Imagen: Plataforma Contra el Arco Minero del Orinoco
Servindi, 23 de julio, 2016.- Con motivo del Día Mundial de Lucha contra la Megaminería, organizaciones civiles se manifestaron el viernes 22 de julio en la capital de Venezuela en rechazo al Arco Minero del Orinoco, iniciativa gubernamental para la actividad minera en la cuenca del referido río.
La convocatoria fue realizada por la Plataforma Contra el Arco Minero del Orinoco, que agrupa a organizaciones sociales, políticas y a activistas independientes opositores al referido plan minero —que entrega más de 12 por ciento del territorio nacional a 150 empresas internacionales— porque lo consideran desventajoso para Venezuela.
Afirman que profundizará “la condición rentista” de la economía venezolana, que es una actividad “sumamente contaminante” y que “violenta los derechos de las comunidades indígenas”.
Por ello convocaron a la población a un plantón en la sede del Ministerio de Finanzas donde entregaron un pronunciamiento al titular de la cartera, Rodolfo Medina, en el que explican su desacuerdo con la iniciativa extractivista en el Orinoco.
En él advierten que la minería ocasionará “la deforestación de grandes zonas boscosas y pulmones vegetales”, así como la contaminación y la desecación de cuencas hidrográficas vitales y la destrucción de “bienes comunes cada vez más escasos y de más difícil acceso por parte de la población venezolana”.
Señalan también que se removerán “extraordinarias cantidades de tierras vitales imposibles de regenerarse” y se envenenarán “700 millones de toneladas de material en 70 años”.
Del mismo modo indican que la minería causará “etnocidio, genocidio, desarraigo, violencia, corrupción, prostitución, alcoholismo, tráfico de drogas, violación de menores, paramilitarismo represión policial y militar” entre otros impactos y secuelas sociales.
En el documento enfatizan su preocupación por “la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa”.
Dicha empresa se dedicará “sin limitación alguna” de manera directa o indirecta a actividades mineras, petrolíferas o de gas, explicaron. La Plataforma considera que dicha entidad, lejos de defender el “interés general” en la zona, “tendrán un interés económico directo en las actividades mineras”.
El objetivo del Gobierno sería la “criminalización de las resistencias y luchas anti mineras, tal y como ocurre con las que están siendo llevadas a cabo por pueblos indígenas y campesinos, movimientos y organizaciones populares en todo el continente”, señalan en el comunicado.
Finalmente, la Plataforma Contra el Arco Minero del Orinoco demanda “un pronunciamiento claro, por parte del Ministro Rodolfo Medina del Río sobre todo lo contemplado en el Decreto” de creación del Arco Minero, “tomando en cuenta los argumentos aquí expuestos”.
Igualmente, exige que se hagan públicos los detalles del proyecto así como “las 150 empresas transnacionales con las que se pretende firmar acuerdos, y los avances y términos de dichos acuerdos”.
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