La enrevesada y misteriosa historia de un supuesto hijo del presidente Evo Morales con una mujer que habría aprovechado muy bien su cercanía al poder no solo puso en el tapete un escándalo de mentiras y tráfico de influencias: sirvió para terminar de demostrar al mundo la intensidad de la guerra desatada por el gobierno boliviano contra el periodismo crítico
Por Oscar Medina
4 de noviembre, 2016.- 200 periodistas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz respondieron una encuesta sobre sus proyecciones a propósito del futuro de la libertad de expresión en Bolivia: 92% vislumbraban amenazas al ejercicio de ese derecho. No se equivocaron. Eso fue en marzo del año 2011 y ya para entonces planeaba sobre el oficio de los comunicadores el efecto del manejo de la Ley contra el Racismo, una norma cuya interpretación acomodaticia establece penas de cierre de medios y cárcel para los periodistas que difundan mensajes considerados discriminatorios.
El panorama no ha mejorado. En su documento de cierre de la asamblea realizada en México entre el 13 y el 17 de octubre de este año, la Sociedad Interamericana de Prensa lo describe así:
“Continúa el ambiente hostil contra medios de comunicación y periodistas en el país. Después de los resultados adversos del referéndum del 21 de febrero para las aspiraciones del presidente Evo Morales a la reelección, el Gobierno desató una campaña de descrédito contra el trabajo periodístico”.
Y sigue:
“Las amenazas del Gobierno están acompañadas de calificativos como el ‘cártel de la mentira’, ‘mafia informática’ y ‘armas de guerra’, y con ello se pretende mostrar al conjunto de medios independientes como un aparato político de desestabilización”.
Reporteros Sin Fronteras también ha hecho serias advertencias sobre la situación de Bolivia, un país al que ubica en el puesto 97 de entre los 180 analizados en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa correspondiente a 2016.
En el ranking de 2014 y 2015 Bolivia ocupaba el lugar número 94 de 179. Ahora ha descendido tres escalones. Y entra en juego otra variante de la censura del siglo XXI: “En Bolivia los medios de comunicación tienen un fuerte incentivo para evitar hacer comentarios negativos del gobierno o del presidente Evo Morales, en el poder desde 2006. En virtud del Decreto Supremo 181 (aprobado en 2009), la publicidad oficial no se otorga a los medios de comunicación que ‘mienten’, ‘hacen política’ u ‘ofenden’ al gobierno. Esta presión financiera adquiere un papel aún más importante si se considera que Bolivia es uno de los países más pobres de Sudamérica. Las detenciones abusivas de reporteros y la impunidad, también favorecen un clima de autocensura en todo el país”. En 2006 Bolivia estaba en el puesto 16 de los 160 analizados.
El pasado 28 de mayo Emmanuel Colombié, responsable del Despacho América Latina de RSF, insistió en denunciar el clima de hostilidad que enfrentan los medios:
“Los insultos, las persecuciones ilegales y las campañas de difamación emprendidas por los altos representantes del Estado contra los periodistas de su propio país son intolerables y engendran una autocensura nefasta para la libertad de prensa”.
En un comunicado público ese día RSF recapituló sobre algunos hechos recientes que describen la situación. Por ejemplo: el 19 de mayo el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana acusó a la Agencia de Noticias Fides, a la emisora radial Erbol, y a los diarios El Deber y Página Siete de formar parte de un “cartel de la mentira”. Y este fue el contexto:
“El ministro hizo esta impactante declaración cuando fue interpelado por los parlamentarios sobre el presunto tráfico de influencias en que estaría implicada la expareja del presidente Evo Morales, que fue revelado a inicios del año por el periodista Carlos Valverde y tuvo eco en numerosos medios de comunicación. Según Quintana, se trata de un escándalo mediático para desestabilizar al país”.
