Servindi, 21 de agosto, 2016.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos
El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por María Jimena Aliaga y Rafael Ponte.
Mundo Indígena al 21 de agosto de 2016 (Puede descargar el audio con clic derecho en el botón "Reproducir" y luego en "Guardar audio como...").
Consulta previa. El primer ministro Fernando Zavala afirmó que su gobierno respetará el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas.
Así lo afirmó en su discurso de investidura ante el Congreso de la República, en el cual anunció que “el Ministerio de Cultura estará enfocado en hacer transversal la gestión intercultural”.
Indicó que se elaborarán estrategias para implementar la consulta previa y para la salvaguarda y revalorización de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y originarios.
Por otra parte, comprometió que el Perú al Bicentenario “será líder en la región en la adopción y cumplimiento de estándares ambientales por parte de las compañías mineras”.
Sin embargo, indicó que se deberá identificar y remover las “barreras administrativas que puedan trabar la ejecución de proyectos” sin que queden claras las implicancias que tendría dicho accionar.
Impacto ambiental. Organizaciones indígenas y de la sociedad civil enviaron una carta a las máximas autoridades del Gobierno con ocho recomendaciones para mejorar la evaluación ambiental frente a la anunciada prioridad que se dará a proyectos extractivos.
El documento indica que se debe asegurar la independencia, sostenibilidad financiera y operativa del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE).
Asimismo, entre otras cosas, sugiere que se aplique la consulta previa a los pueblos indígenas y que se impulse la planificación y ordenamiento territorial a cargo de los gobiernos locales y regionales.
Áreas naturales. El especialista Marc Dourojeanni cuestionó la propuesta de los dirigentes del sector minero, petrolero y del Presidente del Directorio de Perupetro de abrir las áreas naturales a la explotación de dichos recursos.
Dourojeanni indicó que es necesario establecer un equilibrio entre lo que se usa y lo que se preserva para no dificultar el presente ni arriesgar el futuro.
Igualmente consideró que la propuesta de explotar las áreas naturales “busca favorecer intereses particulares y de corto plazo”.
Cotabambas. Frentes de defensa de la provincia de Cotabambas, en Apurímac, solicitaron la presencia del Primer Ministro Fernando Zavala y por lo menos del titular de Energía y Minas en la Mesa de Diálogo que tendrá lugar el lunes 22 de agosto en Tambobamba.
Sostienen que es importante que una de las autoridades del más alto nivel escuche las demandas de las organizaciones y autoridades de Cotabambas como un gesto de voluntad política del gobierno de solucionar sus problemas.
La Mesa de Diálogo es el resultado de un acuerdo al que llegaron las autoridades del gobierno de Ollanta Humala y los pobladores de Cotabambas, tras el estallido del conflicto social en setiembre de 2015.
El conflicto por el proyecto minero Las Bambas tuvo como saldo tres muertos, dos personas con detención preventiva de seis meses, una persona con incapacidad física y más de 100 dirigentes denunciados.
Espinar. Campesinos afectados por metales pesados piden un plan integral sostenido de salud para todos los afectados en la provincia de Espinar y no campañas aisladas dirigidas solo a un grupo.
En cartas dirigidas a la ministra de Salud Patricia Funegra y al Director Regional de Salud Cusco, precisaron que la atención médica para 180 personas de las comunidades de Huisa y Huancané es insuficiente.
Los suscritos, entre los que se encuentra Juan Magaño Cuti, presidente de la comunidad campesina de Huisa, remarcaron que son 600 las personas afectadas por exposición a metales pesados.
Baguazo. A seis años de ocurrido el conflicto amazónico que terminó en el denominado “Baguazo”, el Juicio oral por el caso Curva del Diablo se acerca a su fin.
En dicho proceso las acusaciones de la fiscalía contra indígenas carecen de pruebas probatorias y los presuntos delitos están sustentados solamente en subjetividades y supuestos.
Así lo afirmó la Asociación Ambiental Raíces, quien consideró al juicio como “un instrumento de persecución legal y política” que ha afectado el derecho a trabajar de los indígenas acusados, llevándolos incluso a una “condición de mendicidad”.
Fiscalización. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) aprobó la Guía para la Fiscalización Ambiental a la pequeña minería y minería artesanal.
Ésta brinda pautas y orienta las funciones de fiscalización ambiental a cargo de los gobiernos regionales y la Dirección General del Ministerio de Energía y Minas.
Asimismo, contiene una propuesta de metodología para el cálculo de multas aplicables a la pequeña minería y minería artesanal.
Moquegua. Cientos de manifestantes de diferentes organizaciones sociales y gremiales se movilizaron el miércoles 17 de agosto por las calles de Moquegua denunciando malas prácticas delas empresas mineras de la región.
La movilización convocada por el Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Moquegua (FEDIP) acusó al gobernador regional Jaime Rodríguez y al alcalde Hugo Quispe de traición por aceptar un ofrecimiento de la minera Southern Perú.
Este consiste en una suma de 400 millones de soles, la cual fue considerada irrisoria frente a la “multimillonaria afectación ambiental en la Región Moquegua”.
Grupo parlamentario indígena. El lunes 15 de agosto se instaló en el Congreso de la República el Grupo Parlamentario Indígena (GPI), para el periodo 2016 – 2021.
El citado grupo es un espacio multipartidario, cuya coordinación será asumida por la congresista Tania Pariona Tarqui del Frente Amplio, quien fue elegida por unanimidad.
De igual modo, tiene capacidad de promover iniciativas legislativas, así como para emitir opinión y contribuir a la labor de comisiones cuyas decisiones afecten de modo transversal a los pueblos indígenas.
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