Servindi, 17 de mayo, 2019.- En Amazonas, tres organizaciones indígenas y un órgano estatal suscribieron un acuerdo de cooperación interinstitucional que abordará un tema desafiante y, en ocasiones, conflictivo: el reconocimiento y la titulación de los territorios comunales.
Se trata de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) y la Dirección Regional Agraria Amazonas (DRA-A).
A este grupo se suma la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P).
Dicho convenio también servirá para asistir en el proceso de ampliación y/o georreferenciación de los territorios comunales, en base a una cartografía actualizada.
Los beneficiarios son 34 comunidades pertenecientes a los distritos de Río Santiago, Aramango y El Cenepa, localizados en la provincia Condorcanqui; e Imaza, ubicado en la provincia de Bagua.
Así lo confirmó Gerzon Danducho Akintui, coordinador técnico del proyecto MDE Saweto Perú para la ORPIAN-P.
"Hay comunidades nativas que necesitan la titulación y otras que primero requieren del reconocimiento. Otro grupo busca evitar más problemas con la intrusión de colonos en su territorio comunal”, detalló Danducho Akintui a Servindi.
"El convenio trabajará —de la mano de ORPIAN-P, base regional de la AIDESEP— varias actividades para dar apoyo y solución a estos casos”, agregó.
Este acuerdo interinstitucional, según el especialista, es una continuación al trabajo en conjunto de hace dos años.
"Esta es la segunda firma del convenio con la DRA-A. La primera se llevó a cabo hace dos años, también con la participación de la CONAP y la AIDESEP, esta última a través de ORPIAN-P", remarcó.
Edwin Montenegro, dirigente de AIDESEP, firma el convenio de titulación. A su izquierda se encuentra Salomón Awananch, presidente de ORPIAN-P. Fuente: AIDESEP.
La titulación, un largo camino
Con la titulación, estas 34 comunidades nativas de Amazonas obtendrán su principal beneficio: protección ante posibles amenazas y conflictos por sus tierras comunales.
Además, contarán con mayor seguridad jurídica ante cualquier persona o empresa que busque obtener algún derecho sobre su propiedad colectiva.
"Ante cualquier negociación que realice el Gobierno con las empresas transnacionales, las comunidades con títulos tienen más derecho a posicionarse y defenderse”, indicó Danducho.
Pero acceder a la titulación (y sus beneficios) resulta un proceso engorroso y fatigante. El principal problema que salta a la vista es la complejidad de los procedimientos de titulación.
Según el informe El largo camino hacia la titulación de las comunidades campesinas y nativas de la Defensoría del Pueblo, las comunidades nativas deben atravesar 14 pasos para lograr la seguridad jurídica de sus tierras.
En el caso del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), su Guía práctica para el proceso de titulación de comunidades nativas identificó 22 pasos para culminar la demarcación y la titulación de tierras colectivas; cifra que puede variar, según la implementación de estos procesos en los gobiernos regionales.
Y a esta situación descrita las comunidades de ORPIAN-P no son ajenas. “Hasta el proceso de reconocimiento no hay problema, las dificultades vienen con el procedimiento de la titulación", explica Danducho.
"En esta etapa se ve que algunas comunidades no conocen dónde están sus límites, o que hay gráficas de mapas que no coinciden. Esos son los problemas que retrasan".
Parte del documento firmado por las organizaciones indígenas y la Dirección Regional Agraria Amazonas (DRA-A). Fuente: La Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P).
Otro punto crítico: la superposición de derechos
Otro inconveniente muy común que enfrentan las comunidades nativas de ORPIAN-P es la superposición (traslapes) de los derechos territoriales. Esto ocurre cuando más de un actor exige el mismo o diferentes recursos sobre un territorio.
"Actualmente hay superposiciones en áreas lotizadas de la cabecera de El Cenepa, y afectan a tres de nuestras comunidades nativas. Ahora ellas se enfrentan por este problema con el Ministerio de Energía y Minas”, advierte el técnico.
"También están los títulos de los colonos conseguidos indebidamente sobre la propiedad titulada dentro de una comunidad. Estos casos lo estamos viendo con la DRA para ver la posibilidad de anularlos".
Las encargadas en otorgar este derecho territorial son las entidades del Gobierno, que muchas veces no tienen el mismo registro o información sobre los derechos de las comunidades nativas sobre la tierra y el bosque.
La superposición también sucede porque las mismas leyes permiten otorgar derechos sobre la tierra a unos y sobre los recursos del subsuelo, como el petróleo y la minería, a otros, de acuerdo al análisis de otro estudio de CIFOR.
Los datos:
- Las comunidades nativas acceden a la titulación por ser parte de los pueblos indígenas, condición que les atribuye derechos colectivos, incluyendo el derecho a la propiedad comunal de las tierras que ocupan ancestralmente.
- Conforme al mencionado informe de la Defensoría del Pueblo, entre 2011 y diciembre de 2017, Amazonas registró cuatro comunidades nativas reconocidas y una comunidad nativa titulada. En comparación con Loreto (122 comunidades nativas reconocidas y 72 comunidades nativas tituladas), la cifra resulta mínima.
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