Si Keiko Fujimori llegara a ser presidenta, ¿a quiénes respondería? Los aportes millonarios a sus campañas y los lobbys fujimoristas en el Congreso dan pistas sobre ello.
Por Renzo Anselmo
Servindi, 3 de mayo, 2021.- Contestar a la pregunta de a quiénes respondería la candidata presidencial Keiko Fujimori de llegar al gobierno, no resulta un ejercicio muy complejo si se revisan algunos antecedentes.
Los millonarios aportes ocultos a sus campañas y los lobbys de parlamentarios fujimoristas en el Congreso dan luces de los intereses que Fujimori atendería en su eventual gobierno.
Repase en esta nota quiénes son los empresarios que en los últimos años han apostado por Keiko Fujimori y cómo su partido, Fuerza Popular, respondió a estos favores desde el Congreso.
Los financistas de Keiko
El primer factor que ofrece pistas sobre los intereses que representa Keiko Fujimori son los millonarios aportes que recibió por lo bajo para sus campañas electorales.
Uno de estos aportes lo hizo la constructora Odebrecht. La compañía que se adjudicaba obras coimeando a altos funcionarios aportó US$ 1,2 millones a la campaña electoral de 2011 de Fujimori.
Aunque Fujimori siempre ha tratado de negar estos aportes, las delaciones de los ejecutivos y operarios de Odebrecht, además de las pruebas recabadas por la Fiscalía la delatan.
Se sabe, además, que US$ 200 mil de los US$ 1,2 millones aportados por Odebrecht fueron a parar a una bolsa organizada por la Confiep para favorecer a Keiko Fujimori en aquella campaña.
Roque Benavides, otrora presidente del gremio empresarial, confirmó que se recaudaron en total US$ 2 millones para gestar una campaña publicitaria contra Ollanta Humala, entonces candidato rival de Fujimori.
Los financistas de Keiko Fujimori (de izquierda a derecha): Roque Benavides, de la Confiep; Dionosio Romero, de Credicorp que integra al BCP; y Jorge Barata, de Odebrecht.
¿Quiénes más aportaron a la “chanchita” de la Confiep? Ahí están la minera Volcán, que puso 260 mil dólares y la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) que entregó otros 240 mil.
Parte del aporte de Capeco estuvo financiando por la constructora Graña y Montero —integrante del corrupto Club de la Construcción— que le entregó 25 mil dólares.
Roque Benavides, ya como dueño de Minas Buenaventura, y Alfredo Pérez Gubbins, gerente general de la empresa de alimentos Alicorp, también admitieron haber aportado con 200 mil dólares, respectivamente.
Ninguno de estos aportes se hubiera conocido si no fuera por las investigaciones de la Fiscalía que cercaron a los poderosos y los llevaron a cantar, empezando por Dionisio Romero Paoletti.
Fue Romero el primero en confesar en noviembre de 2019 que Credicorp, el mayor grupo financiero del Perú, había desembolsado US$ 3,6 millones a favor de la campaña de Keiko de 2011.
La plata, según pudo identificar la Fiscalía, salió del Banco de Crédito del Perú (BCP) y fue entregada en momentos diferentes de las dos vueltas del proceso electoral del 2011.
Pero si aún quedaran dudas de que el gran empresariado siempre ha apostado por Fujimori, cabe mencionar los US$ 7,6 millones que Juan Rassmuss aportó entre el 2011 y 2016 a Fujimori.
El empresario peruano que vivió sus últimos días afincado en Chile armó una estructura financiera con sus empresas para ocultar los millonarios aportes a las campañas de Fujimori, según la Fiscalía.
¿Cómo podría pagar Keiko Fujimori todos estos benevolentes aportes? Solo hay una forma: llegando al poder. Pero, claro, con su mayoría en el Congreso tampoco desaprovechó la oportunidad.
El lobby fujimorista
Si de lobbys y devoluciones de favores se trata, el que hizo el fujimorismo cuando tenía una mayoría abrumadora en el Congreso se lleva de lejos el premio mayor.
Un ejemplo descarado del uso del poder ajustado a los intereses se dio en 2017, cuando se reactivó el debate parlamentario sobre el etiquetado de alimentos y bebidas en Perú.
El debate giraba en torno al artículo 10 de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, que detallaba los pormenores del nuevo etiquetado que tendrían que llevar los alimentos procesados.
Los fujimoristas, ubicados del lado de la Sociedad Nacional de Industrias, intentaron traerse abajo la ley que establecía el uso de octógonos como advertencias en las etiquetas de los productos.
Por el contrario, buscaron impulsar la aprobación de un etiquetado semáforo, una propuesta que no beneficiaba a los consumidores, sino a empresas de la industria alimentaria como Alicorp.
Alicorp es una de las empresas que forma parte del Grupo Romero, cuyo director desde 2001 es Dionisio Romero Paoletti, uno de los confesos aportadores de la campaña de Fujimori.
Así de vergonzosa fue la propuesta que planteaba el fujimorismo sobre el etiquetado de alimentos. Foto: Wayka
Otro lobby fujimorista muy recordado es el que realizaron en 2018 para ampliar el Régimen Laboral Agrario (Ley 27360) hasta el 2031, una norma que solo beneficiaba a las grandes agroexportadoras.
