¿Corrupción en el Minagri?: Tres razones para sospecharlo

Un despido arbitrario, un nombramiento cuestionado y la propuesta de un nuevo reglamento que beneficiaría a compañías investigadas por deforestación, dan luces sobre los intereses que se tejen al interior del Ministerio de Agricultura y Riego: ¿para quién trabaja el titular del sector, Jorge Montenegro?

Servindi, 3 de octubre, 2020.- La posible aprobación de un nuevo reglamento ambiental que beneficiaría a empresas investigadas por deforestación ha vuelto a poner en el ojo de la tormenta al Ministerio de Agricultura (Minagri).

Sin embargo, como no es la primera vez que esta cartera es acusada de trabajar a favor de unos cuántos intereses, en este informe recopilamos las últimas decisiones cuestionables adoptadas desde el Minagri.

Los hechos van desde el despido arbitrario del jefe del Serfor, Luis Gonzáles-Zúñiga, hasta el reciente nombramiento como asesor de la Alta Dirección del Minagri de Jorge Meléndez, personaje vinculado a una organización criminal investigada por delito de tráfico de madera.

Despido arbitrario

El 5 de junio de este año, el Ejecutivo, con la firma del ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, decidió cesar repentinamente del cargo de director ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) a Luis Gonzáles-Zúñiga.

Gonzáles-Zúñiga, a quien por ganar un concurso público le correspondía culminar su mandato el 2024, venía impulsando medidas contra el tráfico de madera; sin embargo, ese mes lo echaron sin avisarle de la decisión.

En una entrevista que el funcionario concedió a Servindi el día de su despido, dijo que su gestión era vista “como una piedra en el zapato” para los intereses económicos que se esconden detrás de la lucha contra los delitos ambientales.

Titular del Minagri, Jorge Montenegro (izq.) firmó, sin dar razones, el retiro del cargo como jefe del Serfor de Luis Gonzáles-Zúñiga (der.) en junio de este año. Composición: Revista agraria.

De hecho, la noticia de su despido no fue más que la consumación de un intento por sacarlo del Serfor que, meses antes, había denunciado el propio funcionario.

“[El 3 de marzo] tuve una reunión con la viceministra [de Políticas Agrarias] y me solicitó mi renuncia. Yo le pregunté cuáles eran las razones y me dijo que era una decisión de la alta dirección del Minagri”, le contó Gonzáles-Zúñiga a OjoPúblico, sobre el primer intento de sacarlo del cargo.

La viceministra que le había pedido la renuncia era Paula Carrión, funcionaria que entre noviembre de 2016 y abril de 2019, ocupó el cargo de gerenta de agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Curiosamente, este gremio empresarial fue uno de los que había expresado su rechazo ante las medidas del Serfor que proponían una mejor trazabilidad a la madera extraída de los bosques amazónicos, según informó OjoPúblico.

Pero las coincidencias no terminaron allí.

Mientras más de 50 instituciones de la sociedad civil y organizaciones indígenas manifestaban su rechazo por la destitución de Gonzáles-Zúñiga, los gerentes forestales de tres regiones de la Amazonía del Perú, salieron a respaldar la decisión del Minagri.

Estos funcionarios fueron Marcial Pezo Armas de la región Ucayali, Kenji Terán Piña de Loreto, y Robert Nishida Añez de Madre de Dios, todos vinculados con investigaciones relacionadas al tráfico ilegal de madera.

Tras indagar en sus antecedentes, Servindi pudo conocer que Pezo Armas y Terán Piña fueron investigados en varias ocasiones por delitos de tráfico ilegal de productos maderables y por responsabilidad funcional.

Pezo Armas, además, se vio involucrado en el caso Saweto y fue investigado por sustentar la entrega de permisos de extracción de madera con informes técnicos que contenían información falsa e inexacta.

Mientras que Terán Piña, fue acusado de elaborar falsos informes de supervisión de campo que habrían permitido el blanqueo de madera de procedencia ilegal.

