Servindi, 7 de abril, 2017.- El miércoles 5 de abril el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS) presentó una publicación que recoge lo más valioso de sus diez años de experiencia en litigio estratégico.
El evento se desarrolló en el Congreso de la República y contó con el auspicio de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuano, Ambiente y Ecología que preside la congresista Maria Elena Foronda.
El libro tuvo una muy buena acogida y fue saludado por líderes de organizaciones indígenas como Ketty Marcelo, presidenta de la ONAMIAP y Antolín Huáscar de la Confederación Nacional Agraria (CNA). Asimismo, por reputadas instituciones como la asociación DAR presidida por Vanessa Cueto.
El texto posee la virtud de compartir ideas guías sobre el litigio esratégico ambiental e indígena a través de un lenguaje no técnico, destinado a su difusión, y empoderamiento; y en este sentido adquiere un carácter testimonial.
Si bien parte de casos peruanos está enriquecido y contextualizado al lado de casos exitosos regionales, y persigue el claro propósito de contribuir a la conciencia colectiva del litigio estratégico en la región.
¿Cómo adquirir el libro?
La entrega del libro tiene un costo de 36 soles en el ámbito de la capital y de 40 soles para el resto del país y que incluye su envío al destinatario.
Las personas e instituciones interesadas deben efectuar el depósito respectivo a la cuenta: 0011-0368-0200180226-89 con Código de cuenta interbancaria (CCI) 011-368-00
En esta ocasión compartimos los principios que guían a dicha institución en materia de litigio estratégico así como la presentación del libro::
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Principios del Litigio Estratégico en defensa del Ambiente y los Pueblos Indígenas del IDLADSEl Equipo Legal del IDLADS PERÚ, se adhiere a los siguientes principios: 1) Desarrollamos un Litigio Estratégico en defensa de los Derechos Humanos, la Supremacía de la Constitución, y los Tratados de Derechos Humanos. 2) Ejercemos un Litigio Estratégico para el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental e indígena, y la protección de intereses difusos y colectivos de la sociedad. 3) Practicamos un Litigio Estratégico con las poblaciones gravemente afectadas en su Derecho a un Ambiente Sano y Equilibrado, o a la Identidad Étnica y Cultural en alianza con otras organizaciones no gubernamentales. 4) Priorizamos el desarrollo de un Litigio Estratégico partiendo de una norma inconstitucional o de un caso representativo de un patrón de violaciones al derecho a un ambiente sano y equilibrado, a la identidad étnica y cultural, e intereses difusos y colectivos de la sociedad. 5) Optamos por la defensa de las competencias de organismos públicos fiscalizadores de actividades cuyo desarrollo puedan poner en riesgo el derecho a un ambiente sano y equilibrado, el derecho a la identidad étnica y cultural, o intereses difusos o colectivos de la sociedad. Lima, 20 de enero del 2006 Equipo legal IDLADS PERÚ Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible |
Litigio estratégico ambiental e indígena en Sudamérica
Presentación
El Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú, IDLADS PERÚ, nace un 20 de enero del 2006, con el objeto de defender legalmente al ambiente y los pueblos indígenas, y para ello practica el litigio estratégico en pos de mejores evaluaciones y fiscalizaciones ambientales, información ambiental e indígena, vigilancia ambiental y la consulta previa como mecanismos de rendición de cuentas en la administración y repartición de los beneficios de los recursos naturales, además de mayor inclusión social a las poblaciones locales afectadas, nuestros pueblos indígenas en el Perú y en la Región Sudamericana.
Hemos interpuesto un centenar de acciones legales, desde entonces contando con un equipo legal muy joven entre los 20 a 40 años, integrado mayoritariamente por abogadas, entre nuestras labores, incluso se ha defendido a entidades de fiscalización ambiental del Estado, cuando un sector empresarial promovía su debilitamiento y desaparición. Sentimos sincera necesidad de compartir estas experiencias exitosas, lecciones aprendidas, también caídas y nuestras estrategias legales para que sean replicadas en otros países de la región, con el objetivo de perfeccionar la defensa de un bien ambiental o un pueblo indígena a nivel regional.
¿Y qué es el litigio estratégico ambiental e indígena para el IDLADS PERÚ, que desde hace más de una década lo practica? Es una de las herramientas jurídicas más poderosas y revolucionarias que nos ha legado el Estado de Derecho Constitucional, que permite ejercer un control y presión, para el cumplimiento de las salvaguardas socio ambientales de parte del Estado y empresarios, tanto en lo normativo como lo institucional, que permite abrir un espacio para empoderar y visibilizar a las poblaciones vulnerables y luego promover el dialogo social y político entre el Estado, la colectividad afectada y el infractor, visibilizando a los actores sociales más débiles y relevando los intereses socio ambientales, a quienes de otra forma les hubiera sido muy inaccesible o simplemente no hubieran tenido un puente para hacer llegar sus voces y propuestas. Incluso perdiendo un caso judicial, se ha ganado en el campo social y político. En el litigio estratégico lo más importante no es la teoría del caso, o la performance procesal, sino que el proceso sirva de soporte para abrir espacios de dialogo y superar obstáculos que tengan a bien implementar políticas públicas y efectivizar derechos constitucionales vulnerados, pudiendo asociarse directa o indirectamente a la problemática socio ambiental, que puedan estar o no, contenidas en las pretensiones de la demanda, pero como consecuencia de tratar la misma, finalmente se incluyan en la agenda de los actores involucrados.