Esta norma había sido promulgada en el año 2000, a finales del régimen fujimorista, por un plazo de 10 años, es decir, hasta el 2010.
Quien la había promovido era el entonces ministro de Agricultura, José Chlimper, a pesar de que era directivo de la empresa Agrícola Drokasa, que se iba a beneficiar de la norma.
La norma nació como un régimen temporal que buscaba promover el sector agroexportador otorgando un conjunto de privilegios a las compañías del sector a costa de los derechos laborales de los trabajadores.
En 2010, Alejandro Toledo decidió ampliarla hasta el 2021, pero antes de que se cumpla el nuevo plazo del régimen agrario, apareció la aplastante bancada fujimorista para proponer su ampliación.
En junio de 2018, la fujimorista Úrsula Letona logró imponer en la Comisión Agraria del Congreso una propuesta que planteaba ampliar el régimen hasta 2031.
La propuesta, como era de esperarse, recibió el respaldo de los otros siete fujimoristas que integraban la comisión, quienes votaron en bloque a favor de la propuesta, logrando su aprobación.
Un año después, en setiembre del 2019, el Pleno de Congreso aprobó dicho proyecto, una vez más, con los votos mayoritarios de los congresistas de Fuerza Popular.
Luego vino la disolución del Congreso; pero esto no impidió que la norma se promulgara, ya que el presidente Martín Vizcarra emitió un decreto de urgencia promulgándola, concretando así su ampliación hasta 2031.
La ampliación del Régimen Laboral Agrario llevó a los trabajadores agroexportadores a protestar a fines de 2020 exigiendo su derogatoria. Aunque al final se derogó, las protestas dejaron dos trabajadores muertos.
Régimen laboral agrario ampliado por el fujimorismo hasta 2031 desató una ola de protestas en 2020 que exigía su derogatoria. Foto: OjoPúblico
La maquinaria fujimorista también se prestó en setiembre de 2018 para intentar aprobar una nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, calificada de nefasta por especialistas por debilitar la institucionalidad ambiental.
La norma pretendía aprobarse sin antes pasar por la Comisión de Pueblos del Congreso, dejando de lado la opinión de los pueblos indígenas que también exigían que pase por un proceso de consulta previa.
Además, en su intento por aprobar la norma de forma apresurada, el Congreso de mayoría fujimorista buscaba dejar de lado los aportes brindados por diversos ministerios y organizaciones de la sociedad civil.
El panorama era claro para las organizaciones indígenas: la celeridad por aprobar esta norma respondía a un “lobby petrolero”, apoyado principalmente por el entonces partido mayoritario del Congreso, Fuerza Popular.
Tras poner en evidencia esta escandalosa jugada del fujimorismo, al Pleno del Congreso no le quedó de otra que aprobar el retorno del proyecto a la Comisión de Energía y Minas, en noviembre de 2018.
Pero el lobby fujimorista no se terminó con el cierre del Congreso en setiembre de 2019, que motivó la convocatoria a nuevas elecciones, en la resultaron elegidos algunos parlamentarios naranjas.
En 2020, ya sin ser mayoría, los parlamentarios de Fuerza Popular no dejaron de alinearse con las demandas de los grandes poderes económicos del país.
Fujimoristas se alinearon con la Confiep para evitar que no se ratifique el importante y necesario Acuerdo de Escazú. Foto: Servindi
Un claro ejemplo de esto es la oposición rotunda de las congresistas fujimoristas a la ratificación del Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de la región que busca proteger a los defensores ambientales.
El debate sobre la ratificación del acuerdo estaba a cargo de la Comisión de Relaciones Exteriores, cuyo presidente era el parlamentario de Fuerza Popular, Gilmer Trujillo Zegarra.
Dicha ratificación venía siendo respaldada y exigida por organizaciones indígenas y de la sociedad civil, y recomendada por organismos autónomos como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público.
Pero del otro lado, era rechazada por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), gremio que hizo una “chanchita” de 2 millones de dólares en 2011 para apoyar la campaña de Keiko Fujimori.
La Confiep lideró una campaña de desinformación en la que argumentaron falsamente que, al ratificar el acuerdo, Perú perdería soberanía y expondría más del 60% de su territorio correspondiente a la Amazonía.
Esto quedó registrado en un pronunciamiento que emitió el gremio empresarial en julio de 2020, firmado entre otros por la Asociación Nacional de Industrias y la Asociación de Exportadores (ADEX).
Tras la campaña de desinformación contra el acuerdo liderada por la Confiep, la comisión presidida por el fujimorista Trujillo decidió no ratificar el acuerdo.
Los votos con los que se archivó el pedido de ratificación fueron de congresistas de Fuerza Popular (2), Acción Popular (2), Alianza para el Progreso (2), Unión por el Perú (1), Frepap (1) y Podemos Perú (1).
Como se ha podido ver a lo largo de esta nota, detrás de la candidata presidencial Keiko Fujimori hay grandes intereses que se mueven desde hace años con mucha fuerza y descaro.
Bajo este escenario, responder a quiénes respondería Fujimori de llegar al poder no amerita mucha interpretación. Los hechos, los aportes millonarios y los lobbys hablan por sí solos.
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