Por José De Echave*
CooperAcción, 22 de septiembre, 2016.- Luego del acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y las FARC, se comienza a delinear la etapa del postconflicto en el vecino país del norte. Incluso antes de la realización del próximo plebiscito sobre el acuerdo de paz el 2 de octubre, el presidente Juan Manuel Santos ha comenzado a mostrar cómo se pretende preparar para esta nueva etapa, y ha señalado que ya existe una institucionalidad establecida e incluso financiamiento para el proceso posconflicto.
Pese a las diferencias, lo cierto es que en el Perú hemos recorrido un camino que guarda algunas similitudes. Luego del período de violencia interna que vivimos, hemos podido constatar lo complejo que son los escenarios posconflicto y lo difícil que es generar verdaderos procesos de pacificación y reconciliación. Además, entre muchos otros datos, la experiencia peruana muestra que en la medida que el conflicto generado por la guerra interna retrocedía en los territorios, los espacios que se dejaban terminaron siendo ocupados por otro tipo de tensiones y conflictividad creciente.
Por ejemplo, los datos de la Defensoría del Pueblo en el Perú muestran la evolución de la conflictividad social en el período del posconflicto interno. Esos datos evidencian que la conflictividad social en los últimos 20 años se ha caracterizado por la clara preponderancia de los denominados conflictos socioambientales.
Este tipo de conflictos, que con mayor precisión pueden ser denominados como ecoterritoriales(1), se han dado en muchos casos precisamente en varios de los territorios que antes habían sido ocupados por el conflicto armado. La expansión territorial de actividades extractivas, minería formal e informal y los hidrocarburos, es un dato clave para entender la creciente conflictividad social en el Perú en las dos últimas décadas: la ocupación creciente de territorios por esta actividad ha sido y sigue siendo fuente de fuertes tensiones.
No es que en Colombia el tema de las extractivas no haya estado presente, lo mismo que lo conflictos vinculados a este tipo de actividades. Allí están los casos de la Guajira y la mina El Cerrejón, el caso de los páramos Santander, la minería de oro en Chocó, entre varios otros. Sin embargo, también está claro que el impulso Plan de Desarrollo (PND) de Colombia apunta a sectores “locomotora” donde destacan claramente la minería y los hidrocarburos.
¿Qué dice el PND colombiano?: “El sector minero-energético representa la oportunidad que tenemos de aprovechar de manera responsable nuestra riqueza de recursos naturales para generar crecimiento sostenible y mayor equidad social, regional e inter-generacional. Las elevadas proyecciones de producción de petróleo y carbón para los próximos años, las estimaciones al alza de los precios internacionales de la canasta minero-energética y la creciente actividad de exploración en el territorio nacional, muestran claramente el papel crucial que tendrá este sector en la economía colombiana en los próximos años”.
Como los precios de la canasta minero-energética han caído y las inversiones globales en estos sectores vienen retrocediendo, tanto en Colombia como en Perú se ha optado por flexibilizar las regulaciones ambientales, sociales y tributarias. Mientras que en Perú se habla de la tramitología y se aprueban los denominados paquetazos ambientales, en Colombia se sigue la misma orientación con las denominadas licencias express y otros instrumentos.
Todo indica que los espacios que va a dejar el conflicto armado en Colombia terminarán siendo ocupados por una creciente conflictividad por la presencia de diversas formas de actividad extractiva: formal, informal, de pequeña, mediana y gran escala. La apuesta por la paz parece estar acompañada por la paralela apuesta por profundizar el modelo extractivista que, cómo ocurrió en el Perú, significa un mayor control de los territorios y sus recursos.
Si bien en este aspecto la experiencia peruana ha sido hasta el momento bastante más intensa que la colombiana, una renovada expansión de la minería en ese país encuentra no solamente territorios más densamente poblados sino también más organizados que en el Perú. Por lo tanto, al margen de las especificidades de cada realidad, lo cierto es que en los próximos años los conflictos ecoterritoriales seguirán estando fuertemente presentes en ambos países.
Nota:
(1) Hoetmer, Raphael (2013): “Minería y movimientos sociales y las disputas del futuro: claves de lectura y pistas de reflexión-acción” en “Minería y movimientos sociales en el Perú”. Lima.
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*José de Echave es economista y ex viceministro de Gestión Ambiental. Es subdirector de la asociación CooperAcción.
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