Servindi, 9 de febrero, 2016.- El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) afectará los derechos de los pueblos indígenas y la soberanía nacional debido a que las inversiones extranjeras protegidas promoverán megaproyectos extractivos sobre comunidades campesinas y nativas vulnerables.
Así lo afirmó Luis Hallazi, abogado integrante del Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, quién advirtió que el Estado peruano carece de información oficial acerca de la totalidad de comunidades campesinas y nativas, y muchas están pendientes de reconocimiento y demarcación territorial.
“Tenemos alrededor de 10,500 comunidades [entre nativas y campesinas] que poseen alrededor del 40 por ciento del territorio nacional. Estamos hablando de casi la mitad del país, según datos del Instituto del Bien Común (IBC)", mencionó.
En ese sentido, comentó que el TPP maneja un capítulo íntegro enfocado a las inversiones donde se proponen medidas y cláusulas que eviten obstaculizarlas; consiguiendo que el propio Estado no pueda promover políticas públicas en diversos sectores, entre estas, medidas que impulsen el desarrollo de las comunidades.
“Es decir, se renunciaría a la soberanía del Estado-nación para favorecer a las empresas transnacionales”, sentenció.
Transnacionales protegidas
Hallazi también indicó que si se llega a ratificar el TPP, las empresas transnacionales que se vean afectadas en sus inversiones podrán denunciar al Estado en fueros internacionales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
“Esta es una gran amenaza y no solo para temas de pueblos indígenas, sino para toda la ciudadanía en temas distintos como derechos a la salud, derechos medioambientales, derechos a la seguridad alimentaria, entre otros”, dijo.
Para ilustrar la situación, Hallazi comentó el caso del lago Agrio situado en la provincia de Sucumbíos, en Ecuador, en el cual el gobierno de Rafael Correa denunció a la empresa petrolera Chevron por contaminar el Amazonas ecuatoriano.
No obstante, la empresa valiéndose de un Tratado Bilateral de Inversión (TBI) firmado en 1995 entre Ecuador y Estados Unidos consiguió que el CIADI, organismo del Banco Mundial, suspenda el pago de la penalidad y castigó al país sudamericano a pagarle una indemnización.
Hallazi declaró que el caso de Chevron es muy emblemático en Ecuador. Además, relacionó al TBI como un antecedente del TPP. Por ello pidió a la ciudadanía reflexionar sobre los peligros de la soberanía nacional si se ratifica este acuerdo comercial.
Luego que el Perú firmó el TPP el 4 de febrero por medio de Magali Silva, ministra de Comercio Exterior y Turismo, Luis Hallazi invocó a la ciudadanía a participar de las acciones sociales contra la ratificación del acuerdo que efectuaría el Congreso de la República en los próximos meses.
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