Corrupción en el Estado, especialmente de los gobiernos regionales, alientan expansión de monocultivos agroindustriales en la Amazonía a costa del despojo de tierras comunales, denunció especialista del Instituto de Estudios Forestales y Ambientales - Kené, Lucila Pautrat.
Por Patricia Saavedra
Servindi, 18 de enero, 2017.- El Perú tiene como uno de sus compromisos climáticos y por el medio ambiente al 2021 —año del Bicentenario— lograr una deforestación cero. Sin embargo, el sentido de las políticas estatales como internacionales que promueven la producción de monocultivos agroindustriales en la Amazonía más bien alientan la tala y la deforestación.
A ello se suma la corrupción en los procesos de concesión de tierras liderados desde el propio Estado en perjuicio de las comunidades originarias. Lucila Pautrat, especialista del Instituto de Estudios Forestales y Ambientales – Kené nos explica por qué existe una incongruencia entre las políticas y los compromisos que asume el Estado a nivel internacional en materia de deforestación.
- ¿Estamos perdiendo la batalla contra la deforestación?
El Perú, de acuerdo con Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se comprometió a reducir en un 30 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030. Asimismo, en el marco del Acuerdo de París y otras cumbres de cambio climático, se comprometió a una deforestación cero al 2021, en el contexto del plan Bicentenario.
Sin embargo, durante los últimos tres años la deforestación en el Perú que al 2005 se estimaba en 75 mil hectáreas por año, se incrementó a 113 mil durante en el 2013 y 2014 debido al impacto de la expansión de los monocultivos agroindustriales en Loreto, Ucayali y San Martin; y a la minería ilegal en Madre de Dios. Hay una incongruencia entre las políticas y los compromisos que asume el Estado a nivel internacional, en términos de la reducción de la deforestación.
Estás políticas son lideradas e impulsadas por el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Relaciones Exteriores; y la promoción de los monocultivos agroindustriales son impulsados por el propio gobierno a través del Ministerio de Agricultura y los gobiernos regionales. Tenemos políticas contradictorias que finalmente terminan afectando a los pobladores locales, a los pequeños agricultores y a los territorios de los pueblos indígenas.
Antes en el Perú la deforestación se daba por pequeños agricultores de parcelas de cultivos ilícitos, pero ahora vemos que es una deforestación a escala industrial.
- ¿Podría ejemplificar las dimensiones que ha cobrado la mafia y los poderes detrás de la tala ilegal y el tráfico de tierras?
Tanto la tala ilegal como el acaparamiento de tierras son un tipo de organización vinculada a la corrupción o que la promueven también a nivel de los gobiernos regionales y vienen generando incentivos económicos para el tráfico de tierras. En esta modalidad han participado empresas formales como ha sido anteriormente el grupo Palmas, en San Martín, como también empresas vinculadas a United Cacao, en Loreto y en Ucayali. Entonces, si bien la minería ilegal en Madre de Dios ha deforestado más de 6000 ha de bosques, en el caso de los monocultivos agroindustriales se ha producido una deforestación de más de 20 mil ha. Acumuladas en lo que se ha producido en San Martín como en Loreto y en Ucayali, suman más de 20 mil ha en los últimos dos años.
Eso evidencia que el tráfico de tierras, la deforestación y la tala ilegal han alcanzado una dimensión que no existía. Antes en el Perú la deforestación se daba por pequeños agricultores de parcelas de cultivos ilícitos, pero ahora vemos que es una deforestación a escala industrial.
Ese cambio en el paisaje y en el tipo de comportamiento no se veía antes. En Madre de Dios, por la minería ilegal impulsada por la carretera Interocéanica, pero en el caso de Loreto, Ucayali y San Martín, por los cultivos agroindustriales relacionados a cultivos ilícitos. En Madre de Dios la tala era alentada por la minería ilegal —impulsada a su vez por la carretera Interoceánica—, pero en el caso de Loreto, Ucayali y San Martín, por los cultivos agroindustriales relacionados a cultivos ilícitos.
- ¿Cree que existe una estrategia de acaparamiento de tierras?
