La medida alcanza también a su núcleo familiar dado que habrían recibido distintas amenazas de muerte de grupos armados ilegales asentados en el departamento de Córdoba.
Servindi, 6 de mayo, 2023.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor del líder indígena zenú Álvaro Alcides Crespo Hernández y pidió proteger su vida al Estado colombiano.
La medida alcanza también a su núcleo familiar dado que todos ellos habrían recibido distintas amenazas de muerte por parte de grupos armados ilegales asentados en el departamento de Córdoba.
Crespo, es docente, miembro del pueblo indígena Zenú y gobernador del Cabildo Indígena La Libertad en el territorio de Pica Pica Viejo, en el municipio Puerto Libertador de Córdoba.
Según la CIDH, en febrero pasado, sujetos armados se habrían acercado a la institución donde trabaja preguntando por él, quien a la fecha no cuenta con medidas de protección, pese a que lo solicitó en noviembre 2022.
El Estado informó que se encontraría en trámite un estudio técnico de nivel de riesgo desde la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero la CIDH afirma no saber cuándo finalizará este proceso.
Mientras tanto, la parte solicitante hizo referencia a la continuidad de las amenazas de muerte y a la ausencia de medidas de protección y de investigaciones por los hechos denunciados desde 2020.
Frente a ello, la Comisión optó por otorgarle las medidas cautelares a él y a su hija, quien también se encontraría en riesgo, dado las amenazas de muerte recibidas y las posibles represalias en su contra.
La disposición de la CIDH supone una solicitud de este órgano al Estado colombiano para que adopte medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad de Alcides Crespo y su hija.
Así como de medidas que resulten necesarias para que Crespo pueda continuar realizando sus actividades de liderazgo “sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamiento o actos de violencia”.
También implica que el Estado de Colombia informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la resolución y así evitar su repetición.
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