Reportaje del programa periodístico Cuarto Poder, emitido el domingo 6 de marzo.
- A más de un mes de los vertidos de petróleo ocurridos en Amazonas y Loreto, la atención del Estado es escasa y desorganizada. A continuación el panorama de lo que viene pasando.
Por Jonathan Hurtado
Servindi, 7 de marzo, 2016.- Los derrames ocasionados por el mal estado del Oleoducto Norperuano que opera Petroperú y que afectan a miles de personas en los distritos de Imaza, en Amazonas, y Morona, en Loreto, no están siendo atendidos bajo una "estrategia integral, coordinada intersectorialmente".
Así lo sostuvo Vanessa Cueto, presidenta de la oenegé Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) en una entrevista al programa periodístico Cuarto Poder.
Diego Saavedra, de la misma institución, puso como ejemplo el caso de los pescados que podrían cubrir la demanda de alimentos de las comunidades perjudicadas.
"Las comunidades y las organizaciones están pidiendo (al Estado), por favor, paga el traslado de pescado de una comunidad que está a dos o tres horas de la zona del derrame, donde todavía no hay impacto ambiental", explicó.
Agregó que lo que pasa al día de hoy es que el Estado sigue buscando llevar la ayuda desde la capital Lima, lo que resulta ser más caro, lento y menos eficaz.
Como es evidente, el agua es el principal recurso afectado en derrames ocurridos en áreas de selva. Población local señala que a la fecha, habiendo pasado 40 días para el caso de Imaza y 34 para el de Morona, las autoridades no se hacen presentes con ayuda o soluciones efectivas.
El escándalo más reciente que se mantuvo en las redes sociales, tuvo que ver con la instalación de plantas de tratamiento de agua en Imaza, que, inexplicablemente, no contaban con personal capacitado para su manejo.
Con dichas plantas también se hacía entrega de bidones, los cuales debían ser llenados justamente con agua purificada por dichas instalaciones portátiles. Edwin Montenegro, dirigente de la organización indígena Orpian, informó hace unos días que las plantas se mantienen inoperativas.
Limpieza de crudo en quebrada Inayo, en Amazonas. Foto: Barbara Fraser
Emergencias que nos suficientes
El 15 de febrero la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) declaró en emergencia sanitaria la calidad del agua para consumo humano en el distrito de Imaza, en la provincia de Bagua, región Amazonas, por 90 días.
A esta medida se sumó la semana pasada, una declaratoria de emergencia, de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), por 60 días en 10 localidades del distrito.
Si bien el decreto supremo que aprueba esta medida establece responsabilidades en un sinfín de autoridades locales, regionales y nacionales, lo cierto es que la ayuda en agua, alimentos y medicinas brilla por su ausencia.
Por ejemplo, en la comunidad de Nazareth, que figura textualmente en ambas declaratorias, no se hace presente hasta ahora algún tipo de ayuda, salvo los bidones vacíos que entregó personal del Ministerio de Salud hace algunos días. Así lo dio a conocer una pobladora del lugar.
En la comunidad de Inayo, la más perjudicada por el derrame de crudo -más de dos mil barriles-, tampoco se estaría dando atención, según se aprecia en el reportaje de Cuarto Poder.
En el caso de Morona, en la región Loreto, la situación es similar. El 3 de febrero se reportó en este distrito, el vertido de más de mil barriles de petróleo. La Dirección Regional de la Producción de Loreto visitó la zona hace algunos días llevando ayuda, en un esfuerzo que, aunque destacable, resulta ser insuficiente.
El Ministerio de Cultura ingresó hace algunos días a la zona. Antes, la misma viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, estuvo en la zona de Chiriaco, en Imaza, donde anunció que la ayuda para las comunidades afectadas por el derrame "está en camino".
Video de la tragedia ambiental y social en Amazonas. El crudo llegó hasta el río Marañón, tributario del río Amazonas. Video de la Municipalidad Distrital de Imaza.
Actuación de Petroperú
De otro lado, información reciente da cuenta de abusos de parte de la estatal Petroperú. A la empresa se le acusa de haberse apropiado del único teléfono fijo que se encuentra en la zona afectada, en Morona, para evitar así que se difunda cualquier tipo de información "que la perjudique".
Al igual que Imaza, Morona y otros distritos vecinos en Loreto también figuran en la resolución directoral del 15 de febrero de la Digesa. Hace unos días, el 28 de febrero, un decreto supremo de la PCM declaró a su vez el estado de emergencia en 16 localidades de Morona.
Pese a que el derrame se dio a pocos kilómetros de Mayuriaga, esta comunidad no fue incluida en el decreto de la PCM. Esta omisión estaría generando gran descontento en sus habitantes.
Otra crítica que se le hace al Estado, de las tantas, apunta a la desatención hacia los comuneros que trabajaron limpiando crudo de petróleo sin protección adecuada, entre los que se encontraban niños, niñas y adolescentes.
Según un informe del Indeci, 243 personas tuvieron contacto con petróleo sin protección. Respecto a los menores, un padre de familia de la comunidad de Nazareth reportó que existen unos veinte casos que requieren atención urgente.
Respecto a las acciones recientes de Petroperú, Edwin Montenegro, de la Orpian, señaló que la última visita de su presidente, Germán Velásquez, a la zona afectada en Chiriaco, fue "improvisada" y no se dio con los verdaderos afectados por el derrame.
Ante ello, sostuvo que en la reunión programada para el miércoles 9 de marzo, entre la empresa y los apus, esta vez sí estarán los verdaderos perjudicados. No descartó, en caso de no verse ayuda concreta, el inicio de movilizaciones.
Mientras todo esto ocurre, el tema de los derrames sigue llamando la atención de medios internacionales. El domingo 6 de marzo, el diario español ABC publicó el reportaje titulado La marea negra amenaza la vida en la Amazonía de Perú. Cabe preguntarse: ¿Cuántos reportajes más son necesarios para que el Estado peruano actúe adecuadamente?
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