Sí. Lo que expresa precisamente el discurso del "perro del hortelano! de Alan García en el 2007 es una política de apertura del mercado de las tierras de la Amazonía al mercado de tierras del gran capital. Esa política del ex presidente se plasma a través de una serie de dispositivos, decretos legislativos y normas que permiten abrir la Amazonía hacia el mercado de tierras. Esto es un poco lo que está detrás, desconocer los derechos ancestrales que tienen los pueblos indígenas sobre la posesión, el reconocimiento de sus tierras y territorios indígenas para otorgarlos a través de certificados de posesión, de títulos a sectores empresariales. Generar una capitalización hacia la Amazonía, creando problemas ambientales y sociales
En Madre de Dios la tala era alentada por la minería ilegal —impulsada a su vez por la carretera Interoceánica—, pero en el caso de Loreto, Ucayali y San Martín, por los cultivos agroindustriales relacionados a cultivos ilícitos.
- ¿Por qué es tan difícil para un nativo titular sus tierras, pero no para las empresas?
Es un hecho que la institucionalidad a nivel de los gobiernos locales es débil y vulnerable a la corrupción. Se está evidenciando en estos momentos que existen diversas modalidades mediante las cuales la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria – Disafilpa o las direcciones regionales agrarias otorgan certificados de posesión o titulan a las grandes empresas, pese a que las comunidades tienen solicitudes de adjudicación, ampliación o de reconocimiento de territorios indígenas desde hace más de 20 años.
La misma autoridad regional desconoce el derecho de los pueblos indígenas de poder acceder a la titulación o reconocimiento de sus tierras y territorios, y facilita o promueve la titulación de tierras para grandes o pequeñas empresas. Lo que hacen las empresas grandes es acopiar los títulos de pequeños agricultores.
- ¿En que funcionarios recaería la responsabilidad de esta situación?
Hay dos ministros que han sido denunciados penalmente por una participación directa en estos casos, el ex ministro von Hesse y Juan Benites. El actual ministro (de Agricultura) tampoco se ha pronunciado, hay una especie de silencio. Por parte del Ministerio del Ambiente, la respuesta también es débil y por parte de los gobiernos regionales ha habido una participación directa en las investigaciones fiscales que hay, por lo menos en Ucayali, donde ya dejan de ser delitos ambientales y pasaron a la fiscalía de crimen organizado. Ha habido una especie de participación directa de las autoridades regionales en este tipo de negociaciones con las empresas.
La misma autoridad regional desconoce el derecho de los pueblos indígenas de poder acceder a la titulación o reconocimiento de sus tierras y territorios, y facilita o promueve la titulación de tierras para grandes o pequeñas empresas. Lo que hacen las empresas grandes es acopiar los títulos de pequeños agricultores.
- ¿Qué hacer frente a la corrupción del Estado, especialmente a nivel de los gobiernos regionales?
Lo que estamos haciendo prinero es informarnos sobre qué cosa es lo que está pasando. Segundo, articular esfuerzos de diversos actores y líderes indígenas que están denunciando a nivel regional y local; y tercero, juntar a las tres regiones: Loreto, Ucayali y San Martín para generar algún tipo de estrategia conjunta que les permita tener una mayor incidencia en la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y continuar denunciando.
Aquí también hay un riesgo de conflicto social latente y lo que queremos es canalizar ese conflicto local que hay a través de las vías institucionales. Que no se llegue a una situación de violencia porque en ella terminan siendo los pueblos indígenas los más afectados. Lo que se quiere es buscar una salida institucional al conflicto para no llegar a una situación mayor.
- ¿Esta estrategia contemplará lo referente a la criminalización de quienes denuncian o protestan?
Tiene que haber una respuesta coherente del Estado. Si los líderes indígenas están defendiendo sus tierras y territorios, una criminalización de los líderes lo único que hace es exacerbar el conflicto. Entonces, hay que entrar también hacia el reconocimiento de los compromisos que ha asumido el Estado peruano a nivel internacional y dentro del marco constitucional de los derechos de los pueblos. Y tratar también que el Ejecutivo, en este caso el MINAGRI retroceda en estas políticas que generan vulneraciones y afectaciones a los pueblos y que reconozca también que la consulta previa en el caso del Plan Nacional de Palma Aceitera es un derecho, y que los pueblos indígenas lo han solicitado y que antes de aprobar ese plan tienen que pasar por consulta porque hay una afectación directa a los pueblos indígenas y a sus territorios. Y en el caso del Plan Regional de Palma Aceitera de Ucayali, que no ha pasado por consulta, esta norma es ilegal.
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