Por su parte, Robert Nishida, el tercer gerente forestal que respaldó la decisión del Minagri, fue detenido en agosto pasado junto a otras 16 personas, por integrar presuntamente una red criminal dedicada al tráfico de madera.

Un mes antes, en julio, Nishida había sido retirado del cargo por el gobernador regional, Luis Hidalgo Okimura, quien señaló en ese momento, de acuerdo con Radio Madre de Dios, que su decisión se daba para cambiar la imagen del sector forestal.

Robert Nishida, exgerente forestal de Madre de Dios y uno de los que respaldó el retiro de Gonzáles-Zúñiga, fue detenido en agosto por integrar presuntamente una red dedicada al tráfico de madera. Foto: Diviac

Nada de esto, sin embargo, inmutó al titular del Minagri, Jorge Montenegro, quien, en un primer momento, para evitar dar declaraciones, ordenó que se publique un documento donde se explicaran las razones de la destitución de Gonzáles-Zúñiga.

Los argumentos que el Minagri presentó en ese documento —entre ellas, una supuesta ineficiencia en la gestión de Gonzáles-Zúñiga—  serían luego desmentidos por organizaciones de la sociedad civil y el propio funcionario, quien aseguró que nunca antes lo convocaron desde el Minagri, para advertirle la supuesta “ineficiencia” de su gestión.

Montenegro también fue citado al Congreso de la República para responder por estos hechos, pero, una vez más, justificó su decisión alegando una supuesta ineficiencia en la gestión de Gonzáles-Zúñiga.

Los representantes de las asociaciones civiles y organizaciones campesinas e indígenas que integran el Consejo Directivo (CD) del Serfor, calificaron la destitución de Gonzáles-Zuñiga como una “decisión arbitraria” y cuestionaron que tampoco se les haya informado a ellos sobre esta decisión.

Gonzáles-Zúñiga había llegado al directorio de Serfor tras ganar un concurso público; sin embargo, en la resolución de su retiro, el Ejecutivo alegó una supuesta “pérdida de confianza” para retirarlo del cargo.

Por este motivo, en julio de este año el funcionario despedido presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial para ser restituido en el cargo, la cual fue admitida a mediados de setiembre. El proceso, desde entonces, continúa su curso.

Cuestionado asesor

El 22 de octubre pasado, el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, designó como asesor de la Alta Dirección de su despacho a Jorge Enrique Meléndez Celis, excongresista y exministro de Desarrollo e Inclusión Social.

Jorge Meléndez fue uno de los 130 congresistas que tuvo que dejar el cargo tras la disolución del Parlamento, en setiembre de 2019. Pero, a diferencia de sus colegas, días después Meléndez ya tenía un nuevo trabajo en el Estado.

A inicios de octubre de ese año, fue designado como ministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) como parte del gabinete que presidía entonces Vicente Zeballos.

Sin embargo, apenas 23 días después de asumir el puesto, el 27 de octubre, Jorge Meléndez renunció al cargo tras revelarse audios que lo involucraban con una organización investigada por tráfico de madera.

Jorge Meléndez, quien renunció al Midis por vínculos con red de tráfico de madera, ha sido nombrado asesor de la Alta Dirección del Minagri. Foto: Midis

OjoPúblico reveló que el cabecilla de la organización criminal “Los Cumaleros del Oriente”, Hitler Pérez Rodríguez ‘Pitirry’, dijo hasta en dos ocasiones en 2018, que el entonces congresista Meléndez los había ayudado a frenar la fiscalización en su contra en los bosques de Loreto.

El portal de investigación accedió a las transcripciones de los audios que habían sido interceptados por la Policía, entre agosto y octubre de 2018, en medio de una investigación que seguían contra la organización.

En los diálogos interceptados, se escucha a Pérez establecer un plan para evitar que el Osinfor supervise el sector de bosque de Loreto de donde supuestamente ellos extraían madera.

En un primer audio, registrado el 7 de setiembre de 2018, Pérez le dice a su interlocutor que “por medio del congresista Meléndez”, han logrado “posponer de quince a treinta días [la inspección de Osinfor] y eso [se] va a aprovechar”.