Otro ejemplo citado por RSF:
“El 10 de mayo de 2016 Wilson García Mérida, director del diario Sol de Pando acusado de sedición, sin motivo válido, por el ministro Juan Ramón Quintana, recibió una citación para que se presentara al siguiente día en la oficina de un fiscal en Cochabamba, una ciudad ubicada a cientos de kilómetros de donde él se encontraba. El abogado de García Mérida intentó aplazar la fecha de la citación, obtener más información sobre el proceso y, sobre todo, conocer los cargos presentados por Quintana contra el periodista. En vano. Para escapar de esta denegación de la justicia, el periodista tuvo que huir a Brasil, donde se encuentra actualmente”.
Y uno más:
“El 27 de abril de 2016 el periodista Jesús Alanoca, del diario El Deber, fue interceptado cuando cubría una manifestación en La Paz. Agentes de la policía nacional le ordenaron que borrara todas las fotos que había tomado y lo detuvieron arbitrariamente; después lo dejaron en libertad”.
El chantaje de las pautas
Antes, el 20 de agosto de 2015, la organización había expuesto otra amenaza: “El pasado diez de agosto, el gobierno anunció por medio del vicepresidente Álvaro García Linera, la decisión de negar cualquier ayuda financiera a los medios de comunicación ‘que mienten’ y ‘hacen política partidaria’. El gobierno se valdrá del ‘decreto supremo 181’, que se encuentra en vigor desde 2009, el cual permite a las autoridades distribuir publicidad oficial a la prensa. Debido a que no se ha definido ningún criterio objetivo de atribución de dichos recursos financieros, el gobierno podrá actuar a su antojo de manera discrecional. La definición del criterio ‘medios políticos’ permanece imprecisa. Según el vicepresidente, se trataría de ‘los que nos dicen de todo, a los que nos ofenden y mienten’… en definitiva, los que no gustan al poder”.
El anuncio formalizó un filón de una estrategia de presión que ya venía dando resultados. El 31 de julio de 2015 John Arandia, conductor del programa “A todo pulmón”, transmitido por el canal Cadena A, quedó fuera del aire por decisión abrupta de la empresa. Ese día Radio Erbol -La Paz- recibió la renuncia de la conductora de “En directo”, uno de sus programas estelares: Amalia Pando decidió dejar su espacio para poder salvar a la emisora de la asfixia económica. No son los únicos.
Arandia no dudó entonces a la hora de señalar la causa: “Yo no tengo ningún recelo contra mi ex medio de comunicación, porque entiendo al que fuera mi gerente, entiendo que mi profesión de periodista hoy no es compatible con los números de un canal de televisión, podía ser un rating pero no económicamente. Porque hoy hay una lucha que está delimitada por el poder con asfixia económica. Espero que lo entiendan”.
Contactada por Vértice, la periodista Amalia Pando explicó que Radio Erbol fue castigada a partir del año 2011 como consecuencia del tratamiento crítico que le dio a un hecho noticioso sobre el cual era difícil no fijar posición: “La brutal represión de la que fueron objeto los indígenas que participaron de la VIII marcha en defensa de su territorio, el TIPNIS”.
Se refiere a lo ocurrido el 25 de septiembre de 2011: alrededor de 1.500 indígenas marchaban rumbo a La Paz en una manifestación de rechazo a las obras de una carretera de 330 kilómetros que atravesaría el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure. Luego de 40 días de caminata, los participantes fueron reprimidos violentamente por la policía en un sector conocido como Chaparina. Las imágenes captadas por reporteros mostraron al país la brutalidad de las acciones que desencadenaron un verdadero momento de crisis nacional que incluyó la renuncia de la entonces ministra de Defensa, Cecilia Chacón como protesta por la represión.
“Nuestro director, el periodista Andrés Gómez, pensó reponer la pauta oficial con la privada”, explica Pando: “Pero los empresarios también empezaron a retirarse, asustados por la posibilidad de represalias como una aterradora inspección de la oficina de impuestos. Quedaban las ONG. También se fruncieron tras la expulsión del país de la danesa Idis Dinamarca, que nos había financiado espacios para divulgar los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. Así que el año pasado tuve que renunciar en un intento de salvar a la radio. Sin éxito”.
