Expertos ONU llaman a poner fin a la violencia durante manifestaciones

Expertos de la ONU llaman a poner fin a la violencia durante las manifestaciones, instan a respetar los derechos humanos

Servindi, 6 de marzo, 2023.- Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron su profunda preocupación por las continuas denuncias de represión, asesinatos arbitrarios, arrestos, detenciones y desapariciones forzadas de manifestantes en Perú.

Mediante un comunicado difundido el lunes 6 de marzo instaron a las autoridades a establecer un diálogo genuino con la gente para poner fin a la crisis política del país. 

“Las graves denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y la incapacidad del Gobierno para crear un entorno propicio para el diálogo son motivo de gran preocupación”, dijeron los expertos.
 

El 7 de diciembre de 2022, el Congreso peruano votó la destitución del entonces presidente Pedro Castillo, luego de que fuera acusado de haber intentado disolver el Congreso. 

El señor Castillo fue detenido esa misma tarde y permanece en prisión preventiva por los delitos de rebelión y concierto para delinquir. 

Fue reemplazado por la señora Dina Boluarte, anterior vicepresidenta, quien asumió como presidenta del Perú, de conformidad con la Constitución.

Las protestas estallaron en todo el país para exigir el cierre del Congreso, la organización de elecciones generales, la reforma constitucional y la liberación del Sr. Castillo. 

En reacción a las protestas, el Gobierno declaró el estado de emergencia por un mes que ha sido renovado dos veces. No se han programado nuevas elecciones generales y no se han atendido las demandas de reforma constitucional.

“En cualquier sociedad democrática, las personas tienen derecho a protestar y expresar sus preocupaciones sobre los cambios políticos que afectan sus vidas y medios de subsistencia” dijeron los expertos de la ONU.

Crisis de credibilidad

La democracia peruana enfrenta una crisis de credibilidad que solo puede ser resuelta a través de un diálogo genuino, involucrando a la población y tomando en cuenta sus aspiraciones de reforma”, enfatizaron.

Según el último informe publicado por la Defensoría del Pueblo, desde que comenzaron las protestas en diciembre de 2022, 48 manifestantes y un agente del orden han muerto, mientras que 1301 personas han resultado heridas. 

Cientos han sido arrestados. Se han recibido denuncias de al menos un caso de desaparición forzada de manifestantes.

Los expertos explicaron que una detención inicialmente legal puede conducir a una desaparición forzada si las autoridades detenedoras no reconocen que una persona está detenida o no brindan información sobre su destino o paradero, independientemente de la duración de la privación de libertad o el ocultamiento de información. 

“Es importante brindar información a las víctimas y sus familiares sobre los avances en las investigaciones”, dijeron.

Afectación a periodistas

Los expertos expresaron su preocupación por los informes de violencia contra periodistas y trabajadores de los medios que cubren las protestas, incluidos los ataques deliberados por parte de las fuerzas policiales.

Instaron al Gobierno a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que los periodistas que cubren los eventos puedan operar de manera segura.

Los expertos reiteraron la obligación del Estado de realizar investigaciones exhaustivas, prontas, efectivas, imparciales e independientes sobre las presuntas violaciones de derechos humanos. 

Asimismo, recordaron que se debe garantizar la rendición de cuentas por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas.

Los expertos destacaron el importante papel que juega la Defensoría del Pueblo en el seguimiento y recolección de evidencias de violaciones y llamaron a las autoridades a apoyar a la institución, garantizar su independencia y velar por la seguridad de su personal.

Los expertos llamaron al Estado a recordar que el uso de la fuerza, especialmente la fuerza armada letal, debe responder a los principios fundamentales de legalidad, necesidad y proporcionalidad. 

Cualquier pérdida de la vida resultante del uso excesivo de la fuerza sin el estricto cumplimiento de estos principios es una privación arbitraria de la vida y por lo tanto ilegal. 

Las presuntas muertes ilícitas deben investigarse de conformidad con la versión revisada del Manual de las Naciones Unidas sobre la prevención e investigación eficaces de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias (Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas, 2016) .

“Si bien el Estado debe garantizar la rendición de cuentas por los actos de violencia denunciados cometidos por algunos manifestantes, se debe hacer una distinción entre quienes ejercen su derecho a la libertad de reunión pacífica y quienes cometen actos de violencia en el contexto de las manifestaciones”, dijeron los expertos. .

Estigmatización

Los expertos expresaron su preocupación por la estigmatización de las personas que ejercen su derecho a la libertad de reunión pacífica como terroristas, y el consiguiente procesamiento judicial de las personas por cargos relacionados con el terrorismo. 

Dijeron que la represión había afectado de manera desproporcionada a defensores de derechos humanos, pueblos indígenas y comunidades campesinas. Los expertos reiteraron la obligación del Estado de garantizar que las personas que ejerzan su derecho a la libertad de reunión pacífica no sean objeto de intimidaciones y represalias.

Los expertos pidieron una solución política rápida, teniendo en cuenta la necesidad de rendición de cuentas y el cese de la violencia y la represión en el contexto de las protestas.

Los expertos en derechos humanos también han planteado sus preocupaciones al Gobierno en una comunicación .

Los procedimientos especiales

Los Relatores Especiales y los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. 

Procedimientos Especiales, el organismo más grande de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. 

Los expertos en Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.

Te puede interesar:

Gobierno de Perú en la mira de los procedimientos especiales de la ONU