Por Roger Tunque
Servindi, 7 de noviembre, 2017.- Un reciente informe elaborado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) concluyó que el Gobierno hondureño tuvo participación en el asesinato de la líder indígena, Berta Cáceres, a través de las fuerzas de seguridad, policías y funcionarios.
De acuerdo a la publicación Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres, los expertos lograron evidenciar diversas estrategias llevadas a cabo por socios, personal directivo, gerencial y operativo de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA).
Asimismo se probó la participación de funcionarios públicos y aparatos de seguridad estatal para violentar el derecho a la consulta previa, libre e informada del pueblo indígena Lenca.
“La prueba existente es concluyente respecto de la participación de numerosos agentes estatales, altos directivos y empleados de DESA en la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato de Berta Isabel Cáceres” sentencian los expertos.
Según las pericias, el objetivo de las estrategias fue controlar, neutralizar y eliminar cualquier oposición para lo cual recurrieron a la instrumentalización de las comunidades con el fin de generar ruptura del tejido social.
También se emprendieron campañas de desprestigio, infiltración, seguimiento, amenazas, sicariato, cooptación de operadores de justicia y fuerzas de seguridad y sabotaje del equipo de comunicación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), del cual Berta Cáceres era coordinadora.
Proyecto hidroeléctrico
La reconocida ambientalista y ganadora del Premio Goldman, Berta Cáceres fue asesinada en marzo del 2016 en su casa en la ciudad de la Esperanza en el occidente hondureño.
Cabe destacar que, en medio de amenazas de muerte y secuestro contra ella y su familia, Cáceres fue el rostro visible que enfrentó una tenaz lucha social que impidió la construcción de la represa Agua Zarca, ya que logró que la empresa china Sinohydro paralizara la obra en el 2013.
La construcción de la represa no solo impedía a la comunidad Lenca desarrollar sus actividades agrícolas al privatizar y varios kilómetros a la redonda, sino también afectaba el uso de las aguas para el consumo, el riego de cultivos y la pesca artesanal.
Tras su muerte, el proyecto hidroeléctrico impulsado por la empresa DESA fue suspendido debido a que Banco Holandés de Desarrollo (FMO) y el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (FINNFUND), retiraran definitivamente su apoyo al proyecto.
Sobre el informe
Ante la negativa por parte de las autoridades de realizar una investigación independiente, la familia de Berta Cáceres y el COPINH, junto con el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y organizaciones nacionales e internacionales, insistieron en la conformación del equipo de expertos independientes.
Por ello, en noviembre del 2016, surge el GAIPE, integrado por Dan Saxon, Roxanna Altholz, Miguel Ángel Urbina, Jorge Molano y Liliana Uribe Tirado que, desde su creación realizaron cuatro viajes a Honduras, entrevistas a más de 30 personas así como el estudio de evidencia y otros reportes de organismos internacionales de derechos humanos.
Acceda al informe completo del GAIPE a través del siguiente enlace: Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres (PDF: 92 páginas)
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