Empresa de Melka se retira de Mesa Sostenible de Palma Aceitera

Servindi, 8 de noviembre, 2016.- La empresa Plantaciones de Pucallpa comunicó su decisión de retirarse de la industria de palma aceitera y poner fin a su afiliación a la Mesa sobre producción soistebible de aceite de palma (RSPO, por su sigla en inglés).

La decisión se adoptó el 12 de octubre, días antes de que el Panel de Denuncias de la RSPO publicara su decisión final respecto a las denuncias presentadas por la comunidad shipibo Santa Clara de Uchunya por deforestación y despojo de tierras.

En la carta dirigida a la RSPO, Plantaciones de Pucallpa, una de por lo menos 25 empresas operando como parte del grupo comercial Melka en el Perú, indica que ha cedido todas sus propiedades de palma aceitera, tierras, actividades relacionadas y equipo.

Reproducimos a continuación el reporte elaborado por Forest People Programme sobre el tema:

Compañía del grupo Melka se retira de la RSPO, en tanto que la demanda de los shipibo revela apropiación de tierras y deforestación ilegal

Por Forest Peoples Programme

Londres, 6 de noviembre de 2016: El 12 de octubre, días antes que el Panel de Denuncias de la RSPO (Mesa redonda sobre producción sostenible de aceite de palma, según sus siglas en inglés) supuestamente publicara su decisión final en el proceso de solución de conflictos presentado en contra de la empresa Plantaciones de Pucallpa (PdP) por la comunidad de Santa Clara de Uchunya, dicha empresa se retiró de la RSPO.

En una carta dirigida a la RSPO, la empresa —una de por lo menos 25 empresas operando como parte del grupo comercial Melka en el Perú— alegan que "PdP ha cedido todas sus propiedades de palma aceitera, tierras, actividades relacionadas y equipo, y PdP no tiene ya participación en la industria del aceite de palma … y se retira y pone fin, de manera inmediata, a su afiliación a la RSPO.”

La comunidad de Santa Clara de Uchunya presentó la denuncia con la FECONAU, IDL y FPP en diciembre de 2015, y demostró que la empresa había talado más de 5000 hectáreas de bosque tropical, para establecer sus plantaciones en tierras que le pertenecían tradicionalmente a la comunidad indígena Shipibo, de forma ilegal. La denuncia pone de relieve que estas acciones eran violaciones de la legislación aplicable, tanto peruana como internacional, para el respeto de los territorios tradicionales de los pueblos indígenas y su derecho al consentimiento libre, Previo y informado (CPLI) y las restricciones sobre la deforestación no-autorizada. Esto significaba que constituía una violación de numerosos principios y criterios de la RSPO. Además, la empresa nunca había dado una notificación pública de sus planes para deforestar bosques tal como lo exige los “Procedimientos de la RSPO para nuevas Plantaciones”.

El secretariado de la RSPO informó a los demandantes de este último acontecimiento, y explicó que, por lo tanto, se cerrará el proceso de la denuncia y se publicará un informe final. Pero los demandantes consideran que esto es inaceptable y, en una carta al Panel de Denuncias, insisten que:

“se debe publicar la resolución final de este caso. Este es el primer caso de este tipo en el Perú y en la práctica es un caso que sienta precedente. La retirada de Plantaciones de Pucallpa es un acto de desacato de la RSPO y esta postura empresarial se verá respaldada si la RSPO no logra pronunciarse sobre la sustancia del caso, lo cual socavará la credibilidad de la RSPO y sus mecanismos de rendición de cuentas.”

Carlos Soria, presidente de la comunidad, respondió:

“El plazo tan largo que ha requerido el Panel de Denuncias de la RSPO para tomar una decisión sobre estas evidentes violaciones de nuestros derechos han sido muy frustrantes para nuestra comunidad. Nos han robado nuestras tierras y destruido el bosque y los ríos a nombre de la palma aceitera sostenible y ahora no hay justicia.”

Robert Guimaraes, Presidente de FECONAU, la federación indígena que representa a la comunidad de Santa Clara declaró que:

“esta es una señal más de la impunidad de estas empresas de palma aceitera y de la ineficacia tanto de la RSPO como del gobierno del Perú. Parecería que esta empresa puede hacer lo que quiera. Recibió la orden de detener sus operaciones de parte del gobierno y de la RSPO y no cambió nada. Este es solo uno de varios casos similares en el Perú y demuestra las lagunas enormes que tiene el país para gobernar sus bosques y hacer cumplir sus propias leyes para la protección de los territorios indígenas y para prevenir la deforestación no autorizada. Dado que no hay controles efectivos contra la expansión de la palma aceitera en la selva peruana, los compromisos del gobierno y sus patrocinadores internacionales de reducir la deforestación neta a cero para el 2020, corren el riesgo de no ser más que promesas vacías. Nuestras comunidades seguirán luchando por nuestros territorios y nuestros derechos a nuestros bosques ancestrales, aunque el gobierno peruano y la RSPO no puedan o no quieran hacerlo.”

Juan Carlos Ruiz Molleda, del Instituto de Defensa Legal (IDL) dijo que:

“Teníamos muchas esperanzas de esta primera denuncia del Perú ante la RSPO, pero ahora estamos muy decepcionados, pues nos enteramos que la RSPO va a abandonar la denuncia. ¿Qué tipo de mecanismo de rendición de cuentas es este, en que una empresa inicia y se somete a un procedimiento y cuando siente que lo va a perder se retira?, Si el RSPO no se pronuncia ,efectivamente convalida la mala fe de una empresa. Todo esto desacredita y socava la credibilidad de un mecanismos de solución de conflictos que recién está comenzando a implementarse en Perú. Es más sienta un precedente negativo que afecta incluso la propia credibilidad de la RSPO, y es muy probable que esta falta de confianza en la certificación de la palma aceitera se difunda por América Latina.”

