Gobierno también debe gestionar de modo más eficiente la conflictividad social, recomienda la defensora del pueblo en un oficio remitido al premier Alberto Otaróla.
Servindi, 2 de enero, 2023.- La defensora del pueblo, Eliana Revollar, invocó al Gobierno central a fortalecer sus mecanismos de diálogo para atender oportunamente la grave crisis social que vive el país.
Asimismo, pidió que gestionen de modo más eficiente la conflictividad social, fortaleciendo su política de prevención y garantizando el uso adecuado de la fuerza en el control del orden interno.
Recordaron que, a la fecha, hay 28 personas muertas, y 392 civiles y 290 policías heridos, en el contexto de las recientes protestas, cuyos casos deberán ser investigados por el Ministerio Público.
Respecto a las demandas desatendidas que han elevado el número de conflictos sociales en el país —221 a noviembre de 2022—, recomendaron reanudar reuniones para atender estas agendas.
En ese sentido, también proponen la conformación de equipos de intervención permanente en el corredor minero (Apurímac y Cusco), y Loreto, para abordar los problemas desde una perspectiva territorial y de políticas públicas.
Estos pedidos y sugerencias fueron dirigidas por la defensora Eliana Revollar al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, mediante un oficio remitido el 30 de diciembre de 2022.
El oficio incluye recomendaciones para hacer frente a la lucha contra la corrupción, el clima hostil contra la prensa y la violencia contra las mujeres en sus diversas manifestaciones.
Asimismo, contiene alertas sobre el avance de la deforestación en la Amazonía y las actividades informales e ilícitas, así como de la necesidad de proteger a los defensores ambientales.
“Solo en los últimos 20 años el Perú ha perdido más de 2.6 millones de hectáreas de bosques” y “al menos 14 personas defensoras” perdieron la vida entre 2020 y 2022, apunta el organismo.
Seguidamente, se expresan sugerencias en materia de salud (reforma del sistema de salud), educación (integrar a personas con discapacidad) y para reducir la discriminación con población migrante.
“Todas estos aspectos de la gestión estatal deben encontrar su sustento en el desarrollo de la Política Nacional de Derechos Humanos”, sostiene finalmente la defensora del pueblo en su oficio.
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