Luego de diez años de trabajo en Erbol le tocaba buscar otro espacio. Y tras algunos meses lo consiguió en Exitosa, una emisora de música tropical que accedió a concederle el horario matutino para un nuevo programa producido por la también periodista Roxana Lizárraga. Pero el poder decidió que no: “Pobrecitos, les clausuraron la radio. Perdieron todo. Ocurrió que 30 segundos antes de arrancar con nuestro primer programa el gobierno bajó la palanca. Nos quedamos sin frecuencia y luego vino la clausura”.
Pando, periodista con más de treinta años de carrera y ganadora del premio Rey de España en 1993, participó a su manera en la oposición a dos consultas impulsadas por el gobierno, el referendo autonómico del Departamento de La Paz y el referendo que buscaba modificar la constitución para permitir una nueva reelección de Evo Morales. En ambos casos y ante las limitaciones impuestas por la censura Pando echó mano al aire de una canción en la que Armando Manzanero dice: “No, porque tus errores me tienen cansado”.
El 18 de enero de 2016, a semanas del referendo para la reelección (realizado el 21 de febrero), Pando fue invitada por el gobernador de La Paz –de oposición- Félix Patzi a llevar su programa “Cabildeo con Amalia Pando” a Radio Líder: “Una emisora ubicada en la ciudad de El Alto, sin audiencia, sin una potente antena… en fin, era lo que había. Y allí nos instalamos. Cabildeo salió al aire sin remuneración, sin publicidad, sin, sin… pero con un lindo micrófono ‘shure’. Qué linda batalla enfrentamos. Más linda todavía porque la ganamos. Triunfó el No, a pesar de todo. Y al presidente Evo Morales se le cayó la estantería. No sabe qué hacer, si respetar los resultados o hacer otro referendo o irse nomás. Y mientras se decide ha optado por la mano dura”.
Roxana Lizárraga, productora de Cabildeo con Amalia Pando, tiene también una vieja historia con el gobierno boliviano. Reportera de la fuente política, podría decirse que contra ella se estrenó en sus ataques Evo Morales:
“Mi historia comienza en 2006, apenas Morales asumió la presidencia. Al presidente no le gustan las preguntas y cuando hice una consulta sobre personas investigadas en Brasil, funcionarios vinculados a corrupción del Partido de los Trabajadores que eran invitados de Evo a Bolivia, me respondió con una historia de mi vida privada que no venía al caso. Le planteé una denuncia a Evo en la Defensoría del Pueblo en 2007 por sus agresiones. El fallo fue a mi favor, pese a que ministros del presidente quisieron negociar el retiro de la demanda”.
Para entonces Lizárraga trabajaba en la Red Unitel, un medio crítico de Morales. Y ese pequeño triunfo en la Defensoría derivó en una situación denigrante. La periodista comenzó a recibir llamadas de hombres que preguntaban sobre sus tarifas por servicios sexuales. Y no estaban llamando a un número equivocado: “alguien” -2008- había creado una página web utilizando sus datos y fotografías que posteriormente logró sacar de la red gracias al apoyo de Unitel.
En 2009 se dirigía a hacer cobertura de las elecciones de gobernadores en el departamento de Sucre y sus maletas fueron retenidas en el aeropuerto: “Las retuvo la unidad de explosivos y luego las trasladaron a narcóticos”, cuenta: “Un funcionario de alto nivel me ayudó para hacerle seguimiento y que no introdujeran ninguna sustancia extraña en ellas. No encontraron nada”. Dos años más tarde -2011- le tocó enfrentar otra “sorpresa”. El día de su cumpleaños dejaron en la puerta de su casa una caja de lo que parecía ser una torta: “En el interior encontraron cables y algunos elementos para armar un explosivo. La unidad de bomberos retiró el elemento luego de cerrar la manzana de mi vivienda”.
Lizárraga hizo varios trabajos periodísticos incómodos para el gobierno de Morales. Pero quizás ninguno tan problemático como su entrevista a Gabriela Zapata, ex pareja sentimental del mandatario.