¿Por qué publicar un libro de litigio estratégico ambiental e indígena justo ahora? Pues porque a nivel regional, hay que reconocerlo, ha sido enormemente debilitado como se aprecia en países como Ecuador y Bolivia donde casi ha desaparecido debido a la estructura legal construida por los gobiernos de turno, o ha sufrido colosales reveses nunca antes vistos, como en Brasil, en el caso de la Represa de Belo Monte que pesar de haber obtenido sentencias de justicia interna, e internacional, incluyendo una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no pudieron evitar que el proyecto continúe con altos impactos socio ambientales, lo que descubrió a su litigio estratégico como un indicador del estado de su democracia. En dicho contexto, resulta necesario fortalecer a nivel regional este instrumento de defensa de salvaguardas socio ambientales y socializar estrategias exitosas, y revivir a pesar de la adversidad de los últimos años, el interés por el mismo.
Nicaragua, Argentina, Colombia y Perú, todavía ofrecen ejemplos de litigio estratégico con relativo éxito a pesar de la oposición de los gobiernos a estas acciones legales, por lo que se requiere ir más allá de las acciones legales nacionales y empezar a articular acciones legales de manera transfronteriza, para lograr levantar los estándares socio ambientales regionales, no solo de manera aislada, por países, debemos entender que la sostenibilidad solo se conseguirá bajo una visión total de los ecosistemas y no fragmentada por fronteras y ordenamientos jurídicos ambientales diferenciados.
Así, se hace necesario difundir las ideas guías del litigio estratégico ambiental e indígena, razón por la que este libro, lo hará partiendo del caso peruano, y la experiencia del IDLADS PERÚ, siendo este un libro estrictamente testimonial, que da cuenta del legado que se ha hecho a esta disciplina, y que además, será contextualizado al lado de casos exitosos regionales, a través de un lenguaje no técnico, destinado a su difusión, y empoderamiento de este mecanismo, cuya presentación sea el inicio de conciencia colectiva del litigio estratégico en la región. Sin duda, el solo hecho de poner en debate el presente manifiesto, será ya el punto de arranque para promover la conciencia de consolidar un litigio estratégico regional sistémico, y no solo por casos puntuales, que vaya mucho más de lo nacional a lo regional, especialmente en los casos de proyectos multinacionales como hidroeléctricas e hidrovías.
En ese contexto, surge este libro, que busca determinar cómo desde el propio ordenamiento jurídico, se puede mejorar las salvaguardas socio ambientales, utilizando el proceso judicial como instrumento para implementar políticas públicas, así como efectivizar derechos humanos, y con ello, podamos articular esfuerzos para dar solución a fallos estructurales del sistema, en asuntos tales como la Evaluación de Impacto Ambiental, la Fiscalización Ambiental, el acceso a la información ambiental e indígena o el cumplimiento del derecho a la consulta previa, que son claves en la resolución de conflictos socio ambientales presentes y futuros, y para el desarrollo de la propia democracia.
Entonces, el presente libro pretende absolver las siguientes interrogantes: ¿Cómo se puede utilizar al proceso judicial como instrumento para implementar el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental, y el Sistema Nacional de Información Ambiental en el marco de un Estado Constitucional y Democrático? ¿Cómo se puede manejar al proceso constitucional como instrumento para implementar y efectivizar el derecho a la consulta previa y otros derechos indígenas? ¿Cómo podemos proteger a poblaciones indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial mediante un proceso constitucional? ¿Cómo podemos garantizar mediante un proceso constitucional una institucionalidad ambiental e indígena fuerte, objetiva e independiente en resguardo de derechos ambientales e indígenas? o ¿Cómo apoyar mediante un proceso constitucional a entidades fiscalizadoras claves para la protección del ambiente, como lo es en el Perú, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para que no sea convertido en una entidad estatal solo decorativa?
En otras palabras, antes de buscar la demolición de un sistema jurídico ambiental ilegítimo e injusto, nos concentramos en encontrar sus válvulas de escape, e instrumentos propios del mismo, que lo transformen desde sus entrañas y le den funcionalidad, sin desconocer per se, el sistema jurídico vigente, sino modificándolo con sus propias reglas. Ahora bien, ello no debe mellar la posibilidad del ejercicio del derecho de protesta, la incidencia política, o la presentación de iniciativas legislativas, y otras estrategias para superar deficiencias de un ordenamiento jurídico válidas y loables.
