Un nuevo proyecto de ley facilita que las tierras invadidas de forma ilegal pasen a ser reconocidas como propiedad de quienes los han tomado y deforestado.
Servindi, 8 de mayo, 2021.- Los obispos de la región amazónica brasileña enviaron una carta a Rodrigo Pacheco, presidente del Senado, para exigir la retirada del proyecto de ley 510/2021 sobre la gestión de la tierra.
El documento, firmado por más de 60 obispos, fue entregado durante una reunión virtual con la presidencia de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) entre otras autoridades eclesiásticas.
Los firmantes citan un estudio de la Pontificia Universidad de Río de Janeiro,y esgrimen que el proyecto de ley «flexibiliza los requisitos» para regularizar las tierras tomadas de forma ilegal en el pasado.
De hecho, las parcelas de menos de 2.500 hectáreas podrán regularizarse mediante un proceso simplificado. Al mismo tiempo, «debilita las medidas de protección ambiental».
La iniciativa legal facilita «que los bosques públicos invadidos y deforestados en cualquier momento sean legalizados» y pasen a ser propiedad de los invasores.
Esto supone que si el texto sale adelante «puede aumentar» la ocupación de tierras, «con la certeza de una legalización más adelante con nuevos cambios en la ley».
Invadir ahora, legalizar luego
Los obispos recuerdan que ya existe una ley, la 11.952/2009, que «atiende a los pequeños y medianos productores». También «para los que ocupan y producen en tierras públicas desde hace décadas la legislación es suficiente».
No hay, por tanto, ninguna «urgencia o laguna legal» que justifique el nuevo proyecto. Sí hace falta, en cambio, «fortalecer la estructura de los órganos responsables» de implementar estas leyes.
Frente a esto, la reforma actual opta por beneficiar «a los grandes invasores y especuladores».
Por otro lado, los pastores defienden que «cualquier reforma» de la legislación sobre tierras «debería apoyar la conservación de la selva y garantizar los derechos de las poblaciones que la protegen, no generar beneficios para quienes están destruyendo el Amazonas».
«Se debe castigar a los que roban el patrimonio público, no premiarlos», reafirman. Y piden también que se asignen parcelas de selva a proyectos de gestión sostenible y a la creación de unidades de conservación.
La iniciativa se ha introducido en el orden del día la semana pasada por sorpresa para toda la sociedad. Es «prácticamente una copia» de otra presentada por el senador Irajá Abreu en 2019, y que los obispos ya calificaron de «dañina».
El acaparamiento ilegal de tierras está detrás de una tercera parte de la deforestación en Brasil. También es la fuente de buena parte de los conflictos territoriales en la región amazónica del país.
Allí, según la Comisión Pastoral de la Tierra, el 60 % de estos implican a empresas agrícolas y ganaderas, que se enfrentan a las poblaciones locales. Ahora, denuncian los obispos, una nueva ley que quiere aprobar el Gobierno hará que este fenómeno se multiplique.
Deforestación alcanza límites históricos
Cabe destacar que la Amazonía brasileña ha perdido 580,55 kilómetros de selva en abril, un nuevo récord para el mes y la mayor área devastada para dicho periodo de los últimos seis años, desde que comenzó a hacerse la medición.
Según las alertas de deforestación divulgadas el viernes 7 de mayo por el Sistema de Detección de Deforestación de la Amazonía Legal en Tiempo Real (Deter) las cifras abarcan un área 42% veces mayor que la destruida en el mismo mes hace un año.
Los datos fueron divulgados por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), y suponen un aumento de 90 kilómetros respecto al anterior récord mensual del mes de abril, que estaba en 490 kilómetros.
El de abril es el segundo récord mensual consecutivo que se registra este año. En el pasado mes de marzo habían sido devastados 367,6 kilómetros de selva, un área 12,6 % mayor que la destruida en el mismo mes de 2020.
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