El 3 de febrero de 2016 el periodista Carlos Valverde formuló una denuncia en su programa “Todo por Hoy”, en Activa TV: presentó el certificado de nacimiento de Ernesto Fidel Morales Zapata, un niño nacido en 2007 y que presuntamente sería hijo de Evo Morales con una mujer llamada Gabriela Zapata Montaño.
Pero esa no es la denuncia
Más allá del supuesto hijo no conocido, Valverde reveló que Gabriela Zapata era gerente comercial de la oficina boliviana de la empresa China Camc Engeenering Co. Ltd., una compañía producto de una alianza entre China y Bolivia que recibió contratos del Estado por más de 560 millones de dólares. La web amaliapandocabildeo.com presenta una cronología del asunto Morales-Zapata: el 4 de febrero el ministro de la Defensa, Reymi Ferreira, dijo a la televisión “el niño ha fallecido”. Al día siguiente el propio Evo Morales confirmó que conoció a Gabriela Zapata en 2005 y que el niño murió el mismo año de su nacimiento, en 2007. El 26 de febrero la ex pareja de Morales fue detenida acusada por varios delitos.
De ahí en más, la historia devino en un culebrón: Zapata aseguró que el niño estaba vivo y hasta circularon imágenes del pequeño; hubo señalamientos cruzados, evidencias –chats- que sugieren una relación íntima entre Zapata y el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; y la conclusión final de que ella mintió, intentó hacer pasar a otra criatura por su hijo y fue forzada a desdecirse de todo –o a acomodarse a la versión oficial- para evitar un castigo mayor.
Esa asombrosa trama permitió maniobrar para evitar que se investigara el asunto de los contratos. Eso y la mayoría de diputados oficialistas del Movimiento Al Socialismo que al revisar el caso no encontraron lo que los opositores sí vieron: indicios de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución, acuerdos lesivos al Estado suficientes como para establecer responsabilidades penales y administrativas.
“Desde Santa Cruz el colega Carlos Valverde mostró un ejemplar del certificado de nacimiento del hijo de Evo Morales con la gerente de la CAMCE. Y en ese momento comenzó el caso Zapata y la desgracia de Valverde calificado por el gobierno de narcotraficante. Tuvo que refugiarse en la Argentina. La señora Zapata fue detenida. También su abogado y otros”, explica Amalia Pando: “Las detenciones y amenazas pusieron fin a seis meses de mucha información sobre el misterioso hijo que había sido reconocido por Morales, pero que también misteriosamente había muerto. Después se dijo que en realidad nunca había nacido y que todo era parte de una conspiración de periodistas, opositores y del imperialismo”.
Pando resume lo que quedó aireado a partir de la denuncia de Valverde: “El enriquecimiento de Zapata es un hecho comprobado. Mucho dinero en sus cuentas y un elevadísimo nivel de vida y gastos. Ella era la intermediaria para que empresas chinas obtuvieran contratos del gobierno. Operaba en instalaciones del Ministerio de la Presidencia y le informaba de sus gestiones al ministro Quintana. Para encubrir el tráfico de influencias y los sobornos, el gobierno afirma que ella estafó a los empresarios y que el gobierno nunca se enteró de esas negociaciones y pagos. Sin embargo, las empresas por ella patrocinadas efectivamente obtuvieron los contratos”.
Para el programa Cabildeo, Roxana Lizárraga consiguió una entrevista con Gabriela Zapata, quien habló desde su reclusión en la cárcel de Miraflores: “Nos relató toda la tramoya de los sobornos y los contratos, de los ministros con los que transó, etcétera”, detalla Pando: “El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, involucrado por Zapata con unos chats personales y llenos de hormonas amazónicas, nos acusó de integrar el “cartel de la mentira” junto a prestigiosos colegas y periódicos independientes. A continuación, el vicepresidente Álvaro García Linera anunció que seríamos encarcelados”.