Advirtamos así, que el presente texto se centrará en lo que nos toca a los abogados, esto es cómo desde la justicia constitucional ambiental podemos perfeccionar la estructura del Estado para proteger derechos ambientales e indígenas, especialmente cuando “en todos los procesos constitucionales subyace siempre la defensa del orden público constitucional” (STC No 005-2005-CC). Dicho ello, debemos recordar que esto implicará muchas veces, no necesariamente buscar cambios estructurales sino el mero cumplimiento de normas ambientales o indígenas, lo que a su vez mejorará el desempeño de la gestión ambiental en sus distintos niveles, y la percepción de justicia y equidad que brinda la administración pública. En buena cuenta, la justicia ambiental constituye el cumplimiento de normas que protegen los derechos constitucionales ambientales e indígenas, y que garantizan la vitalidad de un auténtico Estado Constitucional y Democrático, así más allá de la Constitución formal, queremos efectivizar una Constitución real que controle el poder sociopolítico, desmedido y arbitrario en una sociedad moderna, que garantice la justicia constitucional en sus múltiples variantes, en nuestro caso, la ambiental e indígena.
También el propósito de este texto es revelar cómo el litigio estratégico ambiental e indígena, puede darnos excelentes resultados en la búsqueda de implementar políticas públicas, derechos humanos y garantizar la existencia de un Estado Constitucional y Democrático, que implica explotar al máximo los instrumentos legales que nos proporciona el sistema jurídico para superar las propias deficiencias del sistema, otra vez, jugar con las reglas establecidas, pero buscando resultados distintos a los que de ordinario se espera de su utilización. Intentando explicarnos mejor, sería como encontrar que un proceso penal no estaría encaminado a la inexorable condena de un contaminador ambiental, sino a recabar pruebas, o que un proceso constitucional no está dirigido a obtener un pronunciamiento favorable sobre un caso individual, sino un pronunciamiento que se transforme en precedente vinculante, beneficiando a una colectividad en una especie de efecto dominó. Incluso la declaración de improcedencia de una demanda, no significaría una derrota, si se consiguió que un máximo tribunal se pronuncie y reflexione sobre un tema de fondo, sentando su posición en los considerandos del fallo, para que luego con los conceptos vertidos en el mismo, se inicien nuevas expansiones de derechos ambientales e indígenas, con el camino más limpio, y con una ventaja: existiendo ya certeza y claridad sobre conceptos fundamentales.
Dicho de otra manera, queremos mostrarles que cuando se “pierde” un caso judicial, no siempre se pierde, sino todo lo contrario, y lo diremos con ironía, “cuando se pierde, también se gana”; y más, si el proceso era parte de una estrategia mayor bien articulada, que buscaba un objetivo distinto, como por ejemplo generar jurisprudencia doctrinal, esto es, el desarrollo de conceptos fundamentales en un Estado Constitucional que viabilice la concreción de un derecho constitucional. En otros casos, habrá sido un instrumento para recabar medios probatorios u obtener la posición del sector demandado que de otra forma hubiera sido imposible obtener, y en otros contextos, también servirá de plataforma para catapultar propuestas legales para el mejoramiento del ordenamiento jurídico, mostrando en carne viva la injusticia a través de una resolución judicial, pero reñida con la justicia y la Constitución, y ese es justamente el asunto de la última parte de este libro, relatar nuestra experiencia legal sobre el caso de la contaminación sonora generada por la actividad aeroportuaria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, procurando hacer docencia al respecto.
Ciertamente, nosotros entendemos por proceso constitucional, siguiendo al profesor argentino Néstor Sagüés, a aquel encargado de velar –en forma inmediata y directa– por el respeto del principio de supremacía constitucional o por la salvaguarda de los derechos constitucionales, y cuyo conocimiento puede corresponder a un Tribunal Constitucional o al Poder Judicial.(1) En ese contexto, el propósito de este libro, es tomar conciencia sobre ¿Qué nos estamos jugando en los procesos constitucionales a cargo del IDLADS? Y la respuesta es en el fondo, el perfeccionamiento del Ordenamiento Jurídico Constitucional Ambiental e Indígena, y de paso, una llamada de atención a la ciudadanía y la comunidad jurídica para que se conviertan en los mejores vigilantes de que la resolución de estos procesos constitucionales sea con justicia y sin presiones políticas, y que los jueces puedan ejercer con independencia y objetividad sus labores de administradores de justicia.
Nunca debemos olvidar, por muy fuerte y punzante que sean los poderes fácticos, que vivimos en un Estado Constitucional Democrático, y por lo tanto debemos hacer respetar el cumplimiento de la Constitución, los Tratados, las leyes, y los derechos constitucionales de todos los peruanos, sin discriminación, superando el mero desarrollo económico y el ciego cumplimiento de la legalidad, que no puede estar reñido con el desarrollo sostenible y la naturaleza plurinacional de nuestro país.
Lima, 01 de febrero de 2017
Equipo Legal IDLADS PERÚ
Nota:
(1) PEYRANO, Jorge. La medida autosatisfactiva: forma diferenciada de tutela que constituye una expresión privilegiada del proceso urgente, génesis y evolución. Buenos Aires, Rubinzal – Culzoni Editores, 2002, p. 94.
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