Presentan el Pacto Ecosocial, texto estratégico para enfrentar la crisis

La crisis desnudada por la pandemia ha potenciado las desigualdades y muestra que nuestro futuro está en juego, evidenciando los límites y el agotamiento de un modelo de producción y consumo insostenibles que agravan la pobreza y la vulnerabilidad ecológica expresadas en recurrentes desastres naturales como inundaciones, huaycos, incendios forestales, etc. Estas amenazas afectan a los ecosistemas, favoreciendo la expansión de virus y bacterias que aumentan el riesgo de nuevas pandemias.

La crisis climática está alcanzando un punto de inflexión y lo que hagamos hoy determinará nuestro futuro de manera inevitable. Solo nos quedan siete años para evitar que nuestro planeta inicie el colapso por la crisis climática y que la temperatura global no supere los 1.5°C. Para ello, los países del mundo deberán transformar su economía y reducir drásticamente sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

El Perú es uno de los diez países más afectados por los efectos del cambio climático. Si el calentamiento global se agrava y la deforestación de nuestra Amazonía y zonas altoandinas continúa, en 25 años tendremos solo 40% del agua disponible, desaparecerán los glaciares andinos impactando a poblaciones y ecosistemas de nuestras tres regiones naturales. Se requerirá producir transformaciones profundas, no solamente en lo económico sino, también, en el Estado desde una estructura de gestión descentralizada con enfoque de desarrollo territorial que gestione los recursos naturales de cara a nuestros pueblos.

En ese marco exigimos los siguientes compromisos:

1. Declarar al Perú en Emergencia Climática, reconociendo así la urgencia de incrementar radicalmente nuestras Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) al 2030 en materia de energía, transportes, industrias, protección de nuestros bosques y el agua, garantizando la seguridad y soberanía alimentaria. Necesitamos medidas urgentes para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones más expuestas a impactos actuales y futuros de la crisis climática.

2. Reorientar la reactivación económica con un enfoque de economía ecológica, social, solidaria y popular hacia una transformación socioecológica favoreciendo el desarrollo de economías descentralizadas sólidas y un empresariado local y regional que garantice derechos y agregue valor a la diversidad ecológica y cultural de sus territorios, creando cadenas de valor e incrementando la producción ecológica de bienes y servicios (turismo rural comunitario) para el consumo interno y la agroexportación.

3. Políticas redistributivas garantizadas a partir de una transformación tributaria integral que erradique impuestos regresivos y los reemplace por impuestos directos a las grandes empresas; políticas de fomento a las MYPES y a la agricultura para crear empleo sustentable y dinamizar la demanda y la producción local; así como el establecimiento de una Renta Básica Universal y no condicionada.

4. Garantizar la soberanía alimentaria basada en la propiedad social, colectiva y comunitaria de la tierra protegiendo de la especulación a quienes la cuidan: impulsando sistemas alimentarios urbano-rurales sustentables libres de agrotóxicos y con justicia social, en base a la producción familiar agroecológica. Reorientando la industria pesquera hacia la seguridad alimentaria y nutricional, apoyando la agricultura familiar, la pesca artesanal y la acuicultura, impulsando mercados locales campesinos y pesqueros, así como redes de distribución de semillas de libre circulación. Promover un Programa Nacional de educación para la soberanía alimentaria y nutricional; la reestructuración del sistema de evaluación y fiscalización en materia agroalimentaria; la creación de Comités de Bioética idóneos que apliquen el principio precautorio; y garantizar la adecuada implementación de la Ley de moratoria de la liberación de semillas transgénicas al 2035, incluida la edición genética y el etiquetado de productos con insumos transgénicos.

5. Fortalecer ollas comunes, comedores populares y la alimentación en centros educativos a todo nivel con productos locales y regionales, adaptados a una alimentación saludable y culturalmente adecuada, en el marco de la “Ley de Compras Estatales de alimentos de origen en la Agricultura Familiar”.

6. Implementar un Sistema Nacional Público de Cuidados destinado a atender las necesidades de personas vulnerables (adultos mayores en situación de dependencia, personas con discapacidad severa, niños y niñas, y demás individuos que no puedan atender sus necesidades básicas). Enfatizar, visibilizar y fortalecer las experiencias territoriales de cuidado, alimentación y salud desde organizaciones sociales de base que respeten los saberes locales. Adaptar los servicios públicos a las formas de organización territorial autónomas.

7. Reconocer los derechos de la Naturaleza en la Constitución política del Perú. La Madre Naturaleza, los ecosistemas y las especies como entes vivos son titulares de derechos y sujetos de protección del Estado; frenando la privatización y mercantilización de los sistemas de vida y sus componentes naturales, y proscribiendo el aprovechamiento que ponga en riesgo su subsistencia y la del planeta.

8. Fomentar Ciudades para la Vida, que cuenten con viviendas localizadas en suelo seguro, amplias, completas y con materiales limpios; barrios con más aceras, vías peatonales y ciclovías, que reducen viajes en transporte privado o público y por ende, la congestión y el tráfico. Ofrecer suficientes espacios abiertos, áreas verdes y recreativas, que protejan el patrimonio cultural, el paisaje y ecosistemas urbanos desde una planificación participativa, intergeneracional e inclusiva de las ciudades, prohibiendo el cambio de uso de suelo y el tráfico de terrenos en áreas agrícolas y de ecosistemas frágiles. Impulsar una red de microcentralidades que fomenten nuevas formas de comercio vecinal y virtual, que favorezcan el empleo local; con industrias y logística descentralizada que no degrade el ambiente. Brindar incentivos económicos para proyectos de construcción sustentable y EcoAldeas.

