Servindi, 28 de febrero, 2022.- Un organismo de las Naciones Unidas recibió un pedido para que se investiguen las inversiones en palma aceitera del grupo Ocho Sur en la Amazonía peruana.
El pedido efectuado por organizaciones indígenas y de derechos humanos se presentó el 21 de febrero ante el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales.
La carta de alegaciones fue presentada por la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (FECONAU), el Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Forest Peoples Programme (FPP).
El alegato se presentó en nombre y por un mandato específico de la comunidad Santa Clara de Uchunya, del pueblo Shipibo-Conibo, y se refiere a la situación de deforestación y despojo territorial que enfrenta esa comunidad.
Los peticionarios denuncian violaciones de derechos humanos y daños ambientales ocasionados por una plantación de palma aceitera operada por el grupo Ocho Sur en Ucayali, en la Amazonía peruana.
Si la queja es declarada fundada el organismo de las Naciones Unidas estimará que las empresas, sus inversores extranjeros y el propio Estado peruano han violado los principios de la ONU y recomendará acciones para remediar esta situación.
Inversiones irresponsables
Las organizaciones denunciantes alegan que las actividades de Ocho Sur P (desde 2016) y de su predecesora Plantaciones de Pucallpa (entre 2012 y 2016) son contrarias a su responsabilidad de respeto de los derechos humanos.
Indican que incumplen los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos y no actúan con la debida diligencia para asegurarse de que sus acciones u omisiones no socaven los derechos de la comunidad.
La carta detalla cómo múltiples inversores internacionales, incluidos el grupo Anholt/Kattegat y Amerra Capital Management LLC, han impulsado las actividades de estas empresas durante los últimos diez años.
Esto a pesar de que conocían o deberían haber conocido los problemas de derechos humanos y ambientales asociados a Plantaciones de Pucallpa tanto en el momento de invertir, como al momento de adquirir la plantación detrás de la nueva cara jurídica del Grupo Ocho Sur.
Estos inversores también actuaron, y continúan actuando, en contravención a sus propias responsabilidades de respeto de los derechos humanos bajo los Principios Rectores, y sin preocupación por los efectos en la comunidad y el medio ambiente.
Los problemas han sido denunciados a lo largo de los últimos años a través de cartas y pronunciamientos públicos.
En esta secuencia histórica de actividades ilegales y violatorias de los derechos humanos, el hilo conductor ha sido la irresponsabilidad y especulación de una sucesión de inversores extranjeros que han ignorado completamente su deber de debida diligencia. Inicialmente el grupo Melka (detrás de United Oils Limited SEZC), seguido por el grupo Anholt/Kattegat y Amerra Capital (también detrás de United Oils Limited y luego de la actual propietaria de Ocho Sur P, Peruvian Palm Holdings) han ignorado las violaciones y abusos a los derechos humanos perpetrados por Plantaciones de Pucallpa y luego por Ocho Sur P.
Cita de la carta de denuncia
Pobladores de Santa Clara de Uchunya vienen denunciando desde el 2014 el arrebato de sus tierras ancestrales por parte de invasores. Los terrenos luego fueron convenientemente comprados por la empresa Plantaciones Pucallpa. Foto: IDL
Incumplimiento del Estado peruano
La denuncia también alcanza al Estado peruano que ha incumplido su obligación de proteger a la comunidad contra los abusos cometidos por estas empresas y sus financieros.
En particular, el gobierno no ha cumplido con su obligación de titular la totalidad de las tierras ancestrales de la comunidad y en cambio aprobó transacciones de tierras claramente ilegales.
Tampoco hizo cumplir las órdenes emitidas por sus órganos fiscalizadores con el objeto de proteger el medio ambiente, a pesar del incumplimiento de Plantaciones de Pucallpa y luego Ocho Sur P de las leyes ambientales del Perú.
Un representante de FECONAU, dijo: “confiamos en que el Grupo de Trabajo investigará estos abusos a nuestros derechos humanos y territorios ancestrales, que venimos denunciando ante el Estado peruano y organismos internacionales desde hace muchos años”.
“Presentamos esta denuncia porque el Estado, las empresas y los inversores deben respetar los derechos de los pueblos indígenas, escuchar nuestras voces y responder a nuestras demandas, en vez de discriminarnos.” prosiguió.
Álvaro Másquez Salvador, especialista legal de IDL, señaló que “la empresa Ocho Sur P., que opera el Fundo Tibecocha en Ucayali, carece actualmente de cualquier tipo certificación ambiental que otorga el Estado peruano.”
“Esto quiere decir que sus operaciones no cuentan con ninguna viabilidad ambiental en nuestro país. Lo lógico, en un contexto donde son múltiples las denuncias contra la empresa por daños ambientales y violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, hubiera sido que las autoridades peruanas corrijan oportunamente este problema.”
“Sin embargo, ya que tardan en hacerlo, hemos optado por pedir la intervención del Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas, para que hagan cumplir a todas las partes con sus obligaciones internacionales.” afirmó Másquez.
Descargar y revisar la carta de denuncia:
Datos adicionales:
- Ocho Sur P SAC, junto con Ocho Sur U SAC y Servicios Agrarios de Pucallpa SAC, forman parte del grupo Ocho Sur. La empresa matriz del grupo es Peruvian Palm Holdings, con sede en Bermudas.
- Los principales inversores en el grupo Ocho Sur son el grupo Anholt/Kattegat y Amerra Capital Management LLC. Este primero incluye Anholt Services (USA) Inc. con sede en los Estado Unidos y Anholt Investments Ltd y Kattegat Trust, ambas con sede en las Bermudas.
- Según datos de 2021, a nivel internacional, compradores del aceite de palma del grupo Ocho Sur incluían Louis Dreyfus Company de los Países Bajos, el grupo Meiji y Nisshin Oillio de Japón, y Lasenor de España.
- En junio de 2021, Perú adoptó un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. El Plan se basa, entre otras fuentes, en las recomendaciones del Grupo de Trabajo luego de su visita a Perú en 2017 y tiene como propósito principal el de incorporar los Principios Rectores de la ONU en las políticas públicas del Perú.
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