Por Jaime Antezana Rivera
9 de enero, 2019.- La renuncia del fiscal de la Nación Pedro Chávarry Vallejos era inevitable, aunque demoró demasiado, era cuestión de tiempo. Era un zombi que se aferraba a una legalidad desprovista de legitimidad social e institucional.
Además, se había quedado solo. Repudiado por la mayoría del país, con una rebelión interna y su autoridad quebrada, abandonado y negado altisonantemente por sus ex protectores políticos, no le quedaba otro camino.
En suma, con un Ministerio Público sumido en una profunda crisis institucional y funcional, no le quedaba otro camino. No era el único factor, pero si uno importante, de la crisis en la que se encuentra. Era insostenible.
La demora de su renuncia, en la más absoluta soledad y atenazado por denuncias constitucionales, estaba profundizando la crisis. Estaba debilitando al Ministerio Público, organismo encargado de perseguir el delito.
Nada le interesaba. Hasta que, cuando ya nadie le hacia caso ni tenía a quien mandar, anunció que renunciaría ante la Junta de Fiscales Supremos, que en una reunión anterior le había pedido que diera un paso al costado.
Así, entre renunciar o que lo saquen, optó por lo primero cuando se dio cuenta que ya era más que insostenible su permanencia aferrado a una legalidad de papiro. Y con una mayoría narcofujimorista que esperó su nada santa gana.
Pero su renuncia, como no podía ser de otra manera, no fue con vergüenza ni liso. Nada de eso. En su carta se presenta como un adalid en la defensa de la "autonomía" del Ministerio Público y otros entes, contra la "amenaza" de una intervención "inconstitucional".
Textualmente señala: "...a fin de evitar que otros entes autónomos sean también vulnerados...y terminar cerrando dicho Poder del Estado e impedir que se cristalice la amenaza de intervenir y reorganizar inconstitucionalmente el Ministerio Público...he decidido...dar un paso al costado".
O sea, el "Alfonso Ugarte" de la constitucionalidad y de la autonomía del Ministerio Público y de los demás entes autónomos del Estado frente a la, cosa que no escribió pero si deslizo, amenaza de un "nuevo" Maduro peruano.
No solo se autodefine como un "demócrata" sino, pese a las cinco acusaciones constitucionales que están con tela de araña en el congreso y estar sindicado como parte de Los Cuellos Blancos, se ufana de tener una "trayectoria impecable".
Y, para colmo de colmos, como "victima" de una campaña mediática con "falsas afirmaciones y denuncias" de "algunos" congresistas, "representantes de ONGs" y "periodistas digitados" por los "directores de algunos medios de comunicación".
Todo eso escrito sin rubor ni el más mínimo atisbo de autocritica. Escrito sin honor y sin asumir su responsabilidad en el enorme daño que ha ocasionado al ente cuya "autonomía" afirma haber defendido. Es decir, una renuncia sin vergüenza.
Tampoco fue liso. Horas antes que Chávarry anunciara que renunciará a Fiscal de la Nación, a eso de las 19.45 horas, su asesora de comunicaciones Rosa Venegas Mello sustrajo documentos de una oficina lacrada de un asesor del Fiscal de la Nación.
Esa sustracción de documentos de la oficina de asesores del ex fiscal de la Nación no lo hizo sola: según el informe pericial, la ex congresista Venegas Mello lo hizo "siempre acompañada y ayudada por el personal de seguridad y la escolta de Chávarry" (AmericaTv).
¿Vincula a Chavarry esta sustracción de documentos de una oficina lacrada con personal de seguridad y la escolta de Chavarry? Si. Más aún cuando uno de los efectivos señalo que "Cumplen órdenes superiores de parte del fiscal de la Nación" (Ibíd).
La renuncia del ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry fue, por decir lo menos, escandalosa. Lo que empezó con serios cuestionamientos terminó con un escándalo que, sin duda alguna, implicara una nueva denuncia e investigación.
Así fue el triste final del fiscal del fujialanismo.
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