Servindi, 3 de abril, 2016.- Entregamos a nuestra audiencia un nuevo boletín semanal, edición Internacional, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental, principalmente de la región. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.
El resumen de noticias de Servindi es locutado por María Jimena Aliaga y Rafael Ponte.
Mundo Indígena al Día - 3 de abril de 2016 (Puede descargar el audio con clic derecho en el botón "reproducir" de la barra gris y luego en "guardar audio como")
Glifosato. Mediante su sitio web, la organización Salva la selva, invitó a sumarse a una petición en línea para pedir la prohibición definitiva del glifosato, el pesticida más vendido del mundo, sustancia activa en herbicidas de Monsanto.
Como se recuerda, la Organización Mundial de la Salud clasificó el 2014 el glifosato como muta-génico y probablemente cancerígeno para el ser humano”.
Pese a las alarmas sobre su uso, la Comisión Europea pretende ampliar el permiso para aplicar el glifosato en Europa por quince años más, hasta el 2031.
Venezuela. Agrupaciones ecologistas rechazaron la iniciativa del Gobierno venezolano de promover la minería en el río Orinoco, en la zona denominada el “Arco Minero”.
En un documento entregado al Gobierno, los opositores consideraron que la minería ocasionará graves impactos ambientales y no llevará a superar el modelo rentista petrolero.
Del mismo modo, organizaciones indígenas exigieron ser consultadas sobre dicha iniciativa minera y que se continúe con la política sobre demarcación de tierras.
El abogado Rodolfo Montes de Oca aseguró que el decreto por el cual se creó el “Arco Minero” atenta contra el Estado de Derecho y es inconstitucional, por vulnerar la consulta previa.
México.Pescadores de Nuevo Balsas, en el municipio de Cocula, estado de Guerrero, anunciaron que tomarán medidas de fuerza si no son indemnizados por una minera canadiense que contaminó el río Balsas, su fuente de pesca.
La indemnización exigida a la empresa Media Luna para cerca de 700 personas es de 500 mil pesos, aproximadamente 28 mil dólares.
Los pobladores denunciaron que aparecieron enfermedades respiratorias como la sinusitis, a causa de la contaminación del aire por el uso de explosivos.
Asimismo, señalaron que hay casos de abortos en Nuevo Balsas y la comunidad de Ahuatlán, los cuales según afirman serían consecuencia de la contaminación
Nicaragua. Un informe de la agencia IPS advierte que una sequía de tres años y la deforestación masiva de los bosques durante las últimas décadas secaron la mayoría de las fuentes superficiales hídricas de Nicaragua.
La escasez del recurso hídrico ha sumido a la población en una crisis cada día más acuciante de acceso al agua potable.
Jaime Incer Barquero, exministro y presidente de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible, informó que el país perdió hasta 60 por ciento de las fuentes superficiales y posiblemente hasta 50 por ciento de las fuentes subterráneas.
Tráfico sexual. Un informe de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada, reveló que miles de personas que trabajan en las minas son víctimas de explotación laboral o trata por grupos del crimen organizado.
Cuando estas minas están controladas directamente por grupos delictivos, o en zonas controladas por el crimen organizado, es elevado el riesgo de tráfico de seres humanos, explica el documento.
Los casos más numerosos de este tipo se encuentran en Perú y Colombia, donde también se encuentran casos de explotación y de tráfico sexual e infantil, precisó.
Colombia. Ante las denuncias sobre la muerte de tres menores en el departamento de Antioquia, presuntamente infectados con malaria, una misión de salud fue enviada al municipio de Vigía del Fuerte.
Según el secretario de salud de Antioquia, Héctor Jaime Garro, el objetivo es verificar la denuncia dada por la Organización Indígena de Antioquia que señala además la presencia en la zona de 276 indígenas embera, afectados con malaria.
Aida Suárez Santos, presidenta de la organización indígena expresó su preocupación por que esta situación origine un éxodo.
Argentina. El Decreto de Necesidad y Urgencia expedido por el Gobierno es un retroceso en los alcances de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, respecto a la libertad de expresión y los límites sobre la concentración de medios.
Así lo sostiene Gustavo Gómez, director del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, quién señala que el decreto tendrá impactos negativos en el fomento de la diversidad y el pluralismo.
Gómez aseguró que el nuevo gobierno refuerza la posición de los actores nacionales más concentrados y trata de revertir los esfuerzos para limitar la concentración indebida de medios.
Perú. El jefe del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Daniel Sánchez Velásquez, informó en un artículo que el suicidio de mujeres indígenas awajún y kukama, se acentuó en los últimos años.
Esto se debería a nuevos factores como el ingreso de actividades ilegales a sus tierras o actividades extractivas sin la adecuada vigilancia ambiental y social, que deterioran sus condiciones de vida.
El funcionario consideró necesario que el estado efectúe reformas para disminuir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, y reducir la inseguridad de su futuro.
Asimismo, lamentó que a 18 meses de haber culminado la consulta de la Política de Salud Intercultural con los pueblos indígenas, el Poder Ejecutivo no haya cumplido con aprobarla.
Chile. El economista Sebastián Ainzúa de la Plataforma Chile Mejor sin TPP sostuvo que los nuevos tratados de libre comercio ya no tienen que ver con comercio y lo que menos tienen es de libre.
Precisó que "son reglas que limitan la decisión de los Estados y la soberanía de los pueblos más allá de temas de comercio” y “ponen un límite para que los Estados no puedan restringir las inversiones".
Reconoció que dada la naturaleza del tratado TPP, este debió ser consultado a los pueblos indígenas.
Citó el caso de las semillas, elemento que salvaguardan los pueblos indígenas y sobre las cuales ya no tendrían ningún derecho.
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