia con las autoridades, denuncian la corrupción y la impunidad”, afirman.
Así como contra los que defienden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el medio ambiente, o exponen la falta de acceso a una justicia independiente, incluyendo a periodistas y funcionarios que investigan casos de corrupción.
“La falta de reconocimiento a la importancia del trabajo de personas defensoras por las autoridades y la sociedad en general ha contribuido a que tanto las personas como los colectivos desarrollen sus actividades en una mayor situación de vulnerabilidad”, sentencian.
Llamado a los Estados
Frente a ello, la CIDH y ONU Derechos Humanos llaman a los Estados a abstenerse de realizar acciones o pronunciamientos oficiales que afecten la legitimidad de la labor de defensa y promoción de los derechos humanos.
Así como de participar en campañas de difamación o de estigmatizar a personas defensoras y el trabajo que éstas realizan.
También les recuerdan que como Estado tienen la responsabilidad de vigilar que las empresas no contribuyan con la emisión o difusión de este tipo de mensajes, e investigar y sancionar a quienes realizan este tipo de discursos.
Sumado a esto, los Estados deben abstenerse de adoptar y aplicar legislaciones que entorpezcan el funcionamiento de las organizaciones defensoras, bajo pretexto de proteger su soberanía o luchar contra la delincuencia organizada y el terrorismo.
Por el contrario, es obligación de los Estados no solo establecer un marco legal para proteger la labor de defensa de derechos humanos, sino asegurar condiciones para investigar y sanciones a los responsables de ataques y amenazas.
Por último, instan a los Estados “a reconocer pública e inequívocamente el papel fundamental que las personas defensoras de derechos humanos ejercen en la garantía de la democracia y el Estado de derecho”.
Solo mediante el respaldo gubernamental se podrá “progresivamente erradicar la indebida estigmatización que han sufrido las personas defensoras y garantizar un ambiente seguro para la defensa de los derechos humanos”, indican.
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