Durante el proceso de la demanda, que está documentado en la página de seguimiento de casos de la RSPO, la empresa Plantaciones de Pucallpa trató reiteradamente de argumentar que las comunidades indígenas del Perú no tienen derechos territoriales más allá de los títulos formales de tierras, que la empresa no había talado el bosque y que todas sus actividades habían sido autorizadas por el gobierno peruano. A medida que avanzó el proceso, y mediante la presentación de pruebas adicionales de parte de los denunciantes , quedo en evidencia la falsedad de las afirmaciones de la empresa, acreditando la falta de una debida diligencia, en perjuicio de los los derechos territoriales de la comunidad afectada por las actividades de explotación de PdeP. Estas evidencias incluyen imágenes satelitales de alta resolución que muestran de manera incontrovertible que más de 5000ha de bosque tropical habían sido taladas desde que Plantaciones de Pucallpa se hizo dueño de esas tierras. Cuando, con estas estrategias, no logró frenar la denuncia, la empresa comenzó a hacer ataques personales y difamatorios contra los demandantes y trató de abrumar y confundir al Panel de Denuncias con documentos irrelevantes y desorientadores.

Tom Griffiths, del Forest Peoples Programme (FPP), comenta que,

“Retirarse de la RSPO en este momento, es en efecto una admisión de culpabilidad de parte de Plantaciones de Pucallpa. Las violaciones de los reglamentos de la RSPO por parte de esta empresa han sido claramente demostradas por los demandantes. Parecería que cuando se dieron cuenta que no podían seguir sosteniendo sus ficciones, la empresa decidió retirarse de la RSPO y transferir sus activos a una empresa emparentada para evitar las sanciones correspondientes. Esta es una práctica común entre empresas como las del Grupo Melka y no es nada sorprendente para FPP. Sin embargo, la credibilidad de la RSPO está ahora en juego. La gente se está preguntando: ¿las empresas de la RSPO verdaderamente rinden cuentas de sus acciones? ¿Cuál es el valor real de este estándar de la industria si los miembros pueden simplemente retirarse cuando temen que el Panel de Denuncias va a fallar en su contra?” Si la RSPO no toma una acción concertada a la luz del esfuerzo muy transparente de una empresa para evitar ser responsabilizada, corre el riesgo de convertirse en un mecanismo irrelevante.”

Datos

La Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés) es una asociación sin fines de lucro compuesta por las partes interesadas de los siete sectores de la industria de aceite de palma - productores de aceite de palma, procesadores o comerciantes de aceite de palma, fabricantes de bienes de consumo, minoristas, bancos e inversores, organizaciones no gubernamentales de conservación del medio ambiente o de la naturaleza y organizaciones no gubernamentales sociales o de desarrollo – establecida para desarrollar e implementar estándares mundiales para el aceite de palma sostenible.

La RSPO fue creada en 2004 en respuesta al urgente llamamiento mundial para la producción sostenible de aceite de palma. Los miembros productores del RSPO deben producir su aceite de palma de acuerdo con sus Principios, Criterios y Procedimientos y posteriormente pueden lograr una certificación. Existe un Panel de quejas que procesa quejas presentadas sobre las acciones de los miembros. Este mecanismo de queja es un elemento clave en un sistema de resolución de conflictos y rendición de cuentas que requiere el RSPO para garantizar la integridad de su marca. Para mayor información vea: http://www.forestpeoples.org/es/topics/responsible-finance/private-secto... y http://www.rspo.org/about

La denuncia original y las pruebas que se presentaron posteriormente, incluían evidencias incontrovertibles de que PdP había violado muchos de los procesos y principios establecidos por la RSPO, entre ellas:

- violación de los derechos territoriales consuetudinarios de Santa Clara (2.2, 2.3, 6.3, 7.5)

- violación del derecho al consentimiento previo, libre e informado (2.2, 2.3, 6.3, 7.5)

- omisión de hacer un Estudio de Impacto Ambiental (5.1, 7.1)

- omisión de obtener los permisos y autorizaciones gubernamentales (2.1)

- omisión de llevar a cabo un mapeo participativo o algún tipo de auditoría adecuada (2.2, 2.3, 7.5)

- violación del principio de no talar el bosque primario (7.1).

En septiembre de 2015, Plantaciones de Pucallpa recibió la orden de parte del gobierno peruano de detener sus operaciones. Investigaciones adicionales de parte del gobierno en mayo de 2016 subrayaron la omisión de cumplir con esta orden, cuando la empresa ni siquiera dejó pasar a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental , lo cual provocó multas de más de $150,000.

En abril de 2015 la RSPO dio la orden a Plantaciones de Pucallpa de detener trabajos, sobre la base de la denuncia interpuesta por Santa Clara de Uchunya.

En el 2010 el Perú se comprometió a tener una deforestación neta de cero para el año 2020, compromiso que ha sido respaldado por donantes internacionales, entre ellos un acuerdo de $300 millones con los gobiernos de Noruega y Alemania. Sin embargo, las estimaciones actuales de deforestación están subiendo: en 2015 la tasa de deforestación subió marcadamente a más de 150 000ha.