“Gabriela Zapata, la ex pareja del presidente, vinculó en esa entrevista a casi todo el gabinete con negociados”, explica Lizárraga a Vértice: “Contó cómo operaron y más. Y empezó nuevamente la cacería: a todos los medios que publicaron la entrevista que le hice a Zapata les llegaron citaciones por parte del poder judicial tomado por el gobierno. Somos víctimas de insultos y por redes ya me llegaron amenazas de personas identificadas con el MAS señalando que debo cuidar a mi familia”.
La misma receta
El 7 de marzo pasado Evo Morales apuntó directo contra el periodista Carlos Valverde: lo llamó “narcotraficante” en declaraciones recogidas por la agencia oficial ABI. Algunos análisis del caso Zapata señalan que la onda expansiva de su repercusión influyó en la derrota de la consulta por la reelección de Morales. Y esa sería la causa mayor de la molestia presidencial.
Un ex ministro lo dijo en medio de declaraciones en las que calificó de “perros” a los periodistas y medios del “cartel de la mentira” al que se refirió Quintana: “Una sola vez se capa al toro, una sola vez. Esta estrategia de la mentira y la manipulación (…) evidentemente impidió la victoria de Sí en el referéndum constitucional de febrero”, apuntó Hugo Moldiz, quien además pidió castigo penal para los denunciantes.
Valverde aclaró en su momento el punto sobre el hijo de Zapata, pero sostuvo la acusación sobre el tráfico de influencias entre el gobierno y la empresa beneficiada con contratos. Sin embargo, el acoso persistió empujando al periodista a salir de Bolivia. Y no es el primero que ha debido optar por el exilio.
“Yo no me fui por ‘hacer show’; ni buscar protagonismo, Presidente, me fui porque en nuestro país uno siente que está a expensas de su humor o del humor de sus colaboradores; eso no da garantía a nadie, señor Presidente”, escribió Valverde en su web el 23 de agosto en una carta abierta dirigida a Morales: “Y yo no estoy para juegos ni para buscar protagonismo de ningún tipo. Siempre he sostenido que en el periodismo lo importante es la noticia y no el periodista que la hace conocer aunque, por supuesto, alguna vez es inevitable que ambos compartan espacios”.
En ese contexto, y asistidos por el abogado José Ramiro Vega, las periodistas Amalia Pando, Roxana Lizárraga y el periodista Carlos Valverde presentaron una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que aun espera respuesta.
En la discusión internacional sobre las amenazas a la libertad de prensa la situación de Bolivia no logra el protagonismo de Venezuela, Ecuador o Cuba. Sin embargo durante la administración de Evo Morales se han puesto en práctica –lo denuncian los propios periodistas bolivianos– algunos de los mecanismos característicos de lo que se ha llamado la censura del siglo XXI y que están muy bien descritos en un ensayo de Philip Bennet y Moisés Naím versionado en español por el diario El País bajo el título “La mordaza en la era digital”.
La receta está casi completa: amenazas directas, intimidación, uso del sistema penal, promulgación de leyes con una orientación específica (como la Ley de Telecomunicaciones -2011- que limita a 33% la participación privada en el espectro radial), polarización, descalificaciones e insultos desde el poder, castigos vía impuestos, recompensas vía propaganda oficial, desarrollo de una red de medios oficialistas y adquisición de los privados para apaciguar el tono crítico.
En el informe Freedom of the Press, de la organización Freedom House, correspondiente a 2015 se advertía –entre otras cosas– la preocupación por el avance de una estrategia para silenciar a los medios a través de presiones impositivas, intimidación o de compras por parte de aliados al gobierno: por una u otra vía desde 2008 la administración de Morales habría venido garantizándose la “solidaridad” de los medios que no posee directamente el Estado. El libro “Control remoto”, del periodista –fundador y ex director de diarios- Raúl Peñaranda, profundiza en la estrategia de la creación de una red de medios “paraestatales”.
Lizárraga concreta: “En todo Bolivia hay medios de Evo. Los más grandes fueron comprados por el venezolano Carlos Gill Ramírez, que en Bolivia tiene grandes negocios y es socio de masistas. El periódico La Razón, Extra y las cadenas televisivas ATB y PAT fueron compradas por él y abiertamente respaldan el régimen de Evo. La presión es en todo el país”.
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