Servindi, 2 de noviembre, 2021.- La intervención de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) para la seguridad ciudadana genera un grave riesgo para los derechos humanos, advierte la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
La medida se ejecuta a la luz del D.L. N°1095 que permite la intervención de las FFAA sin declaratoria de estado de emergencia previa, lo que vulnera los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.
Además, la intervención de las FFAA es ineficaz frente a la inseguridad ciudadana, indica la Coordinadora. Cita el caso de la Provincia Constitucional del Callao durante el 2015 cuando no tuvo impactos probados.
La Coordinadora demanda la inmediata derogatoria de la Resolución Suprema N°191-2021–IN que aprueba la intervención de las FFAA en Lima y Callao.
Remarca que la seguridad ciudadana requiere fortalecer a la policía con entrenamiento y equipos adecuados, participación ciudadana y lucha contra la corrupción.
Dar esta norma ante diversos sectores que demandan el accionar del Estado es antidemocrático. “No se responde a la violencia con más violencia. Ninguna razón de estado la puede justificar” indica el comunicado de la CNDDHH.
La medida cuestionada
El Gobierno autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, para asegurar el control y el mantenimiento del orden interno, por 30 días calendario.
La norma indica que la actuación de las FA. AA. es una tarea de apoyo a la misión de la Policía Nacional y no releva la activa participación de esta. El control del orden interno permanece en todo momento a cargo de la PNP.
Segín indica la norma, la actuación de las FA. AA. se dirige a contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el derecho a la paz y a la tranquilidad.
Asimismo, al adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población afectada.
En los considerandos de la norma se indica que la Policía Nacional solicitó la intervención de las Fuerzas Armadas en su apoyo, para asegurar el control y el mantenimiento del orden interno.
El pedido se sustentó en el Informe N° 129-2021-SCG-PNP/OFIPOI, en el cual expone sobre la problemática existente en el departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao, a consecuencia de la delincuencia común y organizada.
El documento advierte un incremento significativo del índice delictivo en dichas zonas, en las que operan organizaciones delictivas dedicadas, ente otros, al tráfico ilícito de drogas en sus distintas modalidades, tenencia ilegal de armas, robos, hurtos y otros delitos.
La situación pone en peligro la integridad física de la ciudadanía y ha logrado sobrepasar la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú, indica el informe.
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