Bajo el lema de “Fujimori y Dina, dictaduras asesinas”, volvieron a exigir la renuncia de Boluarte, quien ordenó la represión de las protestas contra su gobierno, dejando un saldo de 49 muertos.
Servindi, 6 de abril, 2023.- A 31 años del autogolpe de Estado perpetrado por Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992, peruanos se movilizaron en Lima para expresar su rechazo al régimen cívico militar de Dina Boluarte.
Bajo el lema de “Fujimori y Dina, dictaduras asesinas”, volvieron a exigir la renuncia de Boluarte, quien ordenó la represión de las protestas contra su gobierno, dejando un saldo de 49 civiles muertos en enfrentamientos.
Provenientes de diversos distritos de Lima y de otras regiones del país, los manifestantes partieron desde el Campo Marte con la intención de llegar al Congreso, que el 90 % de la población rechaza.
No obstante, a la altura del Parque Universitario —cinco cuadras antes del Parlamento— un cordón policial les impidió el pase, obligándolos a replegarse y cambiar su destino hacia la Plaza San Martín.
“Nuestra movilización es pacífica, no entendemos porque no nos dejan pasar y limitan nuestro derecho a la protesta. Marchar es un derecho, matar es un delito”, reclamaban los protestantes a la Policía.
Las restricciones para movilizarse contra el gobierno no son nuevas. Desde que estallaron las protestas, el 7 de diciembre de 2022, la Policía restringe el paso de manifestantes y dispara bombas lacrimógenas para dispersarlos.
Esta vez no hubo bombas, pero sí mucha indignación de la población por los muertos que ha dejado la represión y el desinterés de la presidenta y congresistas por dejar sus cargos, pese a ser una exigencia popular.
Ciudadanos y especialistas sostienen la idea de que existe una alianza entre el Congreso y la presidenta para no tocarse y garantizar su permanencia —y la de sus sueldos y beneficios— hasta el 2026.
Recientemente, el Congreso rechazó la admisión para debatir una moción de vacancia contra la presidenta que no ha vuelto a insistir en el adelanto de elecciones y más bien minimiza y deslegitima las protestas.
Los ciudadanos también cuestionan la impunidad frente a los casos de muertos y heridos en protestas, así como el papel de la Fiscal de la Nación que buscaría retrasar las investigaciones.
Además del rol de los grandes medios de comunicación que consideran no investiga o denuncia con la misma intensidad las irregularidades del régimen de Boluarte, a diferencia de su antecesor Pedro Castillo.
Este escenario de poder sostenido por la fuerza, impunidad y complicidad de los grandes medios lleva a los peruanos a comparar el panorama actual con lo vivido durante el régimen dictatorial Alberto Fujimori (1990-2000).
De ahí que la marcha haya sido convocada un 5 de abril, pues fue ese mismo día del año 1992 en que Fujimori asestó un autogolpe de Estado, ordenando el cierre del Congreso, la intervención del sistema de justicia y de los medios de comunicación.
Este acto supuso el inicio de su régimen dictatorial durante el cual se cometieron diversas violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción, persecución a la prensa, entre otros hechos.
Dicho régimen solo acabaría ocho años después con su huida a Japón, tras la exposición de los “vladivideos”, una serie de videos que develó la corrupción al más alto nivel de su régimen.
Aunque la reciente movilización no alcanzó los niveles de concentración registrados entre diciembre y febrero, fue numerosa y recuerda que el descontento social persiste y podría volver a estallar en cualquier momento.
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