9. Garantizar el derecho al agua segura, con una gestión integrada y sustentable. Distribuirla de manera equitativa, protegiendo los ecosistemas naturales y las fuentes hídricas en su cantidad y calidad mejorando los servicios ecosistémicos. Sancionar la contaminación y promover su ahorro y uso ecoeficiente, priorizando el tratamiento, reciclaje y reuso del agua; reduciendo la huella hídrica en la producción y en los servicios.

• Garantizar la gobernanza hídrica mediante los Consejos democráticos y participativos de Cuenca implementando la Ley de Protección de Cabeceras de Cuenca que delimitan zonas intangibles incompatibles con actividades extractivas.
• Destinar fondos suficientes para implementar un Plan Nacional de Remediación y Recuperación de Áreas Degradadas por pasivos ambientales en minería e hidrocarburos. Implementar un Programa de Siembra y Cosecha de Agua.

10. Transformación Energética Justa al 2030, con una política energética basada en un Sistema de Planificación e Información Energética enfocada en reemplazar progresivamente la matriz basada en combustibles fósiles por energías renovables, vetando así el Fracking (boleo) y la explotación de yacimientos de Uranio. Garantizar la soberanía y el acceso equitativo a la energía a nuestros pueblos; y mejorar la fiscalización y gobernanza energética.

11. Política de protección integral para los y las defensoras ambientales, el Estado debe generar los mecanismos y normativas, y garantizar los recursos necesarios, para proteger la vida y la labor de las personas defensoras del medio ambiente que vienen siendo hostigadas, violentadas y asesinadas por las fuerzas del orden, mediante el uso abusivo de la fuerza policial, en contextos de conflictos sociales, y por grupos criminales vinculados a la minería ilegal, tala ilegal, narcotráfico y tráfico de tierras. Asimismo, debe generar mecanismos de no repetición (reforma policial, entre otros), reparación y justicia para los y las defensores/as y sus familias afectadas en conflictos pasados.

12. Ratificar el Acuerdo de Escazú, instrumento que obliga a incorporar políticas públicas para los derechos de acceso a la información, participación pública, acceso a la justicia en asuntos ambientales y la protección de los defensores ambientales, el cual contribuirá a eliminar barreras entre los distintos grupos socioculturales y permitirá su articulación para la movilización e involucramiento en la acción climática.

13. Descentralizar la educación y adoptar un enfoque intercultural, territorial, ambiental y con equidad de género que permita a los y las estudiantes tener las competencias adecuadas al potencial local, de acuerdo a las cosmovisiones y lenguas propias. Promover la educación técnica superior, garantizar la atención educativa en las poblaciones rurales, generar oportunidades de acceso a la educación para niñas, generar espacios de conocimiento y eliminar la brecha digital.

14. Recuperar y fortalecer espacios de información y comunicación desde la sociedad actualmente monopolizados por corporaciones dueñas de medios de comunicación y redes sociales, para recuperar los sentidos histórico-culturales de convivencia, desde medios ciudadanos, la calle, las plazas y los espacios comunitarios y barriales combatiendo la desinformación. Informar con claridad la situación social, política y ambiental del país y del mundo, y los procesos de solución en curso desde un enfoque científico desde, para y con nuestros pueblos.

15. Reconocimiento de la autodeterminación de nuestros pueblos originarios en el marco de la gestión pública, articulando los planes de vida comunales con la planificación pública desde un enfoque de territorio integral. Desmilitarizar los territorios indígenas. Completar los procesos de reconocimiento de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) y la categorización de reservas indígenas y la gestión pública transectorial. Implementar adecuadamente la Ley de Consulta Previa.

16. Reforma institucional integral descentralizada y articulada a la planificación del desarrollo local y regional y a la política de ordenamiento territorial desde espacios de gobernanza multiactor y multinivel basada en el principio de subsidiariedad, que vincule a los sectores del Estado a fin de lograr un trabajo colaborativo, articulado y eficaz. Definir instrumentos normativos para la gestión del territorio, como la Ley de ordenamiento territorial, que relacionen la estructura institucional con los instrumentos de planificación y de gestión de conflictos y del desarrollo territorial creando un organismo técnico especializado en información y evaluación de los recursos naturales.

Organizaciones parte de la Alianza Ecosocial que impulsan:

- Viernes por el futuro Perú.
- FENMUCARINAP.
- Día Cero Perú.
- SOA Perú.
- Iniciativa Cuencas Sagradas.
- Derecho Ambiente y Recursos Naturales - DAR.
- Cooperacción.
- Instituto Natura.
- AIDESEP.
- Confederación Nacional Agraria - CNA.
- Tierra Activa Perú.
- Alsakuy Agroecológica.
- Jóvenes Peruanos frente al Cambio Climático - JPCC.
- Iniciativa Interreligiosa para los bosques tropicales - IRI Perú.
- Movimiento Católico por el Clima - MCC.
- Red Peruana de Juventudes y Biodiversidad.
- Servindi.
- Centro de Estudios Humanistas Nueva Civilización.
- Foro Ciudades para la Vida.
- Red de Agricultura Ecológica.
- Consorcio Agroecológico Peruano.
- Maqay.
- Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático.
- Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas sobre pueblos indígenas de la CNDDHH.
- Red Muqui.
- Econcientizate