En otro diálogo del 18 de setiembre, Pérez conversa con otro de sus socios y reitera que “por medio del congresista Meléndez (…) le han logrado posponer ya hasta quince o veinte días esa inspección”.

Y agrega en esa conversación: “El jueves empezamos a dar salida a esta huevada, cuando Osinfor entra no hay nada, nada de volumen a la mierda. Por eso estamos amarrados con el congresista [Meléndez]. O sea, el día jueves”. 

En efecto, OjoPúblico pudo determinar que la inspección ordenada por Osinfor el 14 de setiembre del 2018 a los bosques de la Comunidad Nativa de Monte Rico, finalmente se realizó 32 días después, entre el 16 y 20 de octubre de ese año.

En los audios, además, se escucha a Pérez coordinar la entrega de permisos forestales para explotar y comercializar madera con la aprobación de funcionarios del Gobierno Regional de Loreto, presidido en ese momento por Fernando Meléndez Celis, hermano del ministro que tuvo que renunciar.

El objetivo, según el informe de OjoPúblico, era transportar y comercializar con permisos falsos la madera extraída de forma ilegal de Loreto, antes de que el Osinfor realice la inspección.

Para eso Pérez, de acuerdo a los audios interceptados, logró obtener acceso a información privilegiada por sus nexos en el Gobierno Regional de Loreto, lo que le permitió cumplir con su plan.

Así, para cuando los inspectores de Osinfor constataron que los permisos otorgados por funcionarios del Gobierno Regional de Loreto eran fraudulentos, la organización ya había procesado y movilizado 11.761 metros cúbicos de los 11.946 de madera ilegal, según OjoPúblico.

Jorge Meléndez (der.) es hermano del actual congresista de APP, Fernándo Meléndez (izq.), investigado por el otorgamiento ilegal de derechos a favor de una empresa sancionada por deforestación. Composición: Infórmate Perú.

Al renunciar como titular del MIDIS, Jorge Meléndez rechazó las imputaciones en su contra y se defendió señalando que todas las acusaciones tenían por objetivo perjudicar al mandatario, Martín Vizcarra.

Hoy Jorge Meléndez, vinculado además con polémicas empresas del sector forestal, ha vuelto como asesor de la Alta Dirección del Ministerio de Agricultura, un retorno por todo lo alto.

Mientras que su hermano, el exgobernador regional, Fernando Meléndez, se desempeña ahora como congresista por Alianza Para el Progreso (APP) y tiene una investigación por el delito responsabilidad de funcionario público, en el otorgamiento ilegal de derechos a favor de Cacao del Perú (hoy Tamshi SAC), compañía sancionada por deforestar la Amazonía.

El legislador votó recientemente en contra de la ratificación del Acuerdo de Escazú, un tratado ambiental que busca garantizar los derechos fundamentales de acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia en materia ambiental.

Con su voto, la comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento terminó rechazando el Acuerdo de Escazú a nombre de Perú, pese a que diversas organizaciones indígenas como Aidesep y organismos autónomos como la Defensoría del Pueblo, exigían y sugerían su ratificación.           

Norma con nombre propio

Lo que hasta el momento parecían hechos aislados, parecen tomar forma con una reciente propuesta del Ministerio de Agricultura (Minagri) que pretende aprobar un nuevo Reglamento de Gestión Ambiental del sector.

En él, según han denunciado diversas instituciones, se establece una moratoria de 2 años para convalidar las actividades agroindustriales de empresas que no cuentan con certificación ambiental, precisamente, por haber incumplido con la normatividad ambiental y forestal.

En otras palabras, las empresas a las que se les rechazo su pedido de certificación ambiental por incumplir las normas, tendrían una nueva oportunidad para solicitarlas al Estado.

Pero, además de eso, la propuesta del Minagri incluye otro beneficio: que, durante el periodo de adecuación, las empresas que inicien este trámite, seguirán operando y no podrán ser sancionadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

“Se les pretende eximir de su responsabilidad administrativa y penal, sin considerar los procesos en curso en los que se ha evidenciado la comisión de infracciones y delitos”, expresaron en un comunicado organizaciones como el Instituto de Defensa Legal (IDL), Kené – Instituto de Estudios Forestales y Ambientales, entre otras.

Tamshi SAC, compañía que opera sin certificación ambiental en el fundo Tamshiyacu, en Loreto, sería una de las beneficiadas con propuesta del Minagri. Foto: OjoPúblico.

De aprobarse esta propuesta, algunas de las empresas que serían beneficiadas son Tamshi SAC (Tamshiyacu), Ocho Sur U SAC (fundo Tibecocha) y Ocho Sur P SAC (fundo Zanja Seca), vinculadas y fundadas por el empresario Dennis Melka.

Estas empresas, además de su origen, tienen en común que el Minagri les ha negado la certificación ambiental y son investigadas por el Ministerio Público y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), por deforestación en Loreto y Ucayali.

Tamshi SAC, por ejemplo, sobre quien recae además un proceso administrativo sancionador en curso por parte del OEFA, podría solicitar la adecuación de su certificación ambiental.

A pesar de las investigaciones que se siguen contra esta compañía que no cuenta con certificación ambiental, OjoPúblico reveló que Tamshi SAC continúa comercializando cacao de Loreto a Lima, gracias a un recurso que presentó ante el Poder Judicial contra el rechazo del Minagri a su Programa de Manejo Ambiental.

En julio de 2019, el Segundo Juzgado Unipersonal Penal de Maynas, condenó en primera instancia a 8 años de prisión preventiva a Rubén Antonio Espinoza, exfundador y gerente general de Cacao del Perú Norte SAC —ahora Tamshi SAC—, por el tráfico ilegal de productos maderables y obstrucción a la justicia.

En el fallo que fue catalogado de histórico, también se ordenó a la compañía pagar una reparación civil de más de S/ 15 millones.

A más de un año de aquel fallo, y habiendo iniciado en octubre las audiencias de apelación contra esta sentencia, la Corte Superior de Justicia de Loreto, deberá decidir en las próximas semanas si confirma o declara nulo este fallo.

El pasado 2 de noviembre, el OEFA impuso una multa de S/ 129 millones a Tamshi SAC por operar sin certificación ambiental. Foto: OEFA

Mientras el Minagri intenta aprobar un nuevo reglamento que beneficiaría a este tipo de empresas, el OEFA acaba de ordenar a Tamshi SAC la paralización definitiva y de manera inmediata de sus actividades de cultivo intensivo de cacao.

El ente supervisor, además, le impuso una multa de 30 mil Unidades Impositivas Tributarias (UIT), alrededor de S/ 129 millones, por realizar actividades agrícolas sin contar con un instrumento de gestión ambiental aprobado por la autoridad competente.

Y a ello, el OEFA le agrega otra multa por 5 UIT (S/ 21,500), por realizar un control deficiente de los residuos que Tamshi SAC genera como consecuencia de su actividad.

El nuevo reglamento que pretende aprobar el Minagri, “contiene graves vicios de inconstitucionalidad”, “lesiona el principio de no regresión ambiental” y “convalida actos delictivos en contra de los defensores indígenas y ambientales de la Amazonía”, según han señalado un grupo de instituciones de la sociedad civil.

A partir de estos hechos, la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Organización Regional de los Pueblos indígenas del Oriente (Orpio), han solicitado formalmente al Minagri y al Minam, la aplicación de la consulta previa del referido reglamento.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, ha expresado su preocupación por la propuesta del Minagri y pidió a esta institución que prepublique la nueva versión del Reglamento de Gestión Ambiental.

Asimismo, instó al Minagri a asegurarse de que “ninguna empresa pueda operar sin contar previamente con el correspondiente instrumento de gestión ambiental aprobado, a fin de prevenir que actividades informales e ilegales del sector agroindustrial queden impunes”.

Los próximos días serán claves para conocer de qué lado está el Ministerio de Agricultura y Riego, y para quién trabaja realmente su titular, Jorge